Si bien Chile tiene una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina y ha logrado evitar que los principales grupos criminales se desarrollen allí, una nueva encuesta ha demostrado que los chilenos ven el tráfico de drogas y el crimen organizado como la amenaza más importante para la seguridad nacional del país.
De acuerdo con el informe “Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional”, elaborado por el grupo de expertos en política chilena AthenaLab y el grupo de investigación de mercados Ipsos, el 79 por ciento de los chilenos dijo que el narcotráfico y el crimen organizado representaba una “amenaza crucial o significativa para la seguridad nacional”.
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Otra encuesta de los mismos expertos arrojó un resultado similar, según el cual el 69 por ciento de los chilenos identifican esta misma amenaza como la principal en el país, por delante incluso del cambio climático, las pandemias y los ataques cibernéticos.
InSight Crime habló con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, para discutir la evolución del crimen organizado en Chile.
InSight Crime (IC): Tradicionalmente, se ha considerado que Chile tiene menor presencia de crimen organizado en comparación con sus vecinos de la región. Pero, ¿cuáles ve como las principales amenazas criminales para Chile actualmente?
Juan Pablo Toro (JPT): Sin duda, el narcotráfico. Chile tiene como vecinos al segundo y tercer productor mundial de cocaína, Perú y Bolivia, respectivamente, lo que siempre ha supuesto un desafío. Por lo demás, presenta una banca sofisticada y puertos de exportación muy competitivos, lo que lo hace atractivo como lugar para lavar dinero y como corredor de tránsito. Para evitar que eso ocurra se adoptan medidas policiales y financieras, pero en un contexto de estabilidad. En materia de seguridad, la inestabilidad política por la que atraviesan la mayoría de los países suramericanos (Chile incluido), y que se puede agudizar por la crisis económica derivada de la pandemia, puede ser aprovechada por organizaciones criminales transnacionales para expandir y diversificar sus actividades. Por lo demás, muchas unidades de policía han tenido que dedicarse a controlar las protestas urbanas o a reforzar las cuarentenas, dejando otro tipo de operaciones en segundo lugar.
IC: En febrero, un informe de la ONU ubicó a Chile como uno de los principales puntos de salida de drogas con destino a Europa. ¿Qué ha contribuido a este creciente atractivo de Chile como punto de transbordo para los narcóticos?
JPT: Creo que básicamente el dinamismo de los puertos chilenos, que responden a una economía exportadora. Piensa que el 95 por ciento del comercio exterior de Chile es marítimo, lo que es una situación bien inédita para un país continental y no insular. Es decir, hay un movimiento de carga constante, que es monitoreado por la Armada, las policías y las aduanas, pero son volúmenes inmensos. El año pasado, en el puerto de Filadelfia se descubrieron 16 toneladas de cocaína a bordo del MSC Gayene, que había partido de Chile, recalado en Perú y Bahamas, y cuyo destino final era Holanda. Pero no hay evidencia de que esa droga haya sido introducida en Chile.
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IC: ¿Existe preocupación de que este incremento del narcotráfico lleve a que en Chile aumente la violencia asociada, como ocurrió con Uruguay, otro país que por largo tiempo se consideró un modelo en Latinoamérica?
JPT: Sí. En años recientes, hemos visto hechos puntuales de violencia que no conocíamos por estos lados: sicarios que entran a un lugar y disparan muchos tiros contra una persona para ajustar cuentas, “balas locas” que matan gente en las poblaciones, hostigamientos a cuarteles de policías en barrios donde hay mucha presencia de microtráfico, o el uso de “parrilleros”, como se les llama en Colombia a los sicarios que son transportados en motos. Ese tipo de acciones son potenciadas por el acceso a armas que permite comprar el tráfico de drogas. Son niveles mucho menores comparados con lo que vemos en Brasil, México o Centroamérica, pero, para una sociedad con las tasas de homicidios más bajas de la región, es lógico alarmarse antes de que esto crezca más.
IC: En general, se cree que los grupos criminales al interior de Chile se dedican al microtráfico y no han recurrido al tipo de violencia que se observa en otros países de la región. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
JPT: De acuerdo. El hecho de que los grupos dedicados al microtráfico no hayan crecido más ni hagan un mayor ejercicio de la violencia se debe a que Chile tiene uno de los Estados más fuertes de la región y sus policías tienen un buen desempeño. Pero eso nunca está garantizado.
IC: ¿Cuáles son los principales grupos al interior de Chile y qué conexiones tienen con grupos transnacionales como el PCC?
JPT: No hay grupos identificables por el grueso de la población, ni siquiera por la prensa. Personajes de la talla de “El Chapo” Guzmán o grupos como el PCC son impensables, porque se supone que antes de alcanzar esa magnitud serían neutralizados. En general, acá operan clanes familiares que tienen ciertos nexos con algunas organizaciones regionales, pero llevan a cabo operaciones muy específicas, como realizar un embarque de droga o introducirla al país, no de forma permanente.
IC: ¿Cuáles son las principales economías criminales que se desarrollan a lo largo de la frontera de Chile con Bolivia y Perú?
JPT: Tráfico de drogas, tráfico irregular de inmigrantes (también conocido como “coyotaje”), robo de autos (en especial con Bolivia) y contrabando de mercancías.
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IC: ¿Qué cooperación ha habido con Bolivia, en particular, durante el gobierno de Morales o con el actual gobierno interino para tomar medidas drásticas contra el crimen organizado?
JPT: Por razones prácticas, siempre existe algo de cooperación en materia antidrogas que transciende las tensiones históricas con los países vecinos. Pero en el caso de Bolivia, quedó muy resentida la cooperación cuando se capturó al exjefe de la policía Rene Sanabria, y en lo cual ayudó Chile. El entonces presidente Evo Morales incluso hizo un pulso diplomático al respecto. Por lo demás, nosotros sí trabajamos con la DEA.
IC: Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado en la última década en Chile. ¿A qué atribuye ese aumento?
JPT: Básicamente, a que los narcotraficantes diversifican su negocio y aprovechan que acá hay consumidores con alto poder adquisitivo que pueden acceder a drogas importadas en un país muy globalizado en materia comercial.
Generalmente, vienen del exterior. Para introducirla se emplean cartas, encomiendas o correos humanos. Es muy poco común el hallazgo de laboratorios en suelo nacional.
IC: Ha habido informes de ataques cada vez más violentos y abiertos a los cargamentos de cobre en Chile, y que hay grupos dedicados a esa actividad. ¿Qué tan grave cree que sea el robo de cobre?
JPT: Dada la magnitud de los volúmenes de cobre que exportamos (somos el primer productor a nivel mundial), esos robos no alcanzan a modificar las grandes cifras de la industria, pero es preocupante que estén ocurriendo. En general, se roban cables de cobre en uso y desuso y eso se revende después de forma local. Pero el decomiso que se hizo a principios de año, cuando se incautaron 83 toneladas de cobre en la localidad de Lampa que iban, al parecer, a ser exportadas a China, ya nos pone en la dimensión del crimen organizado transnacional. El contrabando de materias primas es justamente una actividad a la cual se pueden expandir los traficantes de drogas ante el cierre de fronteras por la pandemia y la mayor dificultad para llegar a sus confinados consumidores.
IC: Chile es un punto importante de conexión entre China y Latinoamérica, y ha habido casos regulares de tráfico de personas, narcotráfico y contrabando entre los dos países. ¿Qué puede decirnos sobre la escala de los intercambios criminales entre Chile y China?
JPT: El año pasado, justamente se desarticuló una red de tráfico de inmigrantes irregulares procedentes de China. Algunos se quedaban acá y otro seguían camino a Argentina. Pero no son muy comunes ese tipo de actividades ilegales entre los dos países. Sí hay casos de contrabando de mercancías falsificadas procedentes de China, que son decomisadas en los puertos.