El sistema penitenciario de Paraguay continúa en estado de emergencia por segundo año consecutivo. De no tomar medidas para abordar las causas de fondo, es probable que el implacable control de las bandas carcelarias persista.

El Congreso de Paraguay declaró por primera vez el estado de emergencia el 22 de diciembre de 2023, tras un motín orquestado por el Clan Rotela, el mayor grupo criminal del país. Durante los disturbios, el grupo tomó temporalmente el control de la mayor prisión de Paraguay, Tacumbú.

Esta declaración permitió al Ministerio de Justicia contar con fondos adicionales para “proyectos de infraestructura y la adquisición de equipos tecnológicos de seguridad para atender las necesidades urgentes del sistema penitenciario”. Los objetivos declarados fueron reforzar la seguridad en las cárceles, mejorar las actividades de inteligencia y fortalecer las medidas para prevenir fugas y acciones del crimen organizado dentro de las prisiones.

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“Sabemos que durante la emergencia penitenciaria se realizaron esfuerzos importantes y se realizaron avances más que válidos, pero aún persisten algunas deficiencias”, señaló la diputada Rocío Abed, una de las redactoras del proyecto de ley, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados convocada para extender las medidas de emergencia por un año adicional. “Confiamos en que esta prórroga permita completar los procesos iniciados”. La extensión fue aprobada posteriormente por el Senado y estará vigente al menos hasta el mes de diciembre de 2025.

Las autoridades también intensificaron los esfuerzos para evitar el control del crimen organizado en las cárceles. La primera, la Operación Veneratio, lanzada en diciembre de 2023, se centró en aislar a los líderes criminales. Esta condujo al traslado de Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela, a una prisión de máxima seguridad, donde permanece bajo vigilancia permanente, junto con la reubicación de otros 700 reclusos.

En abril de 2024, la Operación Joapy cambió el foco hacia las redes criminales internacionales. Esta implicó la deportación de 25 internos vinculados a grupos criminales brasileños, incluyendo el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y Los Manos (Os Manos).

Más recientemente, en diciembre de 2024, se lanzó la Operación Peine Fino, con el objetivo de prevenir fugas carcelarias con el fin de contrarrestar a los grupos de crimen organizado que escapaban repetidamente de la justicia, probablemente con la ayuda de guardias corruptos. Las requisas en las celdas llevaron al decomiso de machetes, teléfonos móviles y otros bienes ilícitos, poniendo de manifiesto la persistente circulación de contrabando dentro del sistema penitenciario.

Análisis de InSight Crime

Las medidas de emergencia de Paraguay apuntan a fortalecer la capacidad del Estado para controlar las cárceles, ignorando los problemas más profundos de corrupción y hacinamiento que han llevado al sistema al borde del colapso. Aunque el gobierno pueda contar con victorias de corto plazo, es probable que este enfoque posibilite que las bandas y otras amenazas sigan surgiendo entre rejas.

“La clave es que para abordar los problemas ya sean relacionados con la corrupción, el hacinamiento u otras cuestiones, se debe comenzar por resolver los problemas dentro del propio sistema de justicia penal”, señaló Dante Ariel Leguizamón, abogado y secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en una entrevista con InSight Crime.

La corrupción sigue siendo un problema persistente en Paraguay que se infiltra en todos los niveles de gobierno. Un ejemplo es la casi fuga del narcotraficante Jarvis Jiménez Pavão de la cárcel de Tacumbú en 2016.

Con la ayuda de dos guardias, Pavão estuvo a punto de fugarse durante un traslado ordenado por el entonces presidente Horacio Cartes. Cuando las autoridades finalmente trasladaron a Pavão a un centro de alta seguridad, descubrieron el alcance de su influencia: había construido una lujosa oficina y una vivienda dentro de Tacumbú, lo que le permitía gestionar sus operaciones internacionales de tráfico de drogas con la ayuda de funcionarios corruptos del sistema penitenciario.

Aunque el traslado de Pavão y su posterior extradición a Brasil dañaron gravemente su negocio delictivo, no abordaron los problemas más generales de las cárceles paraguayas. Su antiguo socio, el PCC, aprovechó la oportunidad para expandirse por Paraguay. Aprovechando la superpoblación del sistema carcelario del país, reclutó nuevos miembros y consolidó su poder, al igual que había hecho en su Brasil natal. En junio de 2019, el PCC exhibió su creciente dominio instigando un motín en la Penitenciaría de San Pedro y asesinando a 10 miembros del Clan Rotela.

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En respuesta a la masacre, las autoridades paraguayas declararon el estado de excepción y desplegaron el ejército, patrullando, con soldados y tanques, instalaciones como Tacumbú, San Pedro y Pedro Juan Caballero. Pero pocos meses después, 76 miembros del PCC escaparon de Pedro Juan Caballero a través de un túnel. El tiempo que habría llevado cavar el túnel condujo al entonces ministro de Justicia a concluir que los guardias debían haber sido cómplices, lo que puso aún más de relieve la corrupción en juego.

Al mismo tiempo, el Clan Rotela amplió sus filas, aprovechando las terribles condiciones de hacinamiento y abandono de las cárceles para reclutar y convertirse en el mayor grupo criminal de Paraguay.

“En Paraguay debería declararse el estado de emergencia en la policía debido a la continua abundancia y gravedad de casos de policías involucrados en distintos tipos de delitos, entre ellos el tráfico de drogas”, señaló a InSight Crime Jorge Rolón Luna, abogado y profesor de la Universidad Católica de Asunción. “Es inútil comprar más patrulleros, comprar mejores armas, comprar helicópteros, lo que sea, porque nuestra policía es absolutamente corrupta”.

La incapacidad de Paraguay para mantener el control sobre sus cárceles se debe en parte al grave hacinamiento. Según los últimos datos oficiales, las prisiones del país albergan a 18.524 reclusos, a pesar de estar diseñadas para una capacidad de 10.044 personas. Alrededor de dos tercios de los encarcelados son reclusos preventivos que aún no han sido condenados. En varios centros, este grupo supera por sí solo la capacidad oficial.

El hacinamiento, alimentado por el abuso de la prisión preventiva y un sistema penitenciario aletargado, es un problema de larga data en Paraguay. “El sistema judicial está colapsado”, afirmó Rolón Luna. Y las causas son evidentes: la burocracia, el descuido de los jueces y fiscales, y el fracaso del encarcelamiento masivo para frenar la delincuencia, entre algunos de los principales problemas.

La respuesta del gobierno se concentró en reforzar la capacidad del Ministerio de Justicia. Pero cuando una prisión como el Centro Penitenciario de Emboscada alberga a 1.511 reclusos, a pesar de haber sido diseñada para 408, resulta casi imposible mantener el control dentro de sus muros. En tales condiciones, prosperan los grupos criminales.

Con tantos presos a la espera de juicio —solo 339 internos de Emboscada han sido condenados—, muchos se encuentran atrapados en un limbo incontrolable e indefinido. Según Leguizamón, en tales condiciones, muchos buscan protección en la única fuente que pueden encontrar: la iglesia o las bandas de presos.

“Para garantizar su seguridad, los individuos generalmente deben involucrarse con una iglesia o directamente con una organización criminal”, agregó. “En otras palabras, el sistema penitenciario en Paraguay está efectivamente tercerizado, con diferentes áreas gobernadas por actores distintos al Estado”.

Imagen principal: Soldados entran en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero tras un motín. Crédito: Ministerio de Justicia de Paraguay