La ayuda económica de Estados Unidos a Centroamérica se reducirá en 2017. Aunque los informes de prensa se han enfocado en las diferencias en los totales asignados, todavía no está claro en qué sectores exactamente se harán los recortes y cómo estos afectarán a la región.
La semana pasada se publicaron informes en Prensa Libre, de Guatemala, y La Prensa, de Honduras, en los que se señala que Estados Unidos asignará US$95 millones menos en ayuda a Centroamérica en 2017 con respecto a 2016. Si bien esto es cierto, una cuidadosa revisión de los documentos del presupuesto federal de Estados Unidos muestra que los recortes son más complejos de lo que parece.
InSight Cime analizó los fondos destinados a la región del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras— para las llamadas medidas de “línea dura” (por ejemplo, la ayuda militar) y las medidas de “línea blanda” (como la ayuda para el desarrollo).
En el año fiscal 2016, el Congreso de Estados Unidos asignó US$750 millones de su presupuesto anual a Centroamérica. El Congreso asignó US$270 millones a la región del Triángulo Norte en ayuda de “línea blanda” para el desarrollo, US$2,5 millones para entrenamiento y educación castrense y US$8,14 millones para programas de financiamiento militar.
La cantidad de dinero adjudicado para estos programas en el Triángulo Norte en 2017 fue más o menos la misma.
Para el año fiscal 2017, el Congreso volvió a asignar US$270 millones en ayuda para el desarrollo en El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, los recursos para la educación y el entrenamiento militar disminuyeron ligeramente, pasando a US$2,4 millones, mientras que el financiamiento militar se mantuvo estable, en US$8,14 millones.
Sin embargo, en algunos programas sí hubo recortes en la financiación.
Los programas de educación y entrenamiento militar en el Triángulo Norte y la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI por sus iniciales en inglés) fueron las dos áreas del programa que tuvieron leves recortes de financiación entre 2016 y 2017. Los programas de educación y entrenamiento militar obtuvieron unos US$125.000 menos, y el programa CARSI recibió US$329,2 millones en 2017, aproximadamente US$19 millones menos que los US$348,5 millones que recibió en 2016.
Mientras que en el año 2016 el dinero destinado al programa CARSI fue canalizado a través del Fondo de Apoyo Económico (ESF por sus iniciales en inglés) y el Programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), para 2017 todo el dinero asignado a CARSI proviene del ESF.
Los fondos del ESF pueden utilizarse bien sea para ayuda en línea dura o blanda. En 2016, se asignaron US$183,5 millones a este fondo, de los cuales US$126,5 millones se asignaron a CARSI. Sin embargo, para 2017, la ESF tuvo un recorte de unos US$80 millones: al fondo sólo se le adjudicaron US$104,2 millones, todos los cuales se le asignaron a CARSI.
En otras palabras, para la región en su conjunto, la mayoría de los recortes se hicieron en los programas de línea blanda, como la ayuda para el desarrollo y la economía, mientras que los programas de seguridad de línea dura recibieron niveles similares de financiación. En total, al Triángulo Norte se le asignaron US$655 millones en el año 2017, US$95 millones menos que los US$750 millones adjudicados el año pasado.
Es importante recordar que estas asignaciones son un barómetro del nivel de apoyo que reciben estos programas de parte del Congreso, pero no tienen necesariamente una relación directa con la cantidad de dinero que se realmente invierte. Estas asignaciones actúan como un tope. Las agencias pueden gastar menos de la cantidad asignada, pero no más.
Por ejemplo, según un informe de la Oficina de Contraloría del Gobierno (Government Accountability Office), entre 2008 y 2011 se asignaron US$28,8 millones para CARSI en El Salvador, pero realmente sólo se desembolsaron unos US$6 millones. Durante ese mismo tiempo, en Honduras se asignaron US$23,2 millones, pero sólo se desembolsaron unos US$4 millones. En Guatemala se asignaron unos US$55 millones en esos cuatro años, pero sólo se desembolsaron US$9,4 millones.
Análisis de InSight Crime
Informar sobre el presupuesto federal de Estados Unidos es difícil. Pero, presentar e interpretar correctamente las abundantes y a veces confusas cifras es vital para tener un panorama claro de la política exterior de Estados Unidos. El presupuesto federal estadounidense es sin duda uno de los documentos más importantes relacionados con la ayuda exterior. Por lo tanto, ofrece una perspectiva importante sobre la manera como el país planea abordar diversos asuntos de seguridad nacional e internacional.
En los últimos años, la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica ha tendido a centrarse en las medidas de línea blanda dirigidas a la asistencia para el desarrollo y la ayuda económica. Sin embargo, esta situación podría cambiar durante la actual administración del presidente Donald Trump.
Aunque hasta el momento ha habido diversas señales acerca de cuáles serán las políticas de la administración Trump con respecto a Centroamérica, la administración ha anunciado que planea hacer grandes recortes en la ayuda exterior de línea blanda en la región. Y los recortes de 2017 en la financiación dirigida a Centroamérica ofrecen algunas pruebas de que el Congreso está dispuesto a apoyar estas nuevas políticas.
InSight Crime consultó a algunos expertos en asuntos presupuestales de defensa y ayuda internacional de Estados Unidos, quienes explicaron que, aunque en el año 2017 hubo recortes significativos en los fondos destinados a Centroamérica, la cantidad total asignada a la región es superior a los US$560 millones que se asignaron en el año 2015 y a los montos adjudicados en años anteriores. Aun así, los recortes para 2017 son sin duda significativos.
En particular, los expertos señalan el hecho de que la mayoría de los recortes de 2017 afectaron la asistencia de línea blanda y no la de línea dura. Esto no es sorprendente, dado que el Congreso estadounidense está actualmente controlado por el Partido Republicano, que tiende a favorecer la ayuda de seguridad de línea dura. Encaja además con la retórica de Trump de “Estados Unidos primero”, que básicamente consiste en que el país no debe tratar de ayudar a otros países a superar sus problemas de desarrollo.
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Como otro ejemplo de esta dinámica, Reuters informó la semana pasada que la administración Trump está presionando a México para que ayude aún más a “detener el flujo de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza” en Centroamérica, pasando la responsabilidad de Estados Unidos a su vecino del sur. Aun así, no está claro qué más puede hacer el país. Los funcionarios locales le dijeron a Reuters que “México carece de los recursos para invertir significativamente en la región”.
Presionado por la administración del predecesor de Trump, Barack Obama, en el año 2015, México intensificó las deportaciones de ciudadanos centroamericanos indocumentados para que no pudieran llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Es posible que México continúe o expanda esta estrategia policiva, pero es muy poco probable que el país esté dispuesto o que pueda llenar los vacíos que dejan los recortes multimillonarios de la ayuda de Estados Unidos en Centroamérica.
Aún quedan muchos interrogantes sobre la dirección que tomará la política de estadounidense en Centroamérica durante la administración Trump. Sin embargo, puede haber cierta continuidad con las políticas de la administración Obama. Varias personas que ocuparon puestos importantes durante la administración demócrata han permanecido en la nueva administración o comenzaron a trabajar con ella. Por ejemplo, el actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), John Kelly, se desempeñó durante la administración Obama como director del Comando Sur, el cual está encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, y William Brownfield ha sido el Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) desde enero de 2011.