La ayuda de Estados Unidos a Colombia ha disminuido considerablemente desde 2008. Las actividades antinarcóticos y de contrainsurgencia, en las que Washington ha estado muy involucrado desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, han sido constantemente “colombianizadas”. Ahora, Colombia está intensificando sus esfuerzos para exportar su experiencia a países de Centroamérica, el Caribe, y más allá del hemisferio occidental, afectado por la criminalidad y la violencia relacionada con las drogas, en gran parte a través de la cooperación Sur-Sur y los esfuerzos triangulados con el apoyo de Estados Unidos. Este informe explora lo que parece ser un emergente modelo de cooperación en seguridad internacional en el que tanto Colombia como Estados Unidos desempeñan papeles clave.
Aunque el entrenamiento colombiano del personal de seguridad es una práctica establecida y en crecimiento en terceros países, se sabe poco acerca de quién está siendo entrenado, por quién, qué se está enseñando, y quién está proporcionando la financiación. La falta de información disponible al público plantea una serie de cuestiones importantes:
- ¿Este modelo de cooperación de seguridad en realidad está replicando los éxitos de Colombia, sin copiar también sus fracasos, especialmente en el ámbito de la corrupción, los derechos humanos, y la impunidad?
- ¿Por qué es tan difícil obtener información sobre actividades específicas de Colombia -mucho más que en el caso de la asistencia regular de seguridad de Estados Unidos– más allá del optimista, pero vago lenguaje de los comunicados de prensa oficiales?
- ¿Qué tan fuerte es el control civil y la supervisión de estos programas, incluyendo la investigación de los derechos humanos, tanto de instructores como de alumnos?
- ¿Hasta qué punto está basada la formación colombiana en una anticuada y desacreditada “guerra contra las droga” que da prioridad al número de detenidos, hectáreas erradicadas, y toneladas interceptadas por encima de un buen gobierno y una prosperidad económica?
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.
Exportando la seguridad colombiana: ¿Cómo llegamos hasta aquí?
A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la crónica debilidad del Estado colombiano había llevado al país a lo que muchos analistas temían fuese el borde del colapso. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) cortejaron activamente a sus homólogos estadounidenses, animándoles a ir más allá de un estrecho enfoque en la lucha contra el narcotráfico para involucrarse más en el conflicto interno. Esta estrategia de “intervención por invitación” implicaba aceptar la agenda antidrogas de Estados Unidos, a cambio del necesario apoyo militar, técnico y socioeconómico de Washington. La ayuda exterior buscó ampliar, profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas, combatir los insurgentes armados, aumentar el control territorial, y más tarde, durante la fase de consolidación del Plan Colombia (2007-2013), extender el Estado de derecho y perseguir el desarrollo económico y social.
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Entre 2000 y 2008, la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia superó los US$ 6 mil millones, siendo así el mayor receptor de ayuda estadounidense en Latinoamérica, y uno de los diez primeros en todo el mundo. En lo que se ha descrito siempre como una “transformación extraordinaria” la situación de seguridad en Colombia mejoró durante el segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe (2006-2010), y lo ha seguido haciendo durante el de Juan Manuel Santos (2010-2014). El estado ha logrado un mayor control sobre el terreno, miles de combatientes paramilitares se han desmovilizado, la guerrilla ha sufrido importantes derrotas, y un gran número de guerrilleros se ha entregado voluntariamente. Los indicadores clave de la violencia, incluidos los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, también han disminuido. Podría decirse que la “guerra contra las drogas” también ha resultado en ganancias relativas, medida por la superficie de cultivos ilícitos y la producción total de cocaína en Colombia, aunque estos son compensados ??en gran medida por la migración del cultivo, la producción, el tráfico y la violencia en el resto de la región, principalmente en Perú, México, Centroamérica y el Caribe.
Estas tendencias son la materia prima para una “historia exitosa” a la que el gobierno de Santos le ha dado un uso estratégico, para reposicionar a Colombia, tanto a nivel regional como internacional. Uno de los principales activos exportables del país son sus fuerzas de seguridad, abiertamente consideradas como unas de las más experimentadas del mundo en cuanto a lucha contra el narcotráfico y contrainsurgencia, en gran medida debido a la prolongada capacitación de Estados Unidos.
Desde mediados del año 2000, Colombia ha recibido un creciente número de solicitudes para la cooperación en seguridad por parte de gobiernos con distinta ideología en entrenamiento de seguridad en toda Latinoamérica y más allá. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia (PNC) reporta que entre 2009 y 2013, proporcionó entrenamiento militar y policial a 21.949 personas de 47 países diferentes en habilidades tales como la interdicción terrestre, aérea, marítima, y en ríos, testimonio policial, explosivos, operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas, y Comando JUNGLA, el programa élite de policía antinarcóticos diseñado con el aval de Estados Unidos. El 87 por ciento de esta capacitación fue proporcionada por el CNP. A pesar de la variedad de nacionalidades entrenadas, Colombia se ha centrado en gran parte en un grupo de países donde los distintos problemas relacionados con las drogas han emigrado, entre ellos México (que representa casi la mitad del número total de alumnos), Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador y Costa Rica (Ver Tabla 1). Parte de esta capacitación fue financiada por Estados Unidos, aunque Colombia llevó a cabo muchas actividades con sus propios recursos, o la de otros donantes, como Canadá.
En su afán por asegurar que la disminución de la asistencia de Estados Unidos no se tradujera en la reducción de las relaciones bilaterales y menos aún de la ayuda, el gobierno de Colombia se propuso convencer a Washington de profundizar su compromiso con los esfuerzos de cooperación en terceros países. La capacitación de la policía en Afganistán proporcionó en 2007 un campo de prueba inicial, pero no fue considerado de mucho éxito dada la limitada aplicabilidad del caso colombiano, entre otros factores. En 2009, sin embargo, la participación de Colombia en el paquete de ayuda de la Iniciativa Mérida para México, en actividades relacionadas con los cuerpos de seguridad y el fortalecimiento judicial, cambió las perspectivas en los círculos políticos. El papel de Colombia parece ser, todo a la vez, una forma efectiva para abordar las necesidades de seguridad de México, para satisfacer el deseo de Colombia de ampliar su portafolio de capacitación, y para mitigar las limitaciones fiscales en Estados Unidos. En este punto Colombia, con el respaldo de Estados Unidos, podría proporcionar cooperación en seguridad a otros países a un costo económico muy reducido, y sin los costos políticos asociados con un agrandamiento de la presencia militar estadounidense. Esta nueva lectura de la relación bilateral refleja la filosofía de que “a medida que ayudamos a Colombia, Colombia nos ayudará a ayudar a los demás”, y los cambios en gran parte paralelos en la seguridad estadounidense y la política de defensa, en el que “dirigir desde atrás” se convirtió en un elemento clave.
Dirigir desde atrás
En la crisis post-Irak, post-Afganistán, la era post-crisis financiera, la importancia de los enfoques de “intervención moderada” ha crecido a la par con la adversidad de la opinión pública estadounidense hacia la costosa participación militar directa en contextos que no son percibidos como una amenaza directa a los intereses vitales de seguridad. En un artículo de 2010 de Foreign Affairs, el exsecretario de Defensa, Robert M. Gates, expuso el plan inicial de esta estrategia al llamar a Estados Unidos a “ayudar a otros a ayudarse” a través de la construcción de capacidad institucional y humana, y por medio de asistencia para la seguridad constante y a largo plazo.
De forma creciente, Colombia se presenta como un caso emblemático de esta “intervención moderada” (pdf). Sin embargo, igualmente importante desde el punto de vista de la actual política de seguridad y defensa de Estados Unidos (pdf), Colombia es única debido a su prolongada y madura colaboración militar bilateral, sobre todo con las Fuerzas de Operaciones Especiales, cuya presencia en el país se ha extendido por medio siglo.
Como veterano periodista y autor, Robert D. Kaplan observa de forma premonitoria, cómo Colombia se convirtió en un caso de prueba para las tácticas que Estados Unidos emplearía para gestionar complejos problemas globales. Según un general retirado del ejército entrevistado por Kaplan, con el fin de vigilar el mundo “usted produce un producto y lo suelta”. Lo que surgió de Colombia era exactamente esto: un modelo de cooperación en seguridad diseñado no sólo para mejorar la propia seguridad interna de ese país, sino también aplicable a cambios en los objetivos de seguridad de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental y en otras partes.
Los ocios indígenas son el “eje estratégico” de este modelo de “intervención moderada”. Trabajar “por, con y a través de” ellos (un dicho frecuentemente repetido por funcionarios estadounidenses y analistas militares) permite obtener resultados a un menor costo material y político. Por otra parte, el uso de terceros “representantes” crea una “negación plausible”: la negación del conocimiento o responsabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. La cooperación por medio de representantes se basa en un espíritu de cuerpo cultivado a través de un prolongado y reiterado compromiso con sus homólogos extranjeros; la existencia de relaciones personales de primer nombre; la creación de elementos de enlace para garantizar la conectividad y el apoyo a los objetivos del país de acogida con el fin de desarrollar un propósito común. Mientras continúa la construcción de capacidad, madura “lo mejor de lo mejor” de los militares locales, y los policías se gradúan de funciones internas para ser proveedores de regionales o mundiales.
Según los analistas de seguridad Jim Thomas y Christopher Dougherty, “Colombia es…un ‘nido exportador de seguridad’, capacitando los antinarcóticos de numerosos países de Latinoamérica, el Caribe y África Occidental”, y por lo tanto un nodo clave de una emergente red global de Fuerzas de Operaciones Especiales. Esta opinión es compartida por el ex comandante militar y director de la CIA, David Petraeus, quien considera a Colombia como uno de los más firmes aliados de Washington en el mundo; uno con mejor disposición que Estados Unidos para ayudar a regiones como Centroamérica.
Colombia ayudando a otros
Hasta mediados de 2000, las solicitudes externas de cooperación para la seguridad de Colombia fueron tratadas de manera ad-hoc y poco sistemática. Aunque los últimos años del gobierno de Uribe vieron los intentos para hacer un uso más sistemático del conocimiento (know-how) sobre seguridad de las fuerzas armadas, pocos gobiernos querían ser vistos trabajando abiertamente con el presidente de Colombia, dado su discurso de línea dura antiterrorista. La elección de Juan Manuel Santos en 2010 proporcionó una oportunidad única para avanzar en este esfuerzo. Santos se dispuso a cambiar las narrativas predominantes sobre Colombia como un Estado fallido, con un débil historial de derechos humanos y unas instituciones democráticas deficientes. Paralelamente a este cambio, en el discurso oficial Santos colocó la cooperación en seguridad en el centro de la política exterior.
El gobierno de Santos bautizó a este programa la “Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral”, y encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (MRE) como portavoz civil, responsable de interactuar con los gobiernos extranjeros y coordinar los esfuerzos específicos de cooperación con el Ministerio de Defensa, el CNP, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC). Según el folleto del MRE, el programa ofrece un portafolio de servicios a la carta en siete áreas: desarrollo organizacional, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y capacidades operativas. Adapta la cooperación a las necesidades de cada país a través de un proceso de cuatro etapas, que consiste en un diagnóstico inicial en seguridad y capacidad institucional; planificación y recaudación de fondos; ejecución; y seguimiento y evaluación. La información específica sobre las iniciativas de cooperación individual no está disponible públicamente.
Con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2012, la “diplomacia de seguridad” del país, como lo llama el Ministerio de Defensa (pdf), adquirió una urgencia adicional. Debido a que Colombia tiene la segunda fuerza militar y policial más grande de Latinoamérica (después de Brasil), con más de 450.000 miembros, un cierto recorte de personal es inevitable en la mayoría de los escenarios post-conflicto. El informe de 2013 del Ministerio de Defensa al Congreso expuso el plan de juego del gobierno de Santos de poner esta capacidad excedente en uso en el extranjero. Además de la creciente cooperación en seguridad internacional, en junio de 2013 Colombia firmó un acuerdo con la OTAN, la primera de su tipo con un país de Latinoamérica, con miras a aumentar su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz.
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Paralelo a los propios esfuerzos de Colombia para convertirse en un exportador de seguridad, en febrero de 2012 inició un Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Estratégica (HLSSD) con Estados Unidos. Varios meses después, en la Cumbre de las Américas en Cartagena, los presidentes Santos y Obama anunciaron un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional para apoyar la construcción de capacidad en Centroamérica, el Caribe, y, finalmente, en África Occidental. El Grupo de Coordinación para la Cooperación en Seguridad (SCCG) posteriormente tuvo la tarea de desarrollar determinados aspectos del Plan de Acción.
La reciente creación de una División de Cooperación Internacional en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una parte de US$15 millones del presupuesto en la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de 2014, sugiere que la cooperación en seguridad triangulada no es una moda pasajera. Esta División está cargada del vínculo entre las misiones diplomáticas estadounidenses en terceros países, los representantes estatales de terceros países (civiles y militares), y los actores colombianos, principalmente el Ministerio de Defensa y el CNP. El hecho de que su personal incluya a un coronel de la policía colombiano retirado, a un sargento de la policía colombiana activo y dos civiles colombianos, también apunta a un grado sin precedentes de arraigo y confianza bilateral.
Funcionarios de ambos países sostienen que los esfuerzos de seguridad conjuntos en el extranjero juegan un papel clave en lograr sus respectivos objetivos: para Colombia, con una proyección de liderazgo regional y mundial, y la planificación para el post-conflicto, y para Estados Unidos, interrumpiendo el flujo de drogas ilegales a través de sus fronteras y combatiendo la violencia y la debilidad del Estado en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, también reconocen el valor político y estratégico de Colombia como un delegado de Estados Unidos, y que el uso de las instalaciones y entrenadores colombianos puede ser hasta cuatro veces más barato que el uso de los activos estadounidenses.
Más preguntas que respuestas
A pesar del entusiasmo de ambos gobiernos, que incluye la visualización de la cooperación en seguridad internacional entre Colombia y Estados Unidos como algo que puede ser implementado en otros lugares, este modelo plantea más preguntas que respuestas.
a. ¿Colombia es realmente una historia exitosa?
Las cifras del Ministerio de Defensa de Colombia (pdf) indican que entre 2000 y 2013, los homicidios en Colombia se redujeron en un 43 por ciento, los secuestros en un 95 por ciento, y los ataques terroristas en un 47 por ciento. No menos impresionante, el desempleo se redujo a la mitad y los niveles de pobreza bajaron del 50 por ciento al 34 por ciento. A pesar de estas mejoras, el jurado todavía está fuera en términos de cómo ponderar el éxito y los fracasos de Colombia. Como lo advirtió Adam Isacson de WOLA en 2010, los avances en seguridad son “parciales…y agobiados por ‘daños colaterales’”.
Si bien el progreso de Colombia es alentador, su tasa de homicidios se mantiene por encima de 30 por cada 100.000 habitantes, peor que México y casi igual que Guatemala. Otros indicadores de la violencia, incluyendo los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en combate, la extorsión de las empresas y los ataques a la infraestructura, permanecen obstinadamente altos, o han incluso aumentado. Y tanto la guerrilla como los “nuevos” grupos paramilitares, aunque más débiles que hace una década, siguen siendo algunos de los más grandes insurgentes y grupos ilegales en la historia de Latinoamérica.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el número de personas desplazadas en Colombia es de una horrible cifra de 5´700.000, lo que equivale al 15 por ciento de la población nacional. El informe de 2013 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elogia las políticas del gobierno, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, pero pone de relieve importantes deficiencias en su aplicación, mientras que identifica otros problemas graves en términos de derechos humanos. Entre estos, los continuos asesinatos y amenazas contra activistas de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, y los bajos índices de condena por violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, en particular el escándalo de “falsos positivos”, que involucra más de 3.000 asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas. La lentitud judicial al investigar y condenar a unos 700 funcionarios públicos electos y designados acusados ??de connivencia con los grupos paramilitares, apunta de manera más general al problema de la impunidad en Colombia.
Si bien la pobreza ha disminuido, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que en el campo llegó a 46,8 por ciento en 2012, lo que sugiere un aumento de la brecha entre las zonas urbanas y rurales. La desigualdad también se ha mantenido obstinadamente alta en la última década; Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con el 12avo mayor coeficiente de GINI de ingresos entre los 101 países evaluados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD 2013: 152-5). No menos importante, en todo el territorio nacional, la capacidad burocrática y la infraestructura, indispensables para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, siguen siendo muy escasas (pdf).
b . ¿Qué se está exportando, por quién, a quién y con qué efecto?
La falta de conocimiento del público sobre la cooperación en seguridad, tanto de la cooperación en seguridad unilateral de Colombia y la triangulada entre Colombia y Estados Unidos en terceros países, limita severamente la posibilidad de una supervisión ciudadana independiente. Más allá de los anuncios oficiales de la estrategia, y los ocasionales y anecdóticos reportes de prensa, hay poca información disponible sobre el alcance y la naturaleza de la capacitación de Colombia. Si bien la ley de ayuda exterior requiere que Estados Unidos informe al Congreso con cierto detalle sobre su propia formación en el extranjero, estos informes no incluyen ninguna mención de las actividades financiadas por Estados Unidos llevadas a cabo por las fuerzas colombianas. Esto distorsiona el reportaje de Estados Unidos a los supervisores del Congreso. Cuando el entrenamiento realizado por los colombianos es retirado del cuadro, la capacitación de miles de personas dentro de la Iniciativa Mérida y los marcos de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana se vuelven invisibles para el público.
Durante 2013, el Plan de Acción de Estados Unidos y Colombia sobre la Cooperación en Seguridad Regional identificó un conjunto de prioridades de capacitación en Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, entre ellas: delitos financieros y activos de decomiso, actividades de inteligencia, laboratorios antidrogas, protección judicial y fiscal, operaciones básicas ribereñas, operaciones en pequeñas lanchas, respuestas tácticas, aplicación del polígrafo, interdicción terrestre, pilotos fijos y rotativos, manejo de informantes, asalto aéreo, testimonio de la policía, seguridad ciudadana, y operaciones de asuntos civiles. Sin embargo, los nombres de las unidades de la policía (y militares) que porporcionan y reciben capacitación en cada país, el título y el contenido de los diferentes cursos de formación, las fuentes de financiación de alumnos, y el costo total de la formación siguen siendo desconocidos.
Además, los mecanismos de evaluación para medir el impacto de esta cooperación en seguridad son débiles. Las autoridades colombianas reconocen que pocos indicadores concretos están en el lugar para evaluar su éxito o fracaso. La eficacia de la cooperación en seguridad de Estados Unidos también ha sido objeto de un intenso debate durante los últimos años (pdf). Con el fin de aumentar su eficiencia y sostenibilidad, los funcionarios responsables han puesto énfasis en mejorar la coordinación entre los donantes y receptores; alinear la cooperación con los objetivos y las capacidades de los países receptores; mejorar la construcción de capacidad local; involucrar a los ciudadanos en los esfuerzos de cooperación; y mejorar los mecanismos de evaluación.
Aunque el éxito se mide normalmente a través de indicadores cuantitativos, como el precio/pureza de los narcóticos, la cantidad de arrestos por drogas e incautación de drogas, número de personal capacitado y tasas de homicidio, estas estadísticas son cada vez más reconocidas como pobres indicadores del impacto de la cooperación en seguridad. Peor aún, ciertos indicadores, como las bajas “enemigas”, han llevado a prácticas ilegales como los “falsos positivos” en Colombia (y, en cierta medida, Honduras).
c. El control civil es débil
Aunque catalogado como un programa lanzado de cooperación para la seguridad civil, en la práctica, el Ministerio de Defensa de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, y en menor medida, otras ramas de las fuerzas armadas, claramente se encuentran a la cabeza. Más allá de su función oficial de enlace entre el gobierno colombiano y otros gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad necesaria para participar directamente en la planificación y operación día a día de las iniciativas específicas. Aunque su asesor clave es un exjefe de la policía, el general (retirado) Rosso José Serrano, los lazos tradicionales, directos y cercanos, de este funcionario con numerosas agencias de seguridad de Latinoamérica y Estados Unidos, hacen que sea razonable suponer que la propia voz institucional del ministerio sea bastante pequeña. De hecho, los CNP y el Ministerio de Defensa, no el de Relaciones Exteriores, son los principales interlocutores del programa en NAS, al igual que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
En cuanto a los derechos humanos, las autoridades colombianas afirman que la totalidad de sus programas internacionales de formación utilizan los mismos protocolos empleados dentro de las fuerzas armadas colombianas. Colombia carece de los medios necesarios para investigar los derechos humanos, identificando los potenciales beneficiarios de la ayuda, para asegurarse de que conocidos abusadores no se beneficiarán. Estados Unidos alega que llevar esto a cabo para todas las solicitudes de cooperación recibidas, a pesar de la falta de transparencia que rodea el programa, ha hecho que esto sea imposible de verificar. Aunque los funcionarios estadounidenses entrevistados afirman que los potenciales beneficiarios de la capacitación colombiana, financiada ya sea por Estados Unidos u otros, sean examinados, es menos claro si los propios entrenadores colombianos están sujetos a investigación o no. Además, pocos mecanismos distintos de investigación de los derechos humanos parecen estar en su lugar para garantizar que las “peores” prácticas, como la corrupción y la impunidad, no sean transferidas por instructores colombianos junto con las “mejores”.
d. Se están reproduciendo los principios básicos de la “guerra contra las drogas”
Los llamados a repensar la inclinación prohibicionista y militarista de la política actual de drogas han surgido de innumerables rincones del Hemisferio Occidental, incluyendo Estados Unidos (pdf). No es poca ironía que Juan Manuel Santos, el primer presidente en ejercicio en el mundo en hacer una petición pública para un debate informado y sincero sobre las ventajas y las deficiencias de las estrategias existentes, también esté exportando, de la mano con Estados Unidos, algunos de los elementos básicos de las políticas que según él merecen un examen más detenido. Queda por discutir si los programas de entrenamiento antinarcóticos existentes se pueden acomodar a las necesidades de seguridad ciudadana de los países que reciben la cooperación colombo-estadounidense, sin reproducir la desacreditada, y a menudo destructiva, lógica de la “guerra contra las drogas”.
Para la elaboración de este informe los siguientes funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Estados Unidos, concedieron entrevistas con la condición de que sus opiniones específicas permanecieran en anonimato: María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Paty Londoño, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Michael McKinley, exembajador de Estados Unidos en Colombia; William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional; James Story, Director de la Sección de Asuntos Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Carl Gettinger, exdirector de la División de Coordinación Internacional, Sección de Asuntos de Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Gabriel Silva Luján, exembajador de Colombia en Estados Unidos, exministro de Defensa, Vicente Echandía, exministro Consejero en la Embajada de Colombia en Washington, D.C; el general (r) Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia; Coronel Joaquín Buitrago, jefe de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia; el general (r) Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y asesor de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra docena de funcionarios a quienes entrevisté pidieron que sus nombres no fueran incluidos.
*Arlene B. Tickner es profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Bogotá. También es miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.