Después de poco más de 100 días en el cargo, dos líneas de la historia están surgiendo sobre Enrique Peña Nieto: una dice que el nuevo presidente mexicano sutilmente está continuando “la guerra contra las drogas” de su predecesor; la otra dice que él está retrocediendo, creando las condiciones para un mundo criminal más “pacífico”.
Estadísticamente, no ha habido ningún cambio significativo en los homicidios. De hecho, según el recuento de homicidios del diario Reforma, publicado a mediados de marzo, ha habido un leve aumento en los asesinatos relacionados con el crimen organizado en todo el país. El periódico dijo que en los primeros 100 días de la administración de Peña Nieto, hubo en promedio 23 “homicidios relacionados con las drogas” por día, en comparación con los 21 homicidios por día durante los últimos 100 días del gobierno del Presidente Felipe Calderón (Reforma clasifica los homicidios “relacionados con las drogas” con base en el tipo de arma; estilo de ejecución; marcas y mensajes cerca del cuerpo o cuerpos; presencia de drogas; e informes oficiales que conectan las muertes con el crimen organizado).
Las tropas militares también están presentes en cantidades similares y prácticamente en las mismas zonas en las que estaban antes de que Peña Nieto llegara a la presidencia, el 1 de diciembre. La policía federal continúa patrullando muchas de las mismas ciudades, y el gobierno dice que está en marcha su plan de crear una gendarmería; una fuerza policial especial de 10.000 efectivos. El gobierno también continúa transformando el sistema judicial del país, del sistema acusatorio al oral; purgando las unidades policiales; y centralizando la mayoría de los cuerpos de seguridad en una única autoridad (bajo la Secretaría de Gobernación, en lugar de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública – SSP).
El gobierno ha dicho que va a centrar su atención en los programas de prevención, pero gran parte de los fondos asignados a estos programas ya habían sido designados, durante el gobierno de Calderón. De hecho, es difícil decir cuáles son los nuevos programas y cuáles son los viejos, en los que el gobierno dijo que había un plan de US$9 billones.
Lo que hace falta es una retórica que acompañe esta estrategia. El gobierno de Peña Nieto está hablando de “paz”, y casi por completo ha dejado de hablar sobre la lucha contra el crimen organizado. El único vestigio del pasado es la inclinación del gobierno para considerar a las victimas “criminales”, lenguaje que metió en problemas a la administración anterior con las organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, están ocurriendo algunos cambios sutiles que requieren de una observación continua y pueden ser señal de un cambio más significativo frente a la última administración, más que la retórica suave.
En primer lugar, la cantidad de investigaciones a personas por “delitos contra la salud” está en su punto más bajo de los últimos 15 años. La mayoría de los delitos contra la salud son los delitos de narcotráfico. Este es un delito federal en México, y un aumento de estos casos durante la administración de Calderón ayudaron a generar un aumento en la población carcelaria federal.
Sin embargo, según los datos recogidos por Carlos Vilalta, un investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), las autoridades iniciaron 783 investigaciones por “delitos contra la salud” en diciembre de 2012, y 826 en enero de 2013.
Compare esto con los primeros dos meses en el cargo de la administración de Calderón, con 10.416 investigaciones por “delitos contra la salud” iniciados en diciembre de 2006, y 10.901 durante enero de 2007. De hecho, durante su sexenio, el gobierno de Calderón promedió 6.567 investigaciones sobre “delitos contra la salud” (Vea la entrevista de InSight Crime con Carlos Vilalta).
(Fuente: Secretaria de Gobernación – México; vea los datos originales aquí.)
Dos meses es muy poco tiempo para sacar conclusiones definitivas sobre este tipo de datos, y, como es evidente en la gráfica de arriba, la disminución en las investigaciones de drogas comenzó antes de que Peña Nieto asumiera el poder. Pero Vilalta dice que los dos primeros meses es un buen indicador sobre hacia dónde podría dirigirse. Es posible que el gobierno esté reduciendo la persecución a los criminales por delitos de drogas, tal vez, como parte de una estrategia para retroceder de la guerra contra las drogas.
Lo que es más, ya puede estar teniendo un impacto. Si bien puede ser difícil imaginar un “pacto narco”, del tipo que pone nostálgicos a los mexicanos sobre la década de los ochenta y los noventa; con los criminales dejados ampliamente a su suerte a cambio de mantener la violencia en niveles bajos, hay algunas extrañas señales de humo narco que han surgido en los últimos días, que dan una pausa, incluso para los más escépticos entre nosotros.
Tome las declaraciones, a través de narco-mantas estratégicamente ubicadas en su fortín del estado de Michoacán, de los Caballeros Templarios. Los Caballeros son una de las más combativas entre las organizaciones criminales más grandes. Una vez organizaron una serie de ataques sincronizados contra varias estaciones de policía en Michoacán, que incluyó granadas propulsadas por cohetes y escopetas calibre .50.
En sus pancartas, el grupo dijo que ellos estaban en retirada. “A partir de hoy,” decían las pancartas, “vamos a dejar el cuidado de la sociedad en las manos de las autoridades municipales, estatales y federales.”
Y en los últimos días, las autoridades anunciaron una tregua entre pandillas en Guadalajara, entre algunas de las pandillas más fuertes de la ciudad. La tregua, si realmente tiene lugar, es otro ejemplo de que puede haber otro plan; uno que la mayoría no está viendo o escuchando, pero que puede llevar a un leve respiro de la violencia.
Cuando llegó al poder, Peña Nieto prometió reducir los niveles de violencia, y esta semana hizo un llamado a la opinión pública para juzgar sus políticas después de pasado un año. Aún así, podemos estar echando un primer vistazo sobre cómo él planea alcanzar sus objetivos. Pero él puede estar tratando de complacer a muchas personas a la vez y puede terminar no complaciendo a nadie en absoluto.
Estos cambios, especialmente con respecto a los procesos por drogas, pueden deleitar a aquellos que están pidiendo una “reducción del daño” en la guerra contra las drogas de México, pero sólo si se reducen los arrestos de los delincuentes de drogas de poca monta.
Como lo describe el Transnational Institute (TI), la reducción del daño significa priorizar las “intervenciones que reducen los daños asociados con la existencia de mercados de drogas mientras se evitan aquellos daños derivados de los mismos esfuerzos tradicionales de reducción de la oferta.” En este caso, menos detenciones de delincuentes de drogas de poca monta ayudarían a reducir los daños asociados con intentos de mano dura para reducir la oferta (El TI tiene un mapa interactivo útil para mostrar dónde la reducción del daño ha sido implementada en el mundo).
No obstante, no es claro que ésta sea la estrategia del actual gobierno mexicano, y Peña Nieto está caminando sobre una línea muy delgada, sobre ambos lados del debate. Para que quede claro, los defensores de la reducción del daño ciertamente no están pidiendo al presidente mexicano que deje de encarcelar a los grandes y violentos narcos; y, por el otro lado del debate está Estados Unidos, la policía del mundo cuando se trata de política de drogas.
Estados Unidos fue un gran defensor de la estrategia de Calderón y tal vez su mayor fan en la región. Ahora, si Estados Unidos siente que la estrategia de Peña Nieto se trata menos de un cambio estratégico en la política y más de una capitulación ante los grandes intereses del narcotráfico; entonces, las relaciones podrían volverse más tensas de lo que han sido en años.