Las autoridades de Costa Rica han anunciado 10 políticas para ayudar al país a enfrentar su creciente crisis de seguridad, pero las reformas no abordan las carencias presupuestarias ni las causas subyacentes de la criminalidad.

Los dirigentes de los tres poderes del gobierno de Costa Rica se reunieron el 30 de enero para determinar la hoja de ruta. Si se aprueban, las medidas incluirán aumentar las penas de prisión, ampliar del ámbito de acción de los fiscales para presentar cargos contra menores y otorgar a las autoridades nuevos poderes para revocar la ciudadanía a los ciudadanos naturalizados condenados por delitos relacionados con drogas.

VEA TAMBIÉN: Cocaína y marihuana detonan histórica tasa de homicidios en Costa Rica

El anuncio de las nuevas medidas se produjo pocos días después de una serie de asesinatos en Limón, ciudad portuaria y foco del narcotráfico, que dejó 14 muertos, entre ellos un agente de policía.

Las tasas récord de homicidios han puesto bajo la lupa la situación de la seguridad en Costa Rica. En 2023, la tasa de homicidios alcanzó los 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, un 38% más que en 2022. Las autoridades afirman que el aumento se debe a los enfrentamientos entre bandas que luchan por el control de las rutas del narcotráfico.

Los costarricenses nombraron «la inseguridad y la delincuencia» como la principal preocupación en una encuesta realizada en noviembre por el Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP). De los encuestados, el 69% dijo tener «poca» o «ninguna confianza» en la capacidad del gobierno para hacer frente a la criminalidad.

«[Costa Rica] nunca vivió ese estado de violencia que está viviendo hoy en día», dijo a InSight Crime Manuel Garro Chacón, fundador de la policía municipal del país.

Análisis de InSight Crime

Las últimas propuestas, dirigidas principalmente a aumentar las penas para los criminales, no abordan la crisis presupuestaria que afecta a las instituciones de seguridad ni los problemas socioeconómicos que subyacen al crimen en Costa Rica.

En entrevista con InSight Crime, Karen Jiménez Morales, directora de ciencias policiales de la Universidad Estatal de Educación a Distancia, dijo que la solución a la crisis no debe ser «solo maximizar las penas».

«Tenemos una policía que está haciendo lo humanamente posible con sus recursos. Pero, por otro lado, tenemos una enorme debilidad en política pública, y en la debida inversión», añadió.

VEA TAMBIÉN: Homicidios se disparan en Costa Rica sin coordinación entre fuerzas de seguridad

El Gobierno intensificó por primera vez su respuesta a la crisis de seguridad en abril de 2023 con el lanzamiento del plan Costa Rica Segura, que preveía 700 nuevos policías y una inversión de 600 millones de colones (US $1,2 millones) en nuevos coches patrulla. Poco después, el presidente Rodrigo Chaves contrató a Mario Zamora, un exministro de mano dura contra la criminalidad, para que volviera a su puesto de ministro de seguridad.

Pero a los tres meses del mandato de Zamora, los recortes en el presupuesto general de la policía dejaron a la institución en apuros para adquirir incluso el equipamiento básico, incluidas botas y uniformes. De 900 vehículos patrulla, 200 no funcionaban para agosto de 2023, según un reporte de El País.

Aunque Garro Chacón espera que el Congreso apruebe las nuevas medidas, dijo que el paquete se queda corto en cuanto a la tan necesaria reforma estratégica.

«No podemos seguir poniendo parches», dijo.

La falta de fondos para las fuerzas policiales también ha creado un entorno propicio para la corrupción institucional, un problema que ha aumentado con la expansión del narcotráfico en el país.

Garro Chacón dijo a InSight Crime que los sueldos de los agentes de policía comienzan en unos US$ 600 al mes.

«Si luego viene un narcotraficante y te dice: te doy US$ 2.000 dólares al mes, si me pasas información… Ahí estamos mal», añadió.

La crisis presupuestaria también ha afectado a otras áreas del gobierno, que según los analistas también contribuyen al aumento de la criminalidad. Más de 21.000 estudiantes abandonaron los estudios el año pasado, según datos del Ministerio de Educación, y el desempleo juvenil se situó en 31,9% en 2022, según el Banco Mundial.

«Esta es la realidad de muchísimos jóvenes que ahora vemos en los vídeos de sicariatos. Vemos personas muy jóvenes cometiendo estos actos», dijo Jiménez Morales. Lo que el país realmente necesita para reducir los niveles de violencia, dijo, son medidas preventivas para abordar la adicción a las drogas y el desempleo, y la inversión en educación.