En un revés, El Salvador —y no Estados Unidos— está llevando el peso del caso “Chepe Diablo”.
Parece que la fortuna nunca abandona del todo a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el empresario al que las autoridades de El Salvador capturaron el 4 de abril y al que la Fiscalía General de la República (FGR) de ese país acusa de haber utilizado decenas de empresas para lavar unos US$215 millones. Ahora, justo cuando el proceso judicial en su contra da muestra de que Salazar contó con la protección de políticos y hasta del exfiscal general salvadoreño, Estados Unidos ha anunciado su remoción de su lista de capos del narcotráfico (Kingpin list), luego de tenerlo en ella desde mayo de 2014.
La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) es responsable de la lista de capos, habla, cuando menos, de falta de coordinación entre las agencias que desde Washington colaboran con autoridades extranjeras en la búsqueda y persecución penal de individuos acusados de participar, de una forma u otra, en las redes regionales de narcotráfico y lavado de dinero.
Chepe Diablo ha sido señalado por la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña como el líder del Cartel de Texis, una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del país, vinculada, por ejemplo, al reciente decomiso de 160 kilogramos de cocaína en las afueras de San Salvador.
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Después de que, durante años, la justicia salvadoreña evitara ejercer acciones contra Salazar Umaña, el 4 de abril, la PNC hizo efectivas cuatro de las seis órdenes de captura emitidas contra Chepe Diablo, su familia más cercana y dos de sus exsocios, Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, y Wilfredo Guerra, el ahijado de Samayoa y presidente de la empresa Gumarsal, que según la FGR, sería una de las casi 50 compañías y sociedades utilizadas para el lavado de dinero en este caso.
Tres días después, el 7 de abril, Salazar Umaña era presentado ante los tribunales; vestía en el traje típico utilizado por los reos en El Salvador: camisa blanca de mangas cortas y pantaloneta del mismo color. Y justo cuando los fiscales encargados del caso presentaban su acusación ante el Tribunal Cuarto de Paz de San Salvador, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador hacía público un comunicado de prensa en el que anunciaba la salida de Chepe Diablo de su lista de capos.
“El momento es, sin duda, inoportuno; terrible”, concedió a InSight Crime un agente federal estadounidense que conoce de cerca el caso y que habló con condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público.
En el comunicado de prensa, de tres párrafos, la embajada en San Salvador anuncia, en la primera frase, la decisión de la administración Trump de sacar a Chepe Diablo de la lista de capos, y ocupa el resto del texto para explicar e insistir en que la decisión de OFAC no tiene que leerse como un revés a la investigación salvadoreña: “Significa simplemente que la información actual que tiene el Departamento de Tesoro es insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, dice el comunicado.
Al final, la sede diplomática aclara que la salida de la lista tampoco implica que Salazar Umaña no pueda ser objeto de otras acciones legales en Estados Unidos. La embajada, además, acompañó el comunicado con cinco tuits desde su cuenta @USEmbassySV para reiterar que lo decidido en Washington “no tiene relación” con el caso presentado por la FGR en San Salvador.
En conjunto la reacción de los representantes de Estados Unidos en El Salvador bien podría leerse como una especie de disculpa por la decisión de OFAC. Y no es para menos: desde hace un buen tiempo miembros del Congreso estadounidense han venido presionando a la FGR para que tome cartas en el asunto de Chepe Diablo.
Durante un buen rato también, según han confirmado a InSight Crime dos funcionarios en Washington y otros en San Salvador, personal del Departamento de Justicia ha venido prestando colaboración técnica a la FGR en la investigación que sigue los rastros de los US$215 millones de Salazar Umaña y su red en los bancos y en el sistema financiero salvadoreño.
Un colaborador del despacho del fiscal general Douglas Meléndez aseguró a finales de 2016 que el caso de Chepe Diablo era una de las prioridades del recién creado Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), una especie de unidad élite contra el crimen organizado financiado y asesorado en parte por agentes estadounidenses.
El 7 de abril, día en que se conoció la decisión de OFAC, la oficina de Meléndez reaccionó diciendo que era algo que la Fiscalía ya esperaba, y de lo que ya había sido informada. Un vocero de la FGR recalcó, además, que el caso en El Salvador es por lavado de dinero, no por narcotráfico, que es el delito al que se refiere la lista de capos.
“El fiscal se cuidó de aclarar que, aunque hay indicios de que parte del dinero puede venir del narco, el caso es por puro lavado”, dijo desde al anonimato un colaborador de Meléndez.
La acusación presentada por la FGR está basada, de hecho, en los análisis financieros de decenas de cuentas bancarias abiertas por Salazar Umaña, sus socios y las empresas asociadas a ellos. Es de esas investigaciones que la FGR ha logrado extraer sus principales conclusiones: hay al menos US$215 millones de dólares que fueron movidos a través de la red cuyo origen legal los acusados no pueden explicar.
Ya en 2015 un funcionario del Departamento de Justicia había dicho a InSight Crime en Washington sobre la existencia de “mucho dinero” que Salazar Umaña no podía justificar.
Análisis de InSight Crime
¿Cómo es, entonces, que mientras unas agencias estadounidenses hacen de Salazar Umaña y su Cartel de Texis objetivo prioritario de su colaboración con las autoridades salvadoreñas, otra, la OFAC, minimiza el rol de “Chepe Diablo” en el panorama regional del crimen?
Uno de los funcionarios estadounidenses consultados por InSight Crime en Washington asegura que la remoción de la lista, aunque “manda un mal mensaje por el momento en que se hace”, es producto de un proceso administrativo que Salazar Umaña inició poco después de ser incluido en la lista, para ser removido de ella.
En su comunicado de prensa, la embajada en San Salvador aclara ese punto: “Después de ser incluido en la lista, Salazar Umaña le pidió a OFAC que revisara su casa”. Para hacerlo, Chepe Diablo contrató a un bufete de abogados de la ciudad. Algo similar hicieron Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra a nombre de Gumarsal, según constató InSight Crime en 2015, para desvincular el nombre de la empresa del de Salazar Umaña, quien es socio fundador de la misma.
Una de las fuentes consultadas en Washington, que conoce el caso, aseguró que parte del proceso administrativo seguido por Salazar Umaña para salir de la lista incluyó haber presentado certificados suministrados por la FGR durante la gestión del exfiscal general Luis Martínez, que mostraran que no existían investigaciones activas contra Chepe Diablo y su grupo. InSight Crime intentó obtener una reacción oficial de OFAC al respecto, pero no hubo respuesta.
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Como informó InSight Crime en diciembre, la relación entre Martínez, Chepe Diablo y el Cartel de Texis llevó a que, en 2014, el exfiscal ordenara a sus subalternos enterrar una investigación por lavado de dinero que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) inició ese año tras auditorías elaboradas por el Ministerio de Hacienda en el marco de una proceso judicial por evasión de impuestos, del que Salazar Umaña, el alcalde Samayoa, Guerra, Gumarsal y Hotesa (otra de las empresas vinculadas al grupo) fueron exonerados tras el pago de cientos de miles de dólares en multas.
Los informes de Hacienda ya revelaban, en 2014, indicios de lavado. Pero Martínez decidió no seguir con las investigaciones y envió a sus fiscales a pedir a un juez que devolvieran buena parte de la evidencia a los implicados. El fiscal Douglas Meléndez diría después que el caso actual de lavado de dinero tuvo que ser construido casi de cero, debido a las acciones de su antecesor. Martínez actualmente se encuentra preso por un caso de corrupción no relacionado con éste.
Durante mucho tiempo, gracias en parte a la protección que recibió del fiscal Luis Martínez, “Chepe Diablo” fue intocable. Su caso incluye, además, relaciones con políticos de alto nivel en El Salvador: la Fiscalía, de hecho, ha incluido a Desarrollos Montecristo, una sociedad que Salazar Umaña formó en 2000 con el vicepresidente Óscar Ortiz, entre su listado de empresas que presuntamente hacían parte de la red de lavado.
En ese escenario, la cooperación técnica y los espaldarazos políticos que Meléndez recibió desde Washington en este caso parecen haber sido vitales para que Chepe Diablo terminara ante un juez, que en principio lo mandó a permanecer los meses próximos a su captura en prisión, mientras el proceso judicial emprendía su curso. Por eso la salida de la lista de capos podría ser leída como una especie de revés. La FGR asegura, sin embargo, que la decisión de OFAC no tendrá mayores repercusiones.