Catorce congresistas, demócratas y republicanos, firmaron el 21 de junio una carta en la que han pedido al Departamento del Tesoro en Washington que abra una investigación oficial a José Luis Merino, dirigente político salvadoreño, miembro del gobernante FMLN y actual viceministro de Relaciones Exteriores, por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos”.
Washington ha mandado un nuevo mensaje sobre las sospechas que tiene de la posible participación de José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez, uno de los hombres más influyentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en redes internacionales vinculadas al crimen organizado regional. Esta vez el mensaje viene también de los demócratas. Y esta vez, el mensaje es más claro.
Los congresistas demócratas y republicanos creen que las actividades criminales asociadas a Merino pueden ser una “amenaza significativa” para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que piden al Departamento del Tesoro que abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley de capos o “Kingpin Act“.
“Hoy le escribimos para solicitarle que utilice la autoridad que le confiere la ley de capos para investigar las actividades bancarias relacionadas con Estados Unidos del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, también conocido como Ramiro Vásquez”, dice la carta firmada por los congresistas el 21 de junio y entregada ese mismo día al Departamento del Tesoro (vea copia de la carta al final del artículo).
Los firmantes señalan que Merino es viceministro de Relaciones Exteriores en El Salvador. “El señor Merino es miembro de alto nivel del gobierno salvadoreño… [y] sus asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
En la misiva, los congresistas también exponen sus razones para pedir al poder Ejecutivo que investigue las finanzas de Merino. “Múltiples reportes de fuentes abiertas indican que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras colaboraban con las guerrillas de las FARC en Colombia, elementos corruptos del régimen venezolano y otros grupos criminales para mover fondos a destinos seguros”.
Fuentes consultadas en Washington aseguran que una vez que la carta es despachada al Departamento del Tesoro –algo que sucedió el 21 de junio según InSight Crime confirmó en el Congreso–, corresponde a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) abrir un expediente e iniciar las investigaciones.
Un investigador familiarizado con los procesos de OFAC, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, aseguró que una carta del Congreso no es vinculante, es decir, OFAC no está obligado por esa misiva a abrir una investigación, pero aclaró que tampoco es común que el Ejecutivo desoiga una petición de esta naturaleza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador respondió mediante un comunicado en el que asegura que “no hay fundamentos que sustenten los señalamientos efectuados y no existe tampoco ningún proceso judicial en contra del viceministro José Luis Merino, ni en El Salvador ni en Estados Unidos”.
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Es cierto que no hay proceso judicial contra Merino, pero sí hay una investigación fiscal abierta contra el hoy viceministro por posibles vínculos con el tráfico de armas y de estupefacientes. En julio del año pasado, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó que había reabierto un expediente de 2014 “de eventos en relación con el señor Merino… [con] relación con el tema de drogas y de armas”.
La cancillería dice que la carta de los congresistas responde a un “proceso interno relativo a dos instituciones estadounidenses” y asegura que ante cualquier investigación colaborará “en el marco de nuestra legislación y los instrumentos legales de los que somos signatarios”.
El renovado interés de Washington por el ‘Comandante Ramiro’
Merino y su participación en empresas fundadas con dinero venezolano, en específico las asociadas al conglomerado Alba Petróleos en El Salvador, habían despertado la curiosidad de Washington a finales de la administración de Obama.
En julio de 2016, Marco Rubio, senador republicano por Florida, acusó a Merino de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
En El Salvador hay una investigación abierta contra Merino en la Fiscalía salvadoreña por sospechas de que ayudó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a traficar armas y drogas. Ese expediente fue abierto en 2008, luego de que la fiscalía colombiana envió a El Salvador certificación de correos del líder de las FARC Raúl Reyes –asesinado en marzo de ese año– en los que se identificaba al “Comandante Ramiro” como uno de los intermediarios de las FARC en la compra de misiles y armas.
De acuerdo a los correos de Reyes, buena parte de la relación entre Merino y las FARC fue apadrinada por funcionarios del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.
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Tras las declaraciones de Rubio, el fiscal general Douglas Meléndez aseguró que había reabierto las investigaciones de 2008, pero el caso ha permanecido estancado desde entonces.
A la participación, directa o través de familiares y prestanombres, en varias de las empresas financiadas por Alba Petróleos y a la añeja relación con las FARC se sumó, en 2016, la relación con el empresario salvadoreño Enrique Rais, cuyos aviones fueron retenidos en Estados Unidos por sospechas de tráfico de drogas y quien es prófugo de la justicia en su país por casos de corrupción que implican al fiscal general. Hace poco, Merino aceptó en una entrevista televisiva que es amigo personal de Rais pero negó cualquier otro tipo de vinculación.
Dos fuentes federales estadounidenses confirmaron la semana pasada a InSight Crime lo que dice en la carta de los congresistas: que en Washington hay expedientes abiertos por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus inciales en inglés) y por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) a redes que pueden estar vinculadas a Merino.
Con la carta firmada por congresistas de ambos partidos, las sospechas sobre Merino, que hasta ahora habían sido entendidas por el FMLN como ataques políticos del partido republicano, se amplían a todos los sectores del espectro político representando en el Congreso estadounidense.
Los firmantes
Antes fue solo Marco Rubio o voceros del sector más conservador del partido republicano, adversario político del FMLN y usual colaborador de la derecha salvadoreña agrupada en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Hoy, las dudas llegaron ya al otro lado del pasillo, incluso a los sectores del partido demócrata más identificado con la izquierda.
El promotor de la carta enviada al Departamento del Tesoro es el representante Albio Sires, demócrata de Nueva Jersey y subjefe del subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la cámara baja.
Entre los republicanos firmantes están Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lethinen y Carlos Curbelo, todos de Florida, y tradicionalmente ligados a un grupo muy crítico de los gobiernos del FMLN. También firmaron, por ese partido, Ted Yoho, también de Florida; Jeff Duncan, de Carolina del Sur ; Christopher Smith, de Nueva Jersey; y Michael McCaul, de Texas.
Desde el otro lado del pasillo, el demócrata, firmaron Eliot Engel, de Nueva York; Norma Torres, de California; Joaquín Castro, de Texas; Gregory Meeks, de Nueva York; Robin Kelly, de Illinois ; y Adriano Espaillat, de Nueva York.
Engel y Torres son dos de los congresistas más cercanos a El Salvador, y ambos han apoyado en el Congreso a los gobiernos del FMLN. Desde 2014, Torres se ha convertido en una de las principales voceras de la lucha anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero también en uno de los principales soportes de la cooperación financiera estadounidense a la región.
Carta enviada por el grupo de congresistas de Estados Unidos al Departamento del Tesoro, en la que se pide la investigación contra Merino: