La Asamblea Nacional de Venezuela lanzó una comisión para investigar el papel de las milicias avaladas por el gobierno durante las recientes protestas masivas y con saldo fatal, mientras demanda al ejército que desarme a estos grupos criminalizados conocidos como los “colectivos”.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, votó el 25 de abril para condenar la política del gobierno de armar a los colectivos, y anunció que creará una comisión que tendrá 30 días para investigar el rol de estos grupos “paramilitares” en las muertes de los manifestantes, según un comunicado de prensa del legislativo.
Formados en sus inicios como grupos de apoyo comunitario con raíces en las ideologías políticas de izquierda, los colectivos han experimentado una creciente criminalización en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
Esa tendencia se puso en evidencia en las protestas que sacudieron a Venezuela en las últimas semanas luego de la decisión ahora revertida del Tribunal Supremo controlado por el gobierno de despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas. Varios medios de noticias, incluyendo al New York Times y a la BBC, informaron sobre intervenciones violentas de miembros de los colectivos contra los manifestantes y el presunto homicidio de varios opositores del gobierno.
En octubre de 2016, el entonces vicepresidente Aristóbulo Istúriz ya había amenazado con enviar a los grupos civiles de milicianos a enfrentar a quienes protestaban contra el gobierno. Y en enero de 2017 Maduro había anunciado que el gobierno armaría y entrenaría a civiles, supuestamente para combatir el crimen.
Dada la impunidad de la que gozan los colectivos por su relación con el gobierno, la comisión de la Asamblea Nacional también evaluará la responsabilidad de varios oficiales de alto rango, incluyendo al presidente y al vicepresidente, el ministro del Interior y el jefe de la división de inteligencia de la Policía Nacional.
Los funcionarios electos también exigieron al ejército “cumplir sus deberes constitucionales” y demandaron que la institución desarme a los colectivos.
Análisis de InSight Crime
Dado que el poder ejecutivo controla todo el aparato estatal con excepción de la rama legislativa, es probable que la decisión de la Asamblea Nacional de crear una comisión tenga poco impacto concreto sobre los colectivos, al menos por el momento. Pero la medida indica que la oposición insistirá en el desmonte de esas milicias civiles en el caso de una transición política, lo que plantea preguntas sobre las repercusiones futuras para el panorama criminal en Venezuela, en el cual los colectivos están profundamente involucrados.
La tendencia de criminalización entre los colectivos no es un fenómeno reciente. Tampoco el uso que les da el gobierno para reprimir a los manifestantes. En 2014, algunos informes ya habían señalado la represión de manifiestantes. Sin embargo, ese mismo año, miembros de los colectivos y autoridades también se habían enfrentado violentamente. De acuerdo con el New York Times, los enfrentamientos se dieron después de un intento de las autoridades por derribar a estos grupos, ya que el gobierno consideró habían llegado a ser demasiado poderosos.
No todos los colectivos participan de la misma manera en actividades criminales; algunos continúan actuando solamente como grupos de apoyo a las comunidades. Pero la criminalización de muchos colectivos ha alcanzado tal nivel que un número de comunidades que tradicionalmente los apoyaban, ahora han comenzado a temerles.
Tal es el caso de los residentes que viven en el barrio 23 de Enero en el centro de Caracas, un antiguo bastión y poderoso símbolo del Chavismo, antes de que fuera ganado por la oposición. Residentes del barrio le contaron a InSight Crime que los colectivos ahora participan en actividades de extosión, narcotráfico, (tanto vendiendo drogas como poniendo impuestos a sus ventas), contrabando de alimentos y otros bienes, y operando casinos ilegales.
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“Hay cámaras por todos lados. Ellos ven todo lo que hacemos […] Tienen a la comunidad entera horrorizada. Esa es la única palabra: horrorizada”, dijo un habitante.
“La venta de drogas aquí es horrible”, dijo otro, quien añadió que las pandillas juveniles, a las que los venezolanos se refieren como “el hampa común”, nunca vienen a las áreas controladas por los colectivos, lo que implica que los colectivos deben estar vendiendo las drogas.
“Ellos [los colectivos] hablaron sobre la desigualdad y la revolución y yo no sé qué mas, pero ellos venden comida y suministros aquí a precios muy elevados”, contó un residente a InSight Crime.
En la noche, muchos colectivos establecen puntos de verificación para controlar el movimiento de carros al rededor del 23 de Enero, dijeron los habitantes. Ellos también presuntamente manejan alrededor de siete casinos, que son ilegales en Venezuela, en diferentes partes del barrio.
La posición política de Maduro se está volviendo cada vez más frágil; el disentimiento ha comenzado a aparecer dentro de su propia administración. Y a pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta escencial del gobierno para mantener su agarre en el poder. Sin embargo, dadas las estrechas relaciones de los colectivos con el gobierno, parece inevitable que la oposición demande su desmantelamiento en el caso de una transición política.
En tal caso, no es seguro cómo procederán los miembros de los colectivos. Pero existe una clara posibilidad de que muchos puedan evolucionar hacia organizaciones criminales dedicadas únicamente a mantener el control de sus economías ilícitas.
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Adicionalmente, la actual campaña de la oposición contra los colectivos puede ser definitiva para el futuro del panorama criminal de Venezuela, ya que los militares ahora parecen ser la única fuerza capaz de derribar esas poderosas milicias.
Alejandro Velasco, un profesor asociado de la Universidad de New York y el autor del libro “Barrio Rising” (Barrio creciente), le dijo a InSight Crime por correo electrónico que la creación de la comisión fue un signo de que los colectivos se han convertido “en una importante pieza de negociación para los sectores, especialmente de los militares, para negociar un lugar dentro de una eventual transición política”
En otras palabras, desmantelar a los colectivos criminales ahora parece haberse convertido en una condición no negociable por parte de la oposición en el caso de un cambio politico. Esto le da al ejército, la única institución capaz de realizar estoa la fuerza, una considerable ventaja. Incluso cuando los elementos de las fuerzas armadas probablemente continúen siendo los principales actores criminales en Venezuela.