La actual crisis de violencia dentro del sistema carcelario brasileño es una muestra perfecta de por qué las autoridades ignoran —o militarizan— las prisiones aunque sea riesgoso para ellas mismas.
Las más recientes noticias de Brasil son preocupantes. Folha de São Paulo reporta que se han contado 136 cuerpos sin vida desde que comenzaron los disturbios en las prisiones el pasado 4 de enero. El gobierno está preparando a los militares para entrar a las cárceles más violentas, pero la pelea parece apenas estar comenzando.
El gobierno dice que más de mil militares entrarán a las cárceles buscando objetos de contrabando, como armas y teléfonos celulares, reportó Terra.
El gobernador del atribulado estado de Rio Grande do Norte también ha requerido al gobierno federal que envíe tropas a las calles de la ciudad de Natal debido a una serie de incidentes violentos, los que, según él, estuvieron relacionados con los disturbios en el sistema penitenciario, dijo Folha de São Paulo.
La posible militarización del conflicto tiene una ironía particular para aquellos que conocen la historia del Comando Vermelho (CV), uno de los dos mayores grupos que protagonizan los actuales enfrentamientos. El Comando Vermelho comenzó en los años setenta, cuando, como el especialista en crimen, Benjamin Lessing, explicó en el Washington Post recientemente, las prisiones de la entonces dictadura militar juntaron a criminales comunes con opositores políticos.
El resultado fue una organización criminal que entendió que el poder era más que dinero y armas, y que más bien se apoya en el capital social y político, algo relativamente fácil de acumular en el disfuncional y abusivo sistema de prisiones latinoamericano.
Es exactamente esta combinación de crimen y política lo que ha hecho que el Comando Vermelho y su nuevo rival, el PCC sean tan potentes y que sus enfrentamientos dentro de las prisiones sean tan peligrosos.
Pero aunque esta batalla entre titanes criminales es ciertamente el problema más sobresaliente del hampa brasileño actualmente, existen asuntos más profundos, tanto en Brasil como en Latinoamérica, que fomentan a estos grupos y el caos sangriento que a menudo los rodea, como lo describimos en el primer reportaje de nuestra serie sobre cómo las prisiones llegaron a ser la principal incubadora del crimen organizado en la región.
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En primer lugar, los gobiernos han buscado lidiar con el crimen organizado empleando políticas de “Mano Dura” en lo que se refiere actividades criminales como el narcotráfico, el consumo de drogas o las actividades relacionadas con las pandillas. Algunas de las leyes también buscan penalizar la mera apariencia que indique cierta asociación con las pandillas. Estas políticas están frecuentemente dirigidas a las comunidades pobres y marginalizadas y afectan desproporcionadamente a estas áreas.
El resultado ha sido un boom en la población carcelaria proveniente de las regiones más desfavorecidas. El sistema carcelario de Brasil pasó de 173.000 presos en 1995 a más de 600.000 hoy en día. Otros países que hemos investigado —como El Salvador y Venezuela— han pasado por picos similares.
Muchos de estos reclusos se encuentran en prisión preventiva, lo que significa que no han sido sentenciados por ningún crimen, y pasan años esperando que las ruedas del sistema judicial giren. Mientras están esperando, son objeto de terribles abusos, a menos que se asocien con una organización criminal que los proteja.
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La infraestructura carcelaria no ha crecido a la par con este aumento de reclusos. En algunos lugares, los presos literalmente viven uno encima del otro en celdas de retención por meses o incluso años. La comida es inadecuada o incomible. Las condiciones de sanidad y salubridad son deplorables, y los abusos por parte de los guardias de seguridad son frecuentes.
Las condiciones dentro de las cárceles las hacen perfectas para su explotación por los grupos criminales. Tanto el PCC como el Comando Vermelho son lo que llamamos pandillas carcelarias internas y externas porque tienen actividades criminales tanto dentro como fuera de las penitenciarías.
Como el Comando Vermelho, el PCC también se forjó dentro del sistema carcelario. De hecho, fueron por mucho tiempo pandillas aliadas. Ambas entendieron que organizarse alrededor de la seguridad y para exigir mejores condiciones dentro de las prisiones era la ruta más rápida para llegar al poder de las economías criminales dentro de las cárceles.
El gobierno ha exacerbado este problema transfiriendo miembros del PCC a prisiones por todo el país y permitiendo las acciones represivas sobre los prisioneros en vez de adelantar programas de rehabilitación. En lugar de debilitar las organizaciones criminales, esto les permitió esparcir su ideología y aumentar su número de miembros en muy poco tiempo.
Ese poder en el interior eventualmente se abrió el camino al exterior, donde ambos grupos han establecido control sobre el tráfico de drogas en las poblaciones pobres y marginalizadas, dando lugar a la represión en estas áreas y comenzando el ciclo de nuevo.
A medida que el mercado interno de drogas en Brasil ha crecido, también lo ha hecho el poder —y el potencial para generar conflictos— de ambas organizaciones. El PCC, que comenzó bajo la tutela del Comando Vermelho, es la más grande de las dos. Actualmente opera en Paraguay y Bolivia, y puede estar abriéndose terreno en Colombia, ahora que el grupo guerrillero más grande del país comenzó su desmovilización.
Pero, como descubrimos durante nuestra investigación de un año de duración dentro de las cárceles, el problema central radica en la combinación de políticas represivas por fuera de las cárceles y en la negligencia crónica y el abuso a los prisioneros en su interior.