Tras la estrecha victoria de quienes se oponían al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC, InSight Crime compara el acuerdo de justicia transicional con el que se pactó hace una década con los paramilitares de extrema derecha.
Contrario a lo que pronosticaban prácticamente todas las encuestas, los colombianos votaron el 2 de octubre en contra del acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande y antiguo del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos de los puntos más polémicos que influyeron para que la balanza se inclinara en contra del acuerdo se refieren a las indulgencias jurídicas —e incluso a los beneficios políticos— concedidas a los miembros de las FARC involucrados en actividades criminales.
El acuerdo pactado con las FARC suele ser comparado con la “Ley de Justicia y Paz”, la legislación aprobada en 2005 para permitir la desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha. En efecto, muchos de los puntos importantes del acuerdo con las FARC son similares a los del acuerdo con los paramilitares, a pesar de algunas diferencias leves, pero importantes, que en última instancia son consideradas inaceptables por una leve mayoría de los colombianos en el caso de las FARC.
Aquí están algunos de estos puntos:
1. Impunidad
Uno de los principales argumentos contra el acuerdo de paz de Colombia con las FARC consiste en que el grupo guerrillero no recibiría suficiente castigo por los crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto. Un punto bastante polémico del acuerdo es el relativo a que los combatientes de las FARC que reconozcan sus crímenes no pagarán penas de prisión “bajo ninguna circunstancia”. El acuerdo de paz les ofreció a los guerrilleros “la más amplia amnistía posible”, mientras que los responsables de las más graves violaciones de derechos humanos —como masacres, secuestros y desapariciones—enfrentarían “restricciones a la libertad” por un periodo de cinco a ocho años.
Por otro lado, el narcotráfico sería considerado un delito político —y por lo tanto excusable—. Además, se prohibió explícitamente la extradición de los miembros de las FARC.
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Por el contrario, los paramilitares de extrema derecha que se acogieron a la “Ley de Justicia y Paz” del país en 2005 recibieron penas de cárcel de entre cinco y ocho años. Y aunque la amnistía estuvo inicialmente sobre la mesa de conversaciones para los paramilitares que no hubieran sido responsables por delitos graves, ella fue declarada inconstitucional en 2007. Sin embargo, finalmente muchos no pagaron penas de prisión, y una ley de 2010 les ofreció posteriormente libertad condicional. El narcotráfico no fue considerado un crimen excusable.
Aunque para muchos es difícil aceptarlo, las “restricciones a la libertad” de los miembros de las FARC pudo haber beneficiado a Colombia después de la firma del acuerdo más que si hubieran cumplido penas de prisión. Dentro de las sentencias alternativas se encontraban la participación en proyectos como programas de sustitución de cultivos, eliminación de minas antipersona y construcción de infraestructura —todas las cuales son tareas importantes para el desarrollo rural, que es uno de los componentes clave de los acuerdos de paz—.
También hay diferencias entre el proceso de desmovilización de los paramilitares y la planificada desmovilización de las FARC. Para las AUC, se trató de un procedimiento laxo que les permitió a los jefes criminales desmovilizarse junto con paramilitares y comandantes para pasar como si fueran miembros de sus filas y de esa manera evadir las penas de prisión y continuar con sus actividades de narcotráfico. La planificada desmovilización de las FARC hubiera sido un proceso mucho más regulado, con listas de miembros que serían sometidas a verificación por agentes de inteligencia del Estado.
2. Dinero
Los opositores al acuerdo de paz sostienen que el acuerdo no exigía que el grupo guerrillero ofreciera suficiente reparación a las víctimas, y por el contrario cada guerrillero desmovilizado recibiría un máximo de US$8.500 a manera de subsidios del Estado durante los próximos dos años.
El acuerdo al parecer era débil en lo relativo al patrimonio ilegal de las FARC, que según algunas estimaciones podría ascender a varios miles de millones de dólares. No exigía explícitamente que los guerrilleros entregaran todos sus activos. El acuerdo exigía que las FARC ofrecieran “reparación material”, pero no presentó ninguna definición clara de ese ambiguo término. Esencialmente, el acuerdo dejaba este aspecto en gran parte a la voluntad de los miembros de las FARC para mencionar e identificar sus activos —un proceso que supuestamente ya estaba en marcha—. Pero hasta el momento, la organización guerrillera se ha negado constantemente a reconocer sus ganancias criminales, y gran parte de sus tierras permanecen ocultas a nombres de testaferros. De modo que gran parte de su riqueza puede permanecer en secreto.
Además, el acuerdo habría permitido que las anteriores confiscaciones de activos de las FARC fueran reevaluadas, siempre y cuando sus dueños anteriores pudieran comprobar que las tierras no fueron compradas con fondos mal habidos.
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En el caso de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz les exigió entregar “los activos obtenidos mediante actividades ilegales”, o de lo contrario no recibirán los beneficios judiciales. Sin embargo, las autoridades colombianas no estaban preparadas para la avalancha de información que iban a recibir. Dado que carecía de los recursos y las herramientas jurídicas para recibir todos los activos descubiertos, a la Fiscalía General de la Nación le tomó años confiscar la primera propiedad.
Como resultado, muchos territorios quedaron en manos de grupos criminales, y algunos de ellos siguen siendo centros de actividad criminal. Por ejemplo, la minería ilegal se lleva a cabo en parcelas de tierra en el departamento de Antioquia que pertenecen a los altos comandantes de las AUC Ramiro “Cuco” Vanoy y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. También ha habido informes de personas que han sido amenazadas o asesinadas por comprar propiedades confiscadas en sitios de subastas.
Hay quienes afirman también que los activos entregados por los paramilitares no fueron suficientes para cubrir los costos de las reparaciones. Según la abogada Laura Gutiérrez, la Unidad de Víctimas del gobierno ha dicho que sólo el tres por ciento de las reparaciones fueron pagadas con recursos de los paramilitares.
3. Política
El acuerdo de paz con las FARC establece que ninguna de las sanciones impuestas durante el proceso de justicia transicional impedirá que los miembros de las FARC participen en la política nacional. Además, el partido político conformado por las FARC tendría diez escaños garantizados en el Congreso —cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes— durante dos periodos de cuatro años a partir de 2018. Muchos de los que votaron contra el acuerdo de paz se oponían radicalmente a la posibilidad de que los líderes de las FARC que habían cometido atrocidades ocuparan de manera automática posiciones en el Congreso. Esta transición a la política es una oportunidad que no tuvieron las AUC —las cuales no estaban interesadas en convertirse en un movimiento político—.
Sin embargo, es importante recordar la historia de las FARC. En la década de los ochenta, durante un proceso de negociación de paz anterior, los guerrilleros crearon un partido político denominado Unión Patriótica (UP), destinado a servir como medio de transición hacia el sistema político. Sin embargo, los miembros de la UP fueron masacrados —sus dos primeros candidatos presidenciales fueron asesinados y miles de sus miembros murieron a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares—. La concesión del gobierno en cuanto a representación política buscaba enmendar el error por la falta de protección a la UP en la década de los ochenta.
4. Marco temporal
El acuerdo con las FARC estableció un claro cronograma para el proceso de desarme de la guerrilla, estipulando que los combatientes comenzarían a trasladarse a las zonas de concentración del país tan pronto como el acuerdo se firmara el 26 de septiembre. Además, sus armas serían entregadas a los representantes de las Naciones Unidas durante un período de seis meses.
En el proceso con las AUC no hubo calendario, así como tampoco hubo ningún plebiscito para evaluar la aceptación del acuerdo por el pueblo colombiano.
Para las FARC y para Colombia, la victoria del “No” en las votaciones del 2 de octubre ha dejado en vilo todas estas medidas, y es difícil predecir lo que ocurrirá a continuación. Hay un riesgo real de que las FARC comiencen a desarticularse. Los miembros de un frente guerrillero que tiene profundos vínculos con el tráfico de drogas ilícitas ya se han opuesto al acuerdo y dijeron que no se desmovilizarán. El rechazo a los acuerdos de paz aumenta la probabilidad de que otros elementos de las FARC sigan su camino.
De hecho, a mediados de la primera década de este siglo la desmovilización de los paramilitares tardó aproximadamente tres años. Durante ese período, algunas facciones paramilitares expandieron su control territorial en zonas que otros paramilitares habían desocupado, mientras las armas estaban siendo redistribuidas entre estos grupos y más civiles estaban siendo víctimas.
El camino hacia la paz es largo. Después del 2 de octubre, se ha vuelto aún más largo.