En una interrogación grabada en video (vea abajo) publicada en varios blogs, dos empleados de la fiscalía de Durango acusaron al gobernador y a su secretario de seguridad pública, de “vender” el control penal del asediado estado norteño al Cartel de Sinaloa. Las acusaciones anunciaron la lucha entre los Zetas y el Cartel de Sinaloa en Durango.

Los cuerpos desmembrados de los dos empleados — Adrian de la Torre, de 25 años, y Julieta Calvillo, de 58 años, — fueron encontrados el 12 de enero, junto al cuerpo de un tercer funcionario de la sucursal de la fiscalía en la ciudad Gómez Palacio. Esa ciudad, junto con la vecina Torreón, se ha convertido en un frente de batalla principal entre la organización de Sinaloa y la implacable banda de los Zetas, con decenas de ejecuciones registradas en los últimos meses.

Acompañados por dos hombres con casco y rifle en mano, en uniformes de camuflaje y respondiendo preguntas de un interrogador fuera de cámara, tanto Calvillo como De la Torre dijeron que operarios de Sinaloa, que se hacían pasar por funcionarios estatales, estaban trabajando al interior de la oficina del fiscal para ganar el control de Durango para el cartel.

“He hablado con algunos de ellos y dicen que son gente de Mayo Zambada. Y están aquí para tomar la plaza,” dice De la Torre tranquilamente en el video publicado por el Blog del Narco y Borderland Beat, refiriéndose a uno de los jefes del Cartel de Sinaloa, alias “El Mayo,” y usando la jerga que significa el control criminal de una ciudad o un estado.

Calvillo dijo que el grupo de Zambada había compradu su camino hacia la influencia del gobernador de Durango Jorge Herrera y “El Rosso,” presumiblemente José Antonio Rosso, jefe de la policía estatal de Durango.

[Vea el perfil del Cartel de Sinaloa de InSight Crime]

“Ellos compraron la plaza,” dijo Calvillo, quien se identificó como un fiscal, sobre los operativos de Zambada. “Ellos la compraron al gobernador. Él es el que organiza todo, junto con El Rosso.”

Calvillo estimó que “alrededor de 20” operarios de Sinaloa se habían infiltrado en la oficina de los fiscales en Gómez Palacio. Ella dijo que los funcionarios enviaron a mafiosos sospechosos a la capital del estado de Durango para ser torturados y extraer información, luego fueron entregados a una pandilla local – dirigida por la familia Cabrera – que funciona bajo las órdenes de Zambada.

Las acusaciones en el video hacen eco a las pancartas colgadas recientemente en Durango, todas acusando al gobernador y a Rosso de colaborar con el Cartel de Sinaloa.

“Si el gobernador y Rosso insisten en entregar esta plaza a los Cabrera ellos van meter la pata,” advirtió una pancarta reciente sin firmar. “Esta guerra será larga y sangrienta. Contrólese a si mismo porque vamos por Durango.”

Los funcionarios estatales niegan cualquier tipo de vínculos con los mafiosos, diciendo que De La Torre y Calvillo fueron obligados a leer un guión fabricado por sus secuestradores. Los Zetas en cambio, están buscando venganza por el cierre de una prisión en diciembre que ellos controlaban en Gómez Palacio después de un mortal disturbio allí, dijo Sonia-Yadira de la Garza, fiscal general del estado, a Insight Crime.

“Rechazamos totalmente estas acusaciones,” dijo De la Garza, añadiendo que De La Torre era un mensajero en el servicio forense del estado y Calvillo era una secretaria no una fiscal. “No hay mafiosos trabajando al interior de la oficina del fiscal. Lo que ellos quieren es que las autoridades no hagamos nuestro trabajo.”

Análisis de Insight Crime

Tales confesiones grabadas en video, por lo general seguidas por el brutal asesinato de los entrevistados, han sido un pilar en las guerras entre mafiosos en México. Los videos, así como las pancartas colgadas en lugares públicos, frecuentemente acusan a varios funcionarios de complicidad con uno u otro grupo.

Las autoridades federales y los analistas independientes han sugerido que los que están siendo interrogados a menudo han alimentado sus declaraciones con fines propagandísticos.

No obstante, el apoyo de los funcionarios del gobierno a los mafiosos en todos los niveles ha diezmado los intentos del gobierno federal mexicano para controlar la violencia. El arzobispo de Durango célebremente comentó hace dos años que el capo de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán era omnipresente en el estado, sin restricciones por parte de las autoridades.

Lo que es cierto es que Gómez Palacio y el vecino Torreón, el cual está en el estado de Coahuila, se han convertido en uno de los más sangrientos campos de batalla de México, a medida que los Zetas luchan por el control contra las facciones del Cartel de Sinaloa. Decenas de personas han sido asesinadas en masacres, motines en las cárceles y en ejecuciones.

El nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuya estrategia para reducir drásticamente la violencia de la guerra contra las drogas dependerá de la aplicación efectiva de la ley en los estados asediados, enfrenta serios retos.

Coahuila es un bastión de los Zetas, al igual que Zacatecas, que limita con Durango al sur. Las facciones del Cartel de Sinaloa tienen influencia en la mayor parte de Durango.

[Vea el perfil de los Zetas de InSight Crime]

Pero Durango también sufrió una dura batalla en 2011 entre los Cabrera y la facción de Sinaloa la cual, según un artículo de la revista Proceso citando a investigadores mexicanos federales, había caído en desgracia con El Chapo y otros líderes del cartel.

La policía retiró el año pasado los restos de unas 350 víctimas de esa lucha, de fosas clandestinas adentro y en los alrededores de la capital del estado, también llamada Durango. Victoriosos, los Cabrera están enfrentándose ahora a los Zetas en Gómez Palacio y Torreón.

Al igual que las promesas de las pancartas mencionadas anteriormente, esto probablemente será largo y sangriento.