El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su fiscal general, Jeff Sessions, se embarcaron esta semana en una ofensiva retórica contra la pandilla centroamericana MS13, una de las más violentas de las que existen en la región. La ofensiva verbal de ambos funcionarios y sus afirmaciones respecto a los orígenes de la pandilla y las causas de su evolución son, en su mayoría, falsas o confusas.

La ofensiva incluye tuits del presidente y comentarios oficiales hechos por el fiscal frente a otros funcionarios judiciales, así como comentarios en la prensa, que comparan a la pandilla con grupos criminales muchos más sofisticados y desarrollados, como los carteles de la droga en México y Colombia.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió el martes 18 de abril que “las débiles políticas migratorias de [Barack] Obama”  permitieron la formación de la Mara Salvatrucha (MS13) en varias ciudades de Estados Unidos.

The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017

El actual presidente ha dicho, además, que su administración está expulsando pandilleros como nunca antes.

Luego, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el presidente dijo que las pandillas están formadas por “inmigrantes ilegales que están aquí para provocar crímenes tremendos, que han asesinado gente, violado gente; cosas horribles han pasado. Los estamos sacando o los estamos mandando a prisión”.

El mismo día que Trump hizo estos comentarios, Sessions habló en términos similares en un discurso pronunciado ante un grupo élite de oficiales federales, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF, por sus iniciales en inglés), y en otra entrevista televisiva

El fiscal general, además, acusó a las llamadas ciudades santuario, cuyas policías locales se niegan a colaborar con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en la persecución de indocumentados, de ser parte del problema al facilitar la expansión de la MS13.

Como lo prometió en su campaña, al ser elegido Trump amenazó a estas ciudades con quitarles fondos federales si no renunciaban a su política de no colaborar con ICE. Pocas de las más de 100 ciudades santuario, entre ellas Miami, han renunciado a su calidad de santuario; otras con importantes comunidades migrantes, como San Francisco, Hyattsville en Maryland, o Houston y Los Angeles han desafiado a Trump.

Finalmente, fue el general John Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus iniciales en inglés), quien habló sobre la MS13 en un evento público en la Universidad George Washington de la capital estadounidense.

“No respetan las leyes, no tienen conciencia o respeto por la vida humano. Toman la forma de carteles de la droga o de pandillas como la MS13, comparten sus negocios y sus prácticas violenta”, dijo Kelly.

Cada uno de estos comentarios tiene sus problemas y, como mínimo, distorsionan la realidad y las visiones sobre cómo lidiar con este tema, por demás complejo. Para intentar navegar en este pantano, InSight Crime enumera 7 aspectos retomados de las declaraciones de sus funcionarios en las que la administración Trump se equivoca casi por completo:

1. Las políticas migratorias de Barack Obama permitieron la expansión de la MS13 en Estados Unidos

Trump culpa a Obama. Quizá hubiese sido más preciso culpar a Ronald Reagan. Las pandillas MS13 y la Barrio 18 se formaron en los años ochenta en Los Ángeles; las formaban, en principio, jóvenes indocumentados que llegaron a California huyendo de la guerra civil en El Salvador y que se identificaban con música rock y participaban en transacciones menores de drogas. Algunos de ellos tenían experiencia militar o guerrillera.

Muy pronto, como lo describe el periódico salvadoreño El Faro en un amplio reportaje sobre los orígenes de la MS13, esta pandilla construyó una ideología de la violencia basada en su identificación y enemistad frente a grupos similares, sobre todo el Barrio 18.

Las pandillas migraron a la Costa Este de Estados Unidos a finales de los noventa, en el marco de olas migratorias de las comunidades latinas por razones económicas. La MS13 llamó la atención del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus iniciales en inglés) a principios de 2000.

Incluso la “hoja de datos” que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus iniciales en inglés) actualizó el 18 de abril para acompañar las declaraciones de Sessions establece claramente que el nacimiento y expansión de la MS13 ocurrió antes de 2009. “La MS[13]… ha estado funcionado al menos desde los 80”, se lee. 

Fue en 2004, durante la administración de George W. Bush, que el FBI creó una unidad especial para investigar y perseguir a la MS13, después de que miembros de la pandilla participaran en homicidios caracterizados por su crueldad.

En 2006, Brian Tuchon, entonces jefe de la unidad especial del FBI, dijo a La Prensa Gráfica de El Salvador que la pandilla se había extendido por 42 estados de Estados Unidos y que empezaban a participar en algunos negocios de tráfico de droga, en esencia como distribuidores locales. Desde entonces hasta hoy, el FBI y el Departamento de Estado han dicho que las pandillas no ocupan un lugar importante en la cadena del narcotráfico regional.

La expansión de la MS13 por varias ciudades de Estados Unidos es un fenómeno directamente relacionado con la evolución y migración de las comunidades centroamericanas en el país y, sí, con políticas de deportación masiva iniciadas al final de la administración de Bill Clinton y profundizadas durante los dos cuatrienios del republicano George W. Bush.

2. La fuerza pública estadounidense no ha hecho nada contra la MS13

“Es un problema serio, y nunca hicimos nada para detenerlo, y ahora estamos haciendo algo al respecto”, dijo Trump en entrevista con Fox News transmitida el martes 18 de abril.

Esto es falso. Además de múltiples operaciones del FBI a través de su unidad especial, policías locales y fiscales distritales en condados de Maryland, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey y California emprendieron múltiples acciones punitivas y legales en contra de miembros de la MS13 durante toda la década pasada.

Por citar algunos ejemplos: casos federales procesados por fiscales con la Ley Especial contra el Crimen Organizado en las cortes de Greenbelt, en Maryland, y de Arlington, en Virginia, supusieron golpes que diezmaron a las clicas de la MS13 en la Costa Este durante una década.

En 2007, la corte federal de Greenbelt condenó a dos decenas de pandilleros, miembros de varias clicas en Maryland, el Distrito de Columbia y Virginia, a varios años de prisión por un caso de crimen organizado que incluyó cargos por homicidios, posesión de droga, uso ilegal de armas y violación, entre otros. Entre los procesados estaba Saúl Hernández Turcios, alias “El Trece”, uno de los líderes de la MS13 en El Salvador.

De nuevo, la versión escrita por la administración Trump sobre la MS13 en el reporte de DOJ contradice las palabras del presidente. Dice, en la “hoja de datos” sobre la pandilla: “A través de los esfuerzos combinados de autoridades federales, estatales y locales hubo grandes avances en la disminución e interrupción de las actividades de la pandilla… entre 2009 y 2010”, esto es, durante la administración Obama.

3. Estados Unidos está deportando más pandilleros que nunca

Trump dijo en su tuit: “los estamos deportando rápidamente”, pero no hay datos que apoyen esa versión. Las cifras de deportaciones que ICE ha hecho públicas no incluyen datos finales de los primeros tres meses de 2017, los que Trump ha estado en el cargo, como para sacar conclusiones. Hasta finales de 2016, el porcentaje de pandilleros respecto a la población general de deportados era mínimo: 0,8 por ciento, es decir, 2.057 repatriados “con conexiones pandilleras confirmadas o supuestas” de un total de 240.255 deportados ese año.

En general, desde que la administración Obama estableció en 2011 que daría prioridad a indocumentados con antecedentes penales o nexos criminales en su política de deportaciones, Washington ha jugado con dos cifras: la de personas que en efecto han sido acusadas o condenadas por un crimen y la de las personas cuyo crimen ha sido, solo, violar la ley migratoria al entrar sin documentos a Estados Unidos. Esto, como han señalado varias organizaciones a favor de migrantes, no ha hecho más que criminalizar a las comunidades migrantes.

Aunque, como se dijo, no hay datos para demostrar que las deportaciones realizadas durante la administración Trump incluyen a más pandilleros, fuentes policiales centroamericanas han dicho a InSight Crime que ese no es el caso.

4. La MS13 está reclutando más en Estados Unidos, en un intento por revivir clicas que estaban muertas y de cometer más actos violentos

Sessions dijo a OCDETF: “Debido a una frontera abierta y a años de débil protección fronteriza, la MS13 ha enviado a sus miembros para reclutar y regenerar a las pandillas que antes habían sido diezmadas, y han estado introduciendo miembros a través de las fronteras como menores indocumentados no acompañados…”

Esta declaración es, en una parte, cierta. Como ha señalado InSight Crime, entre 2014 y 2016 el FBI y autoridades locales detectaron algunos incrementos de homicidios atribuidos a la MS13 en Virginia, el área metropolita de Boston y Long Island, en Nueva York.

Testimonios recogidos en un proceso abierto en Boston en 2015 contra varias clicas de la MS13 indican que detrás de algunos de esos homicidios podía haber órdenes provenientes del liderazgo de la pandilla encarcelada en El Salvador. En ese documento se habla, incluso, de una reunión entre líderes de clicas en Richmond, Virginia, en la que un palabrero conocido como “Chucky” trasladó la orden de expandir el programa de la Costa Este de la MS13. Las investigaciones federales arrojaron que algunos homicidios en el área de Boston podían estar relacionados con esa orden. También es cierto que los homicidios recientes fueron cometidos con mucha brutalidad, algo que es característico de la MS13 en Centroamérica.

Pero también es una afirmación que distorsiona la realidad. De nuevo, no hay datos que permitan a Sessions o a la administración Trump sostener que los incrementos focalizados de homicidios puedan atribuirse a la llegada de menores indocumentados, cuyo flujo en general aumentó en 2014. De hecho, no hay ningún estudio de agencias federales estadounidenses o de instituciones académicas que demuestren, siquiera, que entre estos menores haya ingresado una cifra importante de miembros de pandillas; por el contrario, buena parte de esos jóvenes que luego solicitan asilo argumentan ante cortes migratorias estadounidenses que vienen indocumentados huyendo de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica.

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Aún más: no hay nada que demuestre que los patrones migratorios de los pandilleros sean diferentes a los de cualquier otro grupo migrante, o que se muevan atendiendo a un plan general proveniente de la jerarquía salvadoreña de la pandilla en un intento para revitalizar a la pandilla. Las acciones registradas en el caso de Boston, por ejemplo, parecen obedecer más a la cambiante geografía de la MS13 que a una decisión consciente de expandir su radio de influencia.

También es verdad, según fuentes del FBI que han estudiado a la pandilla durante al menos dos décadas, que la MS13 empezó en 2007 a retomar dinámicas de reclutamiento y de uso indiscriminado de violencia en algunas ciudades de Estados Unidos.

Aun así, esos esfuerzos de la MS13 no están relacionados directamente con las políticas migratorias de Obama. David LaValley, agente del FBI que fue jefe de la unidad de investigación criminal del FBI en Washington hasta noviembre pasado, explicó en una entrevista con InSight Crime el año pasado el esfuerzo de reconstrucción de la pandilla tras las condenas por la Ley Especial contra el Crimen Organizado entre 2006 y 2010: “Ha habido un esfuerzo [de la MS13] por un periodo desde 2007, luego de éxitos reales y luego de que el liderazgo fue diezmado”, dijo el agente en una entrevista con InSight Crime el año pasado. 

En años más recientes, en buena medida, obedece a dinámicas de la pandilla en Centroamérica, como la tregua pactada entre la MS13, el Barrio 18 y el Estado salvadoreño durante la administración del presidente Mauricio Funes (2009-2014), y la posterior guerra abierta declarada por la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

5. Las llamadas ciudades santuario son más hospitalarias para la MS13 y un espacio abierto para que la pandilla opere

Sessions dijo ante OCDETF que “las ciudades santuario socavan este proceso de forma peligrosa. Albergar a criminales solo ayuda a pandillas violentas como la MS13. Las ciudades santuario están ayudando a estos carteles a expandirse y a poner vidas inocentes en peligro, incluidas las de muchos migrantes que cumplen con la ley”.

Esto es falso. No hay ninguna prueba de que la calidad de santuario —ciudades con leyes que protegen a los migrantes y que se han rehusado a que sus policías locales apoyen a ICE en labores de localización y deportación de indocumentados— tenga algo que ver con los índices de criminalidad de una ciudad. De hecho, múltiples estudios indican que, como en buena parte de Estados Unidos, las tendencias en las cifras sobre crímenes han ido a la baja durante años. Más aún: hay estudios que indican que las cifras de criminalidad son menores en comunidades migrantes.

Estudios recientes han demostrado que la designación de santuario no tiene efectos estadísticos significativos en los índices criminales de una ciudad.

Y no hay evidencia empírica que relacione la migración con aumentos en esos índices  en Estados Unidos. Otro estudio ha demostrado que los migrantes, en realidad, son menos propensos  a cometer crímenes que los nacidos en suelo estadounidense.

De hecho, algunos de los modelos exitosos de intervención contra pandillas se han realizado, precisamente, en ciudades con fuerte presencia de migrantes, en las que la policía ha logrado desarrollar vínculos con estas comunidades para contrarrestar la influencia de la MS13 o el Barrio 18. Eso es lo que ha estado a la base de intervenciones, por ejemplo, en los condados de Fairfax en Virginia o Montgomery, en Maryland, o en el Distrito de Columbia, donde InSight Crime ha hecho investigación en los últimos dos años. En ambos condados, los índices de homicidios atribuidos a pandillas bajaron hasta casi llegar a cero entre 2009 y 2014. Silver Spring en Montgomery y DC son, ambas, ciudades santuario. 

6. La MS13 representa una amenaza similar que los carteles mexicanos y colombianos de la droga o que la mafia italiana

Sessions compara a la MS13 con los carteles colombianos de la droga y “la mafia” italiana. Años de investigaciones sobre ambas pandillas han demostrado que la participación de la MS13 y Barrio 18 en el mapa del narcotráfico regional es mínima, y que su actividad se reduce, en algunos casos, al control de mercados locales.

El mismo Departamento de Estado ha reconocido, en varios de sus informes sobre el narcotráfico en el mundo, que las pandillas centroamericanas no son “actores importantes”.

A diferencia de los viejos carteles colombianos, sus pares mexicanos o las organizaciones intermediarias, ni la MS13 ni el Barrio 18 han tenido nunca la capacidad económica ni la penetración política necesaria para garantizar la protección que en Centroamérica implica administrar el negocio del narcotráfico. Y ni han podido establecer redes poderosas en Estado Unidos más allá de unas células pequeñas en sus lugares de operación.

En general, el número de casos de gran tráfico asociados a clicas de la MS13 en Centroamérica o Estados Unidos son pocos, y se refieren a clicas o unidades de la pandilla que sus por sus circunstancias geográficas o la de sus líderes tenían ya conexiones preestablecidas con narcotraficantes.

Aparte del negocio de las extorsiones, que está milimétricamente regulado desde el liderazgo de la pandilla, el resto de actividades criminales dependen en gran medida de lo que decida el jefe local de la clica.

7. La solución policial es la adecuada para este problema

Tanto Trump como Sessions recurren a falacias que ya antes han utilizado otros funcionarios —presidentes, ministros y jefes policiales— en Centroamérica para justificar políticas de mano dura contra las pandillas, las cuales solo sirvieron para que la MS13 y el Barrio 18, la otra pandilla centroamericana nacida en Estados Unidos, se sofisticaran en las cárceles.

Al final, de las palabras de ambos funcionarios se desprende la intención de atar recientes homicidios atribuidos a la MS13 en Nueva Jersey, Maryland y Virginia a la línea narrativa del trumpismo que utiliza a las pandillas para criminalizar la migración y a la comunidad latina en Estados Unidos.

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