Ohio se suma a los estados de Estados Unidos que han tomado medidas legales contra los fabricantes de analgésicos opioides de venta con receta. Los intentos de suprimir la oferta legal de estos medicamentos en el país pueden reducir la demanda de drogas ilícitas similares, como la heroína, y podrían tener impacto en la cadena de suministro en México.
En una demanda interpuesta el 31 de mayo en el condado de Ross, el fiscal general de Ohio Mike DeWine acusó a cinco farmacéuticas de inducir a engaño al público sobre los riesgos del uso de opioides de venta restringida y su naturaleza adictiva.
Los productores de fármacos también negaron los riesgos de las altas dosis de opioides y encomiaron falsamente los beneficios del uso prolongado de opioides en sus materiales publicitarios y campañas de difusión, según DeWine.
Purdue Pharma LP; Janssen Pharmaceuticals Inc, división de Johnson & Johnson; una división de Endo International Plc; Cephalon, división de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., y Allergan Plc fueron las cinco firmas afectadas por la demanda.
En analgésicos a base de opioides de venta con receta, como OxyContin, de Purdue; Actiq, de Cephalon, y versiones legales de fentanilo —así como la carencia de regulación gubernamental adecuada sobre su distribución— recae la mayor parte del culpa por crear la epidemia de los opioides que actualmente causa estragos en las comunidades estadounidenses.
Muchos adictos en pueblos y ciudades de todo el país han pasado de esos analgésicos recetados a la heroína, en su mayoría procedente de México, lo que ha desatado una bonanza del crimen organizado en ese país, el fomento del cultivo de amapola y el repunte de la violencia al sur de la frontera.
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Según DeWine, a 2,3 millones de residentes en Ohio se les recetaron opioides en 2016, casi una quinta parte de la población del estado. Ohio ha sido uno de los estados más golpeados por la crisis, que mató a más de 33.000 personas por sobredosis en 2015 en todo el país. West Virginia y New Hampshire también exhibieron algunas de las tasas más altas de sobredosis ese año, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades.
El número de muertes atribuido a los medicamentos controlados (CPD) sigue superando el de las muertes por cocaína y heroína juntas, según el más reciente Resumen Nacional de Evaluación de la Amenaza de las Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), tendencia que se mantiene desde 2002.
La demanda de DeWine acusa a las empresas de violar la Ley de Prácticas de Ventas al Consumidor de Ohio, lo que constituye fraude contra Medicaid, y por la creación de un problema público mediante la difusión de declaraciones falsas y engañosas. El pleito busca impedir que las empresas puedan mostrar sus productos a base de opio de la manera como lo vienen haciendo, así como las penalidades civiles para que paguen parte de los costos de la crisis de adicción y sobredosis.
La portavoz de Janssen Jessica Castles Smith declaró en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que las demandas “son infundadas en los aspectos legal y fáctico”.
Hasta el momento ninguna otra firma ha negado las denuncias.
El pleito en Ohio sigue a acciones similares contra fabricantes legales de opioides en dos condados de California, la ciudad de Chicago, cuatro condados de Nueva York, y los estados de Mississippi y New Hampshire por sus prácticas de comercialización, venta y distribución. También se han interpuesto algunas acciones legales federales con éxito en este punto.
Los fiscales ahora apuntan a las redes de distribución en torno a los opioides de prescripción, una estrategia relativamente nueva. En los últimos meses, varios condados de West Virginia han interpuesto demandas contra los distribuidores mayoristas de fármacos McKesson Corp, Cardinal Health y AmerisourceBergen por no haber denunciado pedidos sospechosos de opioides en ese estado.
Análisis de InSight Crime
La nueva demanda del estado de Ohio, así como recientes medidas contra otros eslabones de la cadena de distribución de fármacos, son medidas oficiales adicionales esenciales para combatir la creciente adicción a los opioides y la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Centrarse en el aspecto legal de la oferta, y dirigirse a los mayoristas, además de los productores, muestra que puede imputarse a todas las partes de la cadena de suministro, y esto puede tener impacto incluso en México.
Andrew Kolodny, codirector del Colectivo para la Investigación de Políticas sobre Opioides (Opioid Policy Research Collaborative) en la Escuela de Política Social y Administración (Heller School for Social Policy and Management) aplaudió la demanda y otras de ese tipo, en parte por los pagos que puede motivar por parte de las firmas infractoras.
“Los municipios y estados que están presentando estas demandas se enfrentan ahora a un problema muy costoso”, comentó a InSight Crime, en referencia al costo del tratamiento de las adicciones e infecciones asociadas, así como al mayor gasto derivado de las consecuencias sociales, como el aumento de niños que ingresan al sistema de protección social porque sus padres se han hecho adictos.
En teoría, reducir el número de personas adictas a estos analgésicos reducirá en primer lugar el índice de sobredosis —las píldoras legales son la principal causa de muertes por opioides— y en segundo lugar la demanda de sustancias ilegales a las que recurren cuando su reserva legal se agota, léase heroína y fentanilo.
“Debemos empezar a ver reducirse el caso de adicción a opioides, y la única manera como podemos evitar que la gente se haga adicta a los opioides es con prescripciones mucho más cuidadosas y una reducción muy sustancial del consumo de opioides de prescripción en Estados Unidos, lo cual ayudará a reducir la demanda”, observó Kolodny, quien también recalcó la importancia de ofrecer tratamiento para la adicción.
Se requiere más regulación sobre los analgésicos de venta con recta, pero esa no es la única respuesta. Centrarse en la parte de la oferta, que puede dar pie a restringir la disponibilidad de algunos de esos potentes analgésicos, conlleva el riesgo de victimizar a personas con legítima necesidad de esos medicamentos para aliviar su sufrimiento. Centrarse solo en los analgésicos tiende a ignorar otros factores sociales y económicos que también incitan a las personas al uso de opioides.
Kolodny y otros expertos criticaron a la administración del expresidente Barack Obama por su lentitud en reaccionar a la epidemia de opioides. Recién en 2016 el Congreso y el presidente Obama añadieron US$1 mil millones para el tratamiento por drogas mediante la Ley de Curas del siglo XXI (21st Century Cures Act).
Ha habido cierto pesimismo por las implicaciones de algunas recientes propuestas de gasto del presidente Donald Trump para este problema. Trump —quien en su campaña a la presidencia prometió poner fin a la crisis por adicción a opioides en Estados Unidos e invertir más en el tratamiento antidrogas— ha dado y restado razones para esperar que se haga un mayor esfuerzo para revertir el problema.
Los recortes de presupuesto propuestos para Medicaid han suscitado temores de que se reduzca el tratamiento de la adicción para los adictos a la heroína y los opioides legales, lo que sería un gran impedimento en la reducción de la adicción. Pero los recortes propuestos en el gasto total en el Departamento de Justicia (DOJ) de US$1.100 millones en relación con los niveles de 2017 se suavizaron con una destinación adicional de US$198,5 millones para “reducir los crímenes violentos, combatir la epidemia de opioides y drogas de prescripción, y perseguir a las Organizaciones Criminales Transnacionales”.
Reducir la adicción en Estados Unidos y por consiguiente la demanda de heroína y fentanilo ilegales tendría un impacto en el crimen organizado en México, Colombia, Guatemala y otros países latinoamericanos, donde se produce y transporta el alcaloide. Algunos esfuerzos bilaterales recientes también pueden ser señal de un impulso renovado en esta parte del negocio del narcotráfico.
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William Brownfield, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley (INL por sus iniciales en inglés), comentó que Estados Unidos mantiene conversaciones con México para ayudar a financiar las medidas de erradicación de amapola en este país. Y una reciente conferencia avalada mediante la financiación de la Iniciativa Mérida, con el objetivo de equipar mejor a las autoridades de policía mexicanas en la detección y el decomiso de fentanilo, que es parte de esfuerzos adicionales, aunque aún reservados, para combatir los letales opioides sintéticos.
En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también añadió un desconocido grupo mexicano que trafica con heroína a su lista de “Capos de la droga”, quizás como símbolo de una atención mayor en los grupos criminales dedicados al tráfico de opioides.
Pese a estos recientes avances, Trump quiere recortar el gasto total de Estados Unidos en operaciones antinarcóticos en México.
En marzo de 2016, la DEA anunció que el crimen organizado en México desafiaba el dominio de los grupos colombianos en el mercado estadounidense de la heroína. Un año después, Brownfield comentó que hasta el 94 por ciento de la heroína que ingresa a Estados Unidos se trafica desde México. El fentanilo ilegal también se está convirtiendo en parte cada vez más importante del portafolio de los carteles del crimen en México, con aumentos en los decomisos en ese país.
Un repunte de la producción y el tráfico de heroína por parte de los sembradores de amapola mexicanos y las mafias del crimen organizado en respuesta al auge de la demanda estadounidense ha contribuido en gran medida a empeorar aún más una situación que ya era mala en México. Pero más que la muerte de adictos, los mexicanos están muriendo por la violencia asociada a los narcóticos.
Hay certeza de que se están incrementando los homicidios en todo México, y la violencia relacionada con el negocio de la heroína se está sintiendo de manera más aguda en el estado de Guerrero, región central de la heroína en México. La entidad más violenta del país, gracias al auge de la heroína, el estado se ha sumido en el caos criminal, que el gobierno local se reconoce incapaz de controlar. Ahora operan grupos de autodefensa en más de la mitad de los municipios del estado debido a la ausencia de una presencia estatal efectiva. Se dice que algunos de ellos son financiados o están aliados por el crimen organizado.
El repunte en la demanda de la amapola de opio en Guerrero coincidió con la fragmentación del actor criminal dominante, una tendencia que se observa en toda la región. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva en 2009 debilitó la Organización Beltrán Leyva (OBL), que se disolvió en facciones que ahora están disputándose el control de la autopista de la heroína que pasa por el estado, así como otros lucrativos mercados criminales.
El aumento de la erradicación de amapola en Guerrero, aun cuando lo financie Estados Unidos, no parece que vaya a hacer mella para reducir el cultivo y la violencia a menos que se traten los factores subyacentes al negocio de la droga. La pobreza y la falta de fuentes de ingreso alternativas dan a los campesinos de las montañas de Guerrero pocas opciones para llevar el sustento a sus familias.
Las acciones recientes del gobierno estadounidense en los ámbitos estatal y federal, en casa y en el exterior, muestran que tienen la mirada puesta en la crisis de los opioides. Pero empresas como Purdue Pharma ahora poniendo los ojos más allá de Estados Unidos, ante la caída en la prescripción de sus productos y la avalancha de acciones legales en su contra, informó Los Angeles Times. Una red de empresas pertenecientes a la matriz de Purdue se está moviendo hacia Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y África. La pregunta para estas regiones será si los gobiernos de esos países aprenderán de los errores cometidos en Estados Unidos para evitar su propia epidemia de opioides.