El primer programa de sustitución de cultivos de la historia de Colombia en el que participa el grupo insurgente de las FARC puede introducir cambios importantes en el panorama narcotraficante en el país, pero hay obstáculos que podrían frustrar los esfuerzos por contener el auge de la producción de cocaína en el territorio colombiano.

El 10 de junio, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se pusieron de acuerdo para emprender un programa voluntario de sustitución de cultivos de coca en 10 comunidades aledañas al municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país. Se espera que el proyecto piloto ayude a unas 450 familias que actualmente se dedican al cultivo de coca a hacer la transición a cultivos alternativos, como café y maracuyá. El programa debe iniciarse el 10 de julio.

El gobierno de Colombia ha implementado programas de sustitución de coca en el pasado, pero este será el primero que involucre a las FARC, de quienes se cree que controlan hasta el 70 por ciento de estos cultivos en el país. Las FARC y el gobierno mantienen negociaciones de paz desde finales de 2012. Ambas partes llegaron a un acuerdo sobre las drogas ilícitas en mayo de 2014, el cual incluyó planes para un programa de sustitución de cultivos de coca.

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Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, se mostró optimista sobre el programa piloto y las oportunidades de ampliarlo a otros lugares del país, informó el Miami Herald.

“Podemos proclamar a viva voz desde La Habana que este proyecto —el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que se está iniciando en Colombia— será una chispa que se expandirá hacia los cuatro puntos cardinales”, comentó Márquez.

Este proceso tendrá el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, según El Espectador.

Análisis de InSight Crime

La elección de Briceño fue estratégica, pues da al gobierno y a las FARC una buena oportunidad de éxito. A diferencia de muchas otras zonas cocaleras del país, en Briceño hay una infraestructura relativamente buena y fuentes de ingreso alternativas. El gobierno también está en proceso de construcción de la mayor represa hidroeléctrica del país en Briceño y en el vecino municipio de Ituango, algo que ha generado malestar social, pero también ha generado empleos y eslabones más fuertes con la economía general.

El programa de sustitución también refinará el progreso de una iniciativa FARC-gobierno que comenzó el año pasado para retirar las minas antipersonal en la misma zona. Eduardo Díaz, director de las iniciativas del gobierno para la sustitución de cultivos ilícitos, declaró al Miami Herald que el proyecto de desminado ayudó a ambas partes a trabajar juntos sobre el problema de la coca. 

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Todos estos factores son un buen presagio para el proyecto piloto que debe iniciarse en julio próximo. Y el proceso de paz en Colombia necesita resultados tangibles ahora que se acerca a un acuerdo final. Entre otros beneficios, ejemplos concretos de éxito podrían ayudar a convencer a un público escéptico. En su investigación de campo en más de 70 municipios de todo el país, InSight Crime encontró que hay muy poca confianza entre los habitantes locales de que un acuerdo de paz traiga cambios sustanciales a su situación.

Pero Briceño podría no ser un buen precursor para la implementación de futuros programas de sustitución de cultivos de coca en otros lugares del país. Muchas de las comunidades cocaleras más aisladas no tienen alternativas viables para la generación de ingresos, y el gobierno tiene recursos limitados para promover el desarrollo en estas zonas rurales. Por consiguiente será mucho más difícil convencer a los agricultores de cambiar sus cultivos si no tienen garantía de generar las mismas ganancias que la coca.

Tanto en Briceño como en el ámbito nacional, las FARC jugarán un rol crucial en el éxito o el fracaso del programa de sustitución de coca. Dada la cantidad de territorio colombiano dedicado al cultivo de coca que se encuentra bajo la influencia de las FARC, el grupo insurgente está en una buena posición para ayudar a reducir el explosivo aumento de la producción de cocaína que se ve en el país.

Sin embargo, no hay garantía de que las FARC pongan todo el empeño en hacer progresar el acuerdo. El grupo guerrillero ha estado financiando sus operaciones en gran parte con el cobro de impuestos a la producción de coca, así que promover el cambio de cultivos entre los campesinos implicaría un golpe directo a las finanzas de las FARC. Aun cuando la cúpula insurgente se esté preparando para la vida después de un acuerdo de paz, algunos mandos medios estarían reacios a renunciar a tan importante fuente de ingresos.

Aun si las FARC se convierten en actores relevantes en un programa nacional de sustitución de cultivos de coca, hay otros grupos armados ilegales prestos a tomar el control de la producción de estupefacientes en Colombia. Briceño, por ejemplo, es base de las FARC y también de Los Urabeños, la más poderosa de las organizaciones neoparamilitares del país, conocidas como Bacrim (acrónimo para “bandas criminales”). También hay un sinnúmero de grupos armados que operan en el Catatumbo, principal centro de producción de coca en Colombia, todos los cuales tendrían mucho interés en apropiarse del territorio de cultivos de coca en caso de que las FARC cedan el control.

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