En la carta que el jefe de la FARC, Timoleón Jiménez, envió al Mecanismo de Verificación de la ONU el 22 septiembre de 2017 dice, entre otras cosas, que la unidad de los desmovilizados está en riesgo por diversas medidas del Gobierno que apuntan a “desvertebrar y dispersar” la unidad de los que están en las zonas de reincorporación.
La Silla Vacía viajó ese mismo mes a cuatro zonas y vio que, en efecto, el sueño que tenían los jefes de las FARC de hacer una reincorporación colectiva se está desmoronando.
En parte porque al Gobierno le ha costado trabajo cambiar el ‘chip’ de la desmovilización individual a la que estaba acostumbrada la Agencia Nacional de Reintegración a una colectiva que implica el concurso de varias instituciones más allá de la ARN y a que exista una cabeza dentro del Gobierno que tenga el poder para que funcionarios de otras entidades le obedezcan, la plata disponible para comprar tierras y financiar proyectos productivos, y la voluntad de echarse al hombro ese desafío, cosa que hoy no sucede a pesar del compromiso del director de Reintegración Joshua Mitrotti.
* Este artículo fue editado y publicado con el permiso de La Silla Vacía. No necesariamente representa los puntos de vista de InSight Crime. Vea el original aquí.
Las dificultades en parte también son porque algunos jefes guerrilleros como Iván Márquez le apostaron a unos megaproyectos productivos que no han podido arrancar a cargo de la cooperativa que crearon Ecomún, más que a muchos proyectos más pequeños y porque se dedicaron más a armar su partido político que a preocuparse por la reincorporación de los comandantes.
Pero también por algo más vital, y es que muchos guerrilleros, después de años de estar bajo la subordinación de sus jefes, han decidido volver a donde sus familias y ensayar recuperar una vida propia, individual, más asociada al nombre que les pusieron de niños que al alias que tuvieron los últimos años.
Gallo
Es la vereda Gallo, al sur de Córdoba, en donde estuvieron concentrados para desarmarse 120 guerrilleros del otrora frente 58 de las FARC y ahora permanecen más o menos 80 para reincorporarse colectivamente, como fue el plan de esa guerrilla.
¿La férrea disciplina militar? Atrás quedó, con las armas que dejaron, justo antes de atravesar la puerta que los llevará a convertirse en partido político.
Más allá de eso, un hecho particular ayuda a entender esta cara de la nueva cotidianidad fariana en el punto cordobés vecinito de Antioquia: a diferencia de muchas de las otras zonas de reincorporación del país, en Gallo no están adelantando ni un solo proyecto productivo.
En aquellos como aquí, el Gobierno aún no llega en forma de Agencia para la Reincorporación para ayudarlos a concretar sus planes de producción.
Gallo queda a unos cinco kilómetros del parque natural Paramillo, sobre un terreno considerado legalmente como “de amortiguación” y en vecindades de zonas de reserva que están bajo la ley segunda del 59.
Aunque sólo en el caso del parque natural las restricciones para el uso de la tierra son a perpetuidad, la realidad es que bajo ninguna de esas tres condiciones las Farc tienen claro exactamente cómo la podrían poner a producir, un asunto que igual se sabía desde que ellos mismos la escogieron como punto de concentración.
Y donde no hay tierra protegida, está el agua. La del embalse de la Central Hidroeléctrica de Urrá, única vía de llegada a esta vereda remota que se ubica a cinco horas largas de la capital Montería, en el alto Sinú y a las puertas del Nudo de Paramillo.
“Gallo no está adecuado para la reincorporación, aquí no hay tierra, eso de los PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial) aquí no se va a ver”, sentencia Tomás Ojeda, quien fuera el segundo comandante del frente 58, antes de reconocer que debido a esto se han ido “entre 8 y 10” excombatientes de la zona, más los que, asegura, están fuera pero “de permiso”.
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Lo de las tierras, no obstante, no es la única razón para que no haya ni un proyecto, así probablemente sea la más fuerte y determinante. La realidad es que algunos de los exguerrilleros decidieron tomarse la válida libertad de gastarse parte de sus dos millones en cosas distintas:
Por los días en que les consignaron, a algunos los vieron festejando por tiendas y cantinas en el puerto de Frasquillo, de donde salen las lanchas hacia Gallo.
Otros le hicieron el agosto a una pequeña empresa que vende celulares en el casco urbano del pueblo de Tierralta y se ubica justo enfrente del Banco Agrario, en el que tienen las cuentas.
Terminada la guerra y ya libres, ellos y los que se han ido son la evidencia de la fragilidad que experimenta la cohesión en las Farc, que en tiempos de conflicto, en los que nadie tenía muchas opciones, fue una de sus mayores fortalezas.
La situación pasará por otro punto de quiebre en unos días, cuando se cumpla la fecha hasta la cual el Gobierno les proveerá la comida. Con un agravante para Gallo: por la lejura, aquí hay luz gracias a unas plantas eléctricas, que también pone el Gobierno, cuyo funcionamiento con ACPM -según Tomás- sale por unos 600 mil pesos diarios.
“Aquí estamos muy aburridos y ahora que tenemos que mantenernos nosotros mismos la cosa se puede complicar”, comenta una exguerrillera informalmente.
A la desgranada fariana aquí hay que sumarle además que parte de los que se han ido -el número exacto no es claro, pues hay varios de permiso, la exguerrilla reconoce “entre 8 y 10” y funcionarios y campesinos de manera informal creen que podrían ser entre 30 y 40- lo han hecho rumbo a la orilla de las autodefensas gaitanistas, que tienen azotado con extorsión y muerte el sur de Córdoba.
Lo dicen en voz muy baja en el puerto de Frasquillo cuatro personas de manera separada: varios excombatientes de las Farc que se salieron de Gallo portan ya el brazalete de las AGC. Los campesinos lo saben porque los ven.
Incluso nos mencionaron a un alias Tyson, que no llegó sino hasta la preconcentración, que ahora dirige a un grupo de unos 15 gaitanistas en zonas surcordobesas que antes dominaban las Farc.
Las versiones agregan que esta banda está ofreciendo 1.800.000 pesos (alrededor de $ 610) a quienes se pasen de bando, pero que también han amenazado a algunos que les han dicho que no.
La sensación de inseguridad de los excombatientes comprometidos con el proceso de paz es tal que hasta Tomás Ojeda, uno de sus excomandantes y quien culpa de la atomización a los incumplimientos del Gobierno, está considerando irse a vivir a Montería para poder atender sus tareas políticas con tranquilidad.
“Los que estamos, seguimos firmes y con la moral intacta, pero ¡que aparezca algo!”, dice un exguerrillero al que sus compañeros eligieron como presidente político de la zona de reincorporación mientras pasa la transición, en referencia a las oportunidades de desarrollo que no se ven en este pueblo, que no es un pueblo más.
La Montañita
“Aquí la reincorporación nos ha tocado inventárnosla a nosotros”, dice Federico Montes, el responsable político de la zona mientras el loro que tiene trepado en el hombro derecho se aburre y comienza a bajarle por el brazo.
En La Montañita lo que hay son proyectos productivos, pero jalonados por las propias Farc. Tienen una zapatería, montaron un galpón en el que están puliendo madera para hacer camas, unas huertas caseras, un proyecto piscícola y tienen cuatro hectáreas sembradas de piña.
Todos estos proyectos vienen de los dos millones de pesos que cada guerrillero de esa zona puso para la cooperativa, Ecomun. De los 300 exguerrilleros que hay aquí, 200 dieron de a un millón cada uno y con esa plata comenzaron a jalonar los proyectos. Los demás no la pusieron porque no quisieron, esperando a que el Gobierno, específicamente la Agencia Nacional de Reincorporación, llegue con algo.
Las tierras, según dijo a Montes a La Silla Vacía, se las dejó trabajar un párroco de La Montañita y por eso han arrancado a cultivar sin problema alrededor de la zona.
El hecho de que tengan esos proyectos ha llenado los horarios de estos exguerrilleros acostumbrados a una disciplina militar que ya no tienen. Pero para algunos, eso no ha sido suficiente.
Según pudo averiguar La Silla Vacía de los 300, treinta se fueron de la zona, aunque no saben cuántos van a volver.
“Hay gente que estaba mamada de la lentitud del Gobierno y creen que no nos van a cumplir, entonces prefieren irse”, nos dijo Montes.
La lectura de él es que el Gobierno se demora adrede para que se cansen de esperar y se vayan. “Lo que más queremos es buscar cómo reincorporarnos sin que nos absorba el sistema”, agregó.
“Apenas nos estamos enterando de cómo va ser la reincorporación porque no sabemos”, nos dijo un funcionario de la ARN un día después.
Pero ese panorama no es el mismo de las otras zonas veredales del sur.
En ‘La Carmelita’, que era la zona veredal de Putumayo, Ramiro Durán, su responsable político, ya dijo públicamente que “ante la incertidumbre llegan propuestas muy tentadoras. Incluso algunas bandas están ofreciéndoles dinero, como salario a nuestros antiguos combatientes para que se vinculen”. En Putumayo la banda criminal más grande es La Constru.
En ‘Miravalle’, la zona de San Vicente del Caguán, el asesinato del exguerrillero Maicol Guevara, “sí tiene desanimados a los excombatientes porque no hay garantías de seguridad”, dijo a La Silla Arvey Alvear, el presidente de la Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán, Unios.
Esa mezcla de incertidumbre, incentivos de otras bandas y la sensación de que no pueden ir a visitar tranquilos a sus familias porque los pueden matar, muestra lo difícil que es el aterrizaje de los excombatientes del bloque sur a la vida civil.
* Este artículo fue editado y publicado con el permiso de La Silla Vacía. No necesariamente representa los puntos de vista de InSight Crime. Vea el original aquí.