En vísperas de las elecciones locales de Colombia este domingo 25 de octubre, se ha observado una disminución de la violencia política en comparación con campañas anteriores, pero los observadores advierten que la influencia de los grupos armados y las redes de la mafia sobre la política en el país no ha desaparecido.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado 161 actos violentos contra los candidatos a gobernadores, alcaldes y concejales en las elecciones que tendrán lugar en Colombia este 25 de octubre; lo cual incluye seis asesinatos y una desaparición.
La misión electoral encontró que la violencia ha estado dirigida a diversos partidos políticos. Los candidatos del Partido Liberal han sido las víctimas más frecuentes de la violencia política, con un 14 por ciento de todos los ataques, seguidos por el Centro Democrático (12 por ciento) y el Partido de la U (10 por ciento).
Sin embargo, los actores armados ilegales están presentes en solo un tercio de los 99 municipios que han experimentado violencia política. Esto indica que gran parte de la violencia electoral está relacionada con disputas políticas en lugar de actores armados ilegales, según el MOE.
“Los eventos violentos tienen mayor relación con los altos niveles de polarización entre las casas y/o grupos políticos que disputan el poder local, que con los grupos armados ilegales (guerrillas y Bacrim [acrónimo de “bandas criminales])”, afirma un reciente comunicado de prensa de la MOE.
Sin embargo, la MOE advierte que los grupos armados ilegales tienen un “interés especial” en controlar las áreas que se encuentran a lo largo de importantes rutas de tráfico de drogas, como partes de Valle del Cauca, Norte de Santander y la costa del Pacífico colombiano.
Aunque la MOE registró un número similar de actos violentos (159 en total) antes de las elecciones locales de Colombia en 2011, las cifras de este año marcan un descenso significativo en el número de asesinatos, con 41 candidatos políticos asesinados en los nueve meses previos a las elecciones.
Análisis de InSight Crime
Aparentemente, el relativo bajo nivel de violencia vinculada a los actores armados ilegales sugiere que estos grupos están perdiendo influencia en el proceso político colombiano. Y hasta cierto punto, eso es cierto.
Durante décadas, los grupos criminales han logrado infiltrarse en el medio político colombiano, a veces de manera llamativa. El más flagrante intento de ganar influencia lo realizó el más famoso narcotraficante de Colombia, Pablo Escobar, quien en 1982 fue elegido como suplente en el Congreso colombiano. Sin embargo, podría decirse que el mayor poder político que cualquier red criminal haya acumulado se presentó en los primeros años del presente siglo, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) adquirieron amplia influencia política, desde los consejos locales hasta la oficina presidencial y, según ellos mismos dicen, más de un tercio de los miembros del Congreso fueron sus aliados y partidarios.
En comparación, no hay duda de que las actuales redes criminales tienen ahora menos predominio. Sin embargo, la disminución de la violencia electoral no necesariamente indica que los grupos delictivos hayan perdido toda su influencia.
“Decir que los grupos ilegales hoy en día no tienen influencia es falso”, le dijo a InSight Crime Germán Robayo, coordinador adjunto del observatorio político de la MOE. “Lo que pasa es que esa influencia es menos visible”.
Según Robayo, en algunos casos los grupos criminales se han vinculado a las coaliciones políticas locales, garantizando la protección de sus intereses sin tener que recurrir a la violencia.
“Se puede ver que estos grupos son ahora parte de los bloques políticos que no necesitan ejercer presión [mediante] la violencia”, dijo Robayo. Esto ha hecho muy difícil medir el efecto que estos grupos criminales están teniendo en las elecciones, añadió.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia
Esta combinación de actores criminales y políticos hace que investigar estos nefastos vínculos sea extremadamente difícil; Robayo señaló que el financiamiento de las campañas ilegales es un área importante de preocupación para la MOE.
El panorama se complica aún más por las diversas maneras como los grupos criminales eligen a cuáles políticos apoyar —o a cuáles atacar—. El hampa colombiano ha sufrido una transformación, y las grandes redes jerárquicas que solían tener alcance nacional han sido remplazadas por grupos criminales pequeños y descentralizados. A diferencia de sus predecesores, estos grupos criminales menores no tienen una agenda política que trascienda el nivel local.
“Ahora no se ve influencia […] en todo el territorio nacional, sino sólo en determinadas zonas”, dijo Robayo.
Ese también parece ser el caso de los grupos guerrilleros colombianos. El trabajo de campo que InSight Crime llevó a cabo recientemente en la región de Urabá, al noroeste del país, y en el departamento de Córdoba, en la costa Caribe, reveló que el grupo guerrillero más grande de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha estado respaldando candidatos locales de varios partidos políticos rivales, lo que sugiere que sus intervenciones políticas se basan más en las condiciones locales que en las perspectivas ideológicas.
Todo esto sugiere que el turbio mundo de las relaciones entre política y crimen en Colombia puede estar volviéndose menos violento pero también que está siendo más perverso, y la influencia del hampa en la política local no va a desaparecer pronto.