El continuo aumento de la crisis económica, política y social en Venezuela y la desmovilización del mayor grupo guerrillero de Colombia han cambiado la dinámica criminal en la frontera entre los dos países y han transformado a la región en uno de los principales centros del crimen organizado en Latinoamérica.
La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido durante años un centro de diversas actividades criminales. Los más poderosos grupos del crimen organizado colombiano han utilizado por mucho tiempo la región fronteriza, la situación económica y la geografía de Venezuela para adelantar sus empresas criminales, como el narcotráfico, el contrabando de combustible y la extorsión.
Pero lo más importante es que Venezuela sirve como un punto clave para el trasbordo de los cargamentos de drogas que trafican constantemente los grupos del crimen organizado colombiano hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. A continuación, InSight Crime analiza los actores y motivos de este creciente conflicto.
Los antecedentes: guerrilla, paramilitares y Bacrim
Históricamente, los principales actores que controlan el mercado de las drogas en la región fronteriza han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)
El contrabando también ha sido una actividad delictiva muy lucrativa en la frontera colombo-venezolana. Cuando Venezuela cerró su frontera con Colombia en el año 2015, el comercio ilícito pasó de ser una actividad delictiva a pequeña escala a convertirse en una próspera economía ilegal liderada principalmente por antiguos grupos paramilitares, que actualmente son llamados “bandas criminales” (Bacrim), como Los Rastrojos y Los Urabeños, los cuales, entre otras cosas, les cobran impuestos a los traficantes que intentan cruzar la frontera.
Además de la gran variedad de productos que se trafican en el mercado de contrabando en la frontera entre Colombia y Venezuela, resaltan también las sofisticadas redes de extorsión dirigidas por grupos paramilitares colombianos, el tráfico de armas, el secuestro, el uso del contrabando para lavar dineros sucios y la minería ilegal.
Pero dado que el caos de Venezuela se agudiza cada vez más y el hampa colombiano se está ajustando a la desmovilización de las FARC, estas dinámicas tradicionales también están cambiando, y en la región están comenzando a aparecer diferentes actores criminales.
Los detonantes: el caos y la corrupción
El creciente caos en Venezuela y los radicales cambios en el hampa colombiano tras la desmovilización de las FARC están llevando a una reconfiguración de la dinámica criminal en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La corrupción sistémica y la criminalidad al interior de las fuerzas de seguridad venezolanas, ante las que el presidente Nicolás Maduro se ha hecho el de la vista gorda, son un factor que contribuye a estos cambios. La organización no gubernamental venezolana Fundación Redes criticó recientemente la pérdida de una “cantidad significativa” de armas militares y municiones pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en varios estados fronterizos. Según dicha fundación, las armas fueron entregadas a grupos criminales colombianos.
Esto se dio poco después de que se presentaran pruebas que vinculan al ejército venezolano con el tráfico de armas a grupos guerrilleros colombianos. En abril de 2017, las autoridades colombianas arrestaron a un presunto intermediario del EPL que supuestamente estaba a cargo de adquirir armas y granadas del ejército venezolano para proveérselas al grupo guerrillero.
Según el director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, la administración de Maduro y las fuerzas de seguridad de Venezuela, en particular los cuestionados grupos de militares y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), conocidos como el Cartel de los Soles, son cómplices de los grupos criminales colombianos que operan en la frontera.
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“El ELN y los disidentes de las FARC controlan las economías criminales ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela”, le dijo Tarazona a InSight Crime. “La administración Maduro les permite a estos grupos operar a ambos lados de la frontera y es cómplice de sus actividades criminales. El Cartel de los Soles trabaja con guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC para traficar drogas por la frontera”.
Como InSight Crime ha informado anteriormente, la profunda crisis económica de Venezuela es un importante factor generador de la creciente participación de las fuerzas armadas en actividades criminales. Debido a sus bajos ingresos —el agente con el más alto sueldo en el ejército venezolano gana menos de US$50 al mes—, las lucrativas actividades criminales se están volviendo cada vez más atractivas para los militares.
Los promotores: la migración y las oportunidades
La agudización de la crisis venezolana ha obligado a unos 25.000 ciudadanos a trasladarse a Colombia diariamente, lo que les proporciona oportunidades a los grupos del crimen organizado, como el ELN y Los Urabeños, que operan en la región fronteriza, cobrando impuestos a los migrantes, e incluso reclutándolos como mano de obra barata. Informes recientes de los medios aseguran que los miembros de los colectivos —grupos a favor del gobierno y armados por la administración Maduro— están atravesando la frontera con Colombia, lo que los convierte potencialmente en mano de obra para los grupos del crimen organizado.
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Según Tarazona, los grupos criminales colombianos están reclutando a los miembros que huyen de los colectivos, así como a niños y adolescentes, para utilizarlos en sus operaciones criminales. Tarazona le dijo a InSight Crime que, dado que cada vez hay más miembros de los colectivos que huyen de Venezuela y caen en las manos de los grupos criminales colombianos, esto va a “causar más conflictos” en la frontera.
Los colectivos han sido asociados con la violencia y tienen experiencia en el manejo de armas. Han actuado como agentes del Gobierno en Venezuela, reprimiendo las protestas de la oposición y participando en polémicas iniciativas de seguridad.
Es posible que los grupos del crimen organizado los recluten como mercenarios para que los ayuden en la lucha por el control de las lucrativas economías criminales a cambio de un pequeño pago, que probablemente sería mayor que lo que ganan en Venezuela. Esto podría sentar las bases para que los miembros de los colectivos se conviertan en asesinos, extorsionistas o narcotraficantes trabajando para los grupos criminales colombianos que operan en la región fronteriza, y podría determinar quién termina asumiendo el control.
Si bien los disidentes de las FARC, así como el ELN y el EPL, siguen siendo los principales actores en las actividades criminales en la frontera colombo-venezolana, Bacrim como Los Rastrojos, que se creía que estaban gravemente debilitados luego de una serie de golpes a sus cabecillas, están teniendo un resurgimiento en la región fronteriza, gracias en parte al creciente caos en Venezuela y a la fragmentación del hampa colombiano a raíz de la desmovilización de las FARC.
De hecho, según un informe de diciembre de 2017 publicado por la Fundación Progresar (una organización colombiana de defensa de los derechos humanos), otros grupos emergentes, como el Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN), conformado principalmente por antiguos miembros de Los Urabeños, también están tratando de ampliar sus operaciones en la región fronteriza. El informe reveló que la principal fuente de financiamiento del EPN proviene de la extorsión, seguida del contrabando, el tráfico de drogas y la distribución de drogas al por menor.
El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, coautor del informe de diciembre de 2017, le dijo a InSight Crime mediante un correo electrónico que, “como están las cosas actualmente, los grupos que podrían continuar con sus actividades criminales en la frontera son Los Urabeños, Los Rastrojos y el EPN”.
El pronóstico: negligencia sistemática y violencia
La región fronteriza no es una prioridad para ninguno de los gobiernos, lo que probablemente agravará la situación de criminalidad. El gobierno colombiano está concentrado en los esfuerzos relacionados con la reintegración de los exguerrilleros de las FARC, y el ELN representa una amenaza creciente para la seguridad nacional, tras el fin del cese el fuego temporal. Por otro lado, es poco probable que el Gobierno de Maduro combata la criminalidad en la frontera, dado que las fuerzas armadas, que participan activamente en las acciones criminales, constituyen un importante apoyo para su administración.
No obstante, es probable que las dinámicas criminales en la frontera sigan cambiando a medida que la criminalidad en Colombia se transforma tras la desmovilización de las FARC y en tanto continúa la inestabilidad en Venezuela. El asesinato de dos venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta, ubicada en la frontera, apenas un mes después de haber llegado a la ciudad, presuntamente por no haberle pagado las extorsiones a un grupo criminal que opera allí, es un claro ejemplo de estas dinámicas cambiantes, y de la violencia que podría seguirse dando.