El Estado salvadoreño pretende sellar, por la vía judicial, lo que queda de la tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 y la administración del ex presidente Mauricio Funes que produjo una drástica reducción de homicidios en 2012.
Con dieciocho capturas realizadas la semana pasada, de ex funcionarios públicos y de uno de los mediadores, y un proceso judicial exprés en torno a delitos menores, el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, ha llevado a los tribunales a algunos de los agentes del Estado que ejecutaron esa tregua, diseñada en 2011 por el entonces Ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, y avalada por Funes.
Las acciones del fiscal Meléndez vienen poco después de que la Asamblea Legislativa pasara reformas penales encaminadas a endurecer las leyes contra las pandillas (una de las enmiendas contempla, por ejemplo, criminalizar a quienes establezcan intentos de diálogo con esos grupos), y a pocos meses de que las fuerzas de seguridad del Estado, encabezadas por la Policía Nacional Civil, hayan emprendido una política de enfrentamiento frontal con la MS13 y la Barrio 18.
La mano dura, sin embargo, parece no aplicar a los partidos políticos mayoritarios en El Salvador, el izquierdista FMLN, del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, y la derechista ARENA, de oposición: representantes de ambos partidos negociaron con líderes pandilleros ofreciéndoles beneficios a cambio de votos.
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Poco después de las capturas relacionadas a la tregua, y horas antes que la Fiscalía presentara a los capturados ante un tribunal de turno, el periódico digital El Faro reveló que Arístides Valencia, ministro de Gobernación, negoció con líderes de la MS13 y el Barrio 18 el apoyo para la segunda ronda de la elección presidencial, que Sánchez Cerén ganó por un escaso margen de votos.
Ya antes, El Faro había revelado que Ernesto Muyshondt, un diputado de ARENA, había negociado con algunos de los mismos líderes apoyo electoral a cambio de beneficios si su candidato, el entonces alcalde de San Salvador Norman Quijano, ganaba. En público, Quijano había hecho del discurso antipandillas el centro de su campaña electoral.
Poco después de haber ganado la presidencia, Sánchez Cerén dijo públicamente que no dialogaría con las pandillas y emprendió una política de seguridad pública de choque contra los pandilleros que terminó con 2014 como el año más letal en la historia salvadoreña posterior a la guerra civil de los años 80.
Las capturas de la semana anterior y el subsecuente proceso judicial, sin embargo, atañen solo a oficiales de la inteligencia policial a quienes la administración Funes, a través de Munguía Payés, ordenó allanar el camino para la ejecución de la tregua en 2012 y a Raúl Mijango, uno de dos civiles que se presentaron en público como mediadores del diálogo (el otro es el obispo castrense Fabio Colindres).
El fiscal Meléndez dijo en una conferencia de prensa que realizó el día de las capturas –el 3 de mayo pasado– que las acciones emprendidas por su oficina no pretenden criminalizar la tregua, sino delitos cometidos durante la misma. Entre esos delitos están la introducción de objetos ilegales a las cárceles, como celulares (una de las formas en que el Estado facilitó la tregua fue dando a los pandilleros encarcelados más margen de comunicación con líderes en las calles para ordenar la reducción de homicidios) y las asociaciones ilícitas.
Sin embargo, a juzgar por lo que arrojan hasta ahora las pesquisas de la misma Fiscalía e investigaciones periodísticas independientes, el Estado y el sistema político salvadoreño están ya tan involucrados con las pandillas que un proceso penal como el planteado por el fiscal Meléndez, dirigido a mandos medios y un mediador, parece pasar de largo las profundas implicaciones políticas y dejar la puerta abierta a muchas preguntas sobre los alcances reales de su acción.
Meléndez dice, además, que está investigando si los funcionarios acusados malversaron 2 millones de dólares para financiar la tregua, aunque no ha acusado a nadie formalmente por esto. Es decir, el fiscal general asume que funcionarios de la PNC, el Ejército y el Ministerio de Seguridad, del que depende la Dirección General de Centros Penales, utilizaron fondos públicos para la tregua. Lo que esto demostraría, de ser cierto, es que la administración del ex presidente Funes hizo del pacto una política pública financiada con fondos públicos.
Pero el fiscal no ha llegado hasta ahí aún. Por ahora, frente a él, que es el funcionario del Estado salvadoreño encargado por mandato constitucional de investigar el delito, se dibuja la nada fácil tarea de investigar a los ejecutores de una controversial política pública cuyos autores y valedores ni siquiera asumen, pero por la cual al parecer incluso pagaron, y la cual, en el camino, redujo los homicidios a la mitad mientras estuvo vigente.
Análisis: los motivos del fiscal general
De lo que Douglas Meléndez haga con la investigación sobre la tregua de pandillas, de a quiénes acuse, de qué los acuse, e incluso de la forma en que sus fiscales planteen las acusaciones en los tribunales dependerá, en buena medida, su credibilidad.
Lo que conocemos hasta ahora sobre las investigaciones en torno a la tregua, tras la captura de Raúl Mijango, de tres mandos policiales, de oficiales del ejército y de ex directores de penales, es que Meléndez retomó las pesquisas que ya había iniciado el ex fiscal Martínez.
Al final, la decisión de Meléndez puede entenderse de muchas formas.
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Puede entenderse como una maniobra política para avalar la actual decisión del Estado salvadoreño de huir de cualquier atisbo de diálogo con las pandillas y aplicar toda la fuerza pública contra esas organizaciones, aun con el riesgo de cometer abusos a los derechos humanos y permitir ejecuciones extrajudiciales, algo que ya está ocurriendo.
Y también puede entenderse como una decisión política para criminalizar cualquier intento futuro de diálogo con las pandillas
Puede entenderse como una forma de quitarse un poco de presión pública por la falta de acción en casos de corrupción que involucran a ex presidentes y a grupos de poder en El Salvador. Al final, la oposición pública a la tregua hace de cualquier medida anti-tregua una jugada ganadora en términos de imagen.
O puede entenderse como uno más de tantos casos en que la Fiscalía salvadoreña no se atreve a llegar hasta quienes tomaron las decisiones finales sobre acciones que pudiesen haber propiciado la comisión de crímenes.
Es cierto que al fiscal general, en teoría, solo le toca perseguir y castigar el crimen, pero en este caso, y ante la reacción escurridiza del general Munguía y el ex presidente Funes –ambos siguen matizando su participación en los hechos relacionados a la tregua– es muy posible que la decisión final sobre la política de treguas, avalada por el Estado salvadoreño, se tome en los tribunales.