El decomiso de activos en Latinoamérica puede ser una poderosa herramienta contra el crimen organizado, pero está plagado de obstáculos legales y morales.
El 7 de octubre de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos incluyó al gran empresario hondureño Jaime Rosenthal Oliva, a su hijo Yani y a su sobrino Yankel en la “Lista de Capos” (“Kingpin List”), denominándolos y sancionándolos como “narcotraficantes con designación especial”.
La inclusión en dicha lista se dio de manera paralela a una acusación contra los tres hombres y su abogado, y dio pie a una serie de confiscaciones, que incluyen el Banco Continental, propiedad de los Rosenthal, el primer banco en ser incluido en la lista de la OFAC. En cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Honduras también confiscó, entre otras cosas, varias compañías comerciales y lujosas residencias, según informó La Prensa.
El mensaje fue claro, pero también lo fue el impacto. Al menos 12.000 personas quedaron sin empleo. En un país en el cual, según el Banco Mundial, en 2016 dos tercios de la población vivía en la pobreza, y donde la tasa de desempleo fue de 7.3 por ciento en 2015, éste fue un duro golpe a la economía.
Además, los Rosenthal y su abogado no habían sido condenados por ningún delito. Su respuesta consistió en pedirles a las autoridades hondureñas que “detuvieran inmediatamente los hostigamientos y las desproporcionadas medidas [que se estaban tomando] contra el Grupo Continental y la familia Rosenthal”.
El caso Rosenthal puso de presente los problemas del decomiso de activos, la práctica de confiscar los bienes presuntamente obtenidos por medios criminales o utilizados para cometer crímenes. Si bien puede ser una herramienta eficaz contra el crimen organizado, esta práctica también puede tener altos costos sociales y políticos. Y, como lo ilustran las protestas de los Rosenthal, en muchos casos en los que se ha aplicado hay evidentes faltas al debido proceso.
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Las políticas de confiscación de activos son relativamente nuevas en Latinoamérica. En 1996, Colombia se convirtió en el primer país de la región en implementar una ley de confiscación de activos, a la que posteriormente, en el 2014, se le introdujeron algunas reformas. Actualmente, 12 países de la región cuentan con leyes de confiscación de activos, y algunos otros están considerando aplicarlas o están en el proceso de hacerlo.
Normalmente, las autoridades utilizan las leyes de confiscación de activos en casos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, desde el principio los fiscales enfrentan obstáculos. A veces los bienes ilegales son claramente propiedad de los delincuentes o utilizados por ellos, pero en otros casos es mucho más difícil demostrar estos vínculos.
Estos obstáculos permanecen durante los juicios. Las lagunas en el debido proceso, las dificultades en la colaboración bilateral y la corrupción rampante son los mayores problemas que enfrentan los fiscales. Estas dificultades afectan directamente la eficacia de estas políticas.
Las regulaciones para los procedimientos de incautación de activos varían en toda la región, y en algunos casos no se requiere de una condena para que los bienes ilegales puedan ser incautados. Esto ha generado inquietudes por abusos y faltas en el debido proceso, lo que limita la efectividad de estas políticas.
Así como en el caso de los Rosenthal, el debido proceso fue cuestionado después de que autoridades de Estados Unidos y Colombia incautaran cientos de farmacias que hacían parte de la cadena colombiana Drogas La Rebaja.
El 14 de septiembre de 2004, la OFAC 400 tiendas en 28 ciudades a los dueños de la cadena de farmacias en su lista de narcotraficantes con designación especial, con vínculos ilícitos con el Cartel de Cali, Colombia. Según Associated Press, tres días después el gobierno colombiano embargó más de “400 tiendas en 28 ciudades en todo el país que llevaban el nombre de Drogas La Rebaja”.
Este caso llevó a plantear las mismas preguntas morales y legales que en el de los Rosenthal. Tras las confiscaciones, miles de colombianos quedaron sin trabajo, y el debido proceso se cuestionó una vez más, con consecuencias políticas y sociales.
Finalmente, la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia tomó el control de la empresa, y más tarde legalizó la cadena de farmacias. Hoy en día, Drogas La Rebaja es una de las cadenas farmacéuticas más grandes de Colombia, con puntos de venta en todo el país.
En El Salvador también se está intentando mejorar el debido proceso.
El pasado mes de mayo, miembros de los tres principales partidos políticos de El Salvador firmaron una propuesta de reforma de la ley de confiscación de activos del país, que permitirá preservar los activos en cuestión antes de que se dicte una sentencia definitiva.
Según la ley actual, los activos en cuestión puestos bajo medida cautelar van directamente al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), sin que se haga previamente un juicio definitivo, como informó La Prensa Gráfica.
Sin embargo, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, considera que hay una especie de “conspiración” contra la ley, que ha llevado a que se hagan propuestas de reforma, alegando que los legisladores sólo comenzaron a criticar la ley después de que los fiscales empezaron a congelar los activos de funcionarios o de grandes redes criminales. Aun así, las reformas propuestas a la ley de confiscación de activos del país fueron aprobadas el 18 de julio.
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Si bien en algunos casos los activos en cuestión están evidentemente vinculados a actividades criminales, en otros casos la relación no es tan clara. Reformas como la de El Salvador deberían idealmente obligar a los fiscales a demostrar su caso de manera sólida antes de que los activos puedan ser confiscados. Pero incluso así, esto puede tomar años.
Como en el caso de los Rosenthal, Estados Unidos ha tratado de impulsar las políticas de confiscación de activos como una herramienta eficaz. Actualmente, Estados Unidos tiene “acuerdos ejecutivos bilaterales para la cooperación en las confiscaciones” con 20 países latinoamericanos, como Colombia, República Dominicana, Ecuador y México.
La cooperación bilateral ha demostrado ser efectiva en algunas ocasiones. En 2012, la Fiscalía General de Estados Unidos acordó compartir US$6 millones en fondos decomisados con la Fiscalía General de México, después de que ésta proporcionó “valiosa colaboración” en un caso de lavado de dinero en Estados Unidos. Por otro lado, después de que Estados Unidos y República Dominicana firmaron un “acuerdo permanente de partición de activos incautados” en 2012, se han compartido más de US$3 millones en activos, según el Departamento de Estado.
Pero a veces no hay suficiente cooperación, como dice el exfiscal federal Stefan Cassella, quien fue uno de los principales expertos del gobierno estadounidense en cuanto a la ley de confiscación de activos y en muchos casos en Latinoamérica. Cassella dice que, en su experiencia, tuvo las mayores dificultades cuando se trataba de enjuiciar casos de decomiso de activos en los que el delito había sido cometido en un país, pero la propiedad se encontraba en otro.
“El mayor obstáculo para el enjuiciamiento efectivo de los casos internacionales en los que se busca recuperar las ganancias es la incapacidad para registrar y hacer cumplir los dictámenes de confiscación de ambas partes”, le dijo Cassella a InSight Crime, agregando que los criminales “mueven dinero impunemente a través de las fronteras, pero a veces estamos limitados por asuntos de soberanía”.
Hay evidencias que confirman sus experiencias. En 2016, en un caso que involucró a Estados Unidos y El Salvador, un juez de Florida encontró causa probable para iniciar un procedimiento de confiscación de cuatro aviones que se creía que estaban ilegalmente registrados en Estados Unidos y que estaban vinculados a un influyente empresario salvadoreño, José Enrique Rais, y a su presunta participación en contrabando y actividades de tráfico de drogas.
Sólo dos meses después, el mismo juez de Florida ordenó la devolución de varios aviones a Rais, después de que se descartó el caso de confiscación. A pesar de ello, según le dijeron a InSight Crime fuentes cercanas a las autoridades federales de Estados Unidos, en ese momento Rais seguía siendo una “persona de interés” para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), además de ser el “centro de una investigación” del tribunal de ética de El Salvador.
Incluso si Estados Unidos puede adelantar en temas de cooperación bilateral, a menudo hay carencias en el debido proceso. Tratar de que exista el debido proceso es muy diferente a que en efecto haya debido proceso. Por ejemplo, en el caso de los Rosenthal, no se abrió ninguna investigación sobre sus presuntas actividades ilícitas en Honduras.
Yani (el hijo de Jaime Rosenthal), su sobrino Yankel y su abogado están en Estados Unidos enfrentando los cargos contra ellos. Jaime Rosenthal permanece en Honduras. En agosto de 2016, las autoridades hondureñas aún debían hacer una evaluación sobre los bienes incautados a los Rosenthal.
En un correo electrónico enviado a InSight Crime en 2015 antes de que se divulgara la acusación, Jaime Rosenthal señaló que su familia estaba haciendo lo que más podía.
“En Honduras es muy difícil ser rico y evitar sospechas de haber obtenido el dinero en transacciones ilegales”, dijo. “La gente no cree que uno pueda ser rico trabajando dura y honestamente”.