La emblemática estación Casamata de la Policía Nacional de Honduras se cubrió de luces rojas y azules y fue acordonada con cinta amarilla la noche del 4 de abril, cuando agentes especiales apoyados por la policía militar allanaron el lugar en busca de evidencia de que oficiales del más alto rango habrían planeado y cometido el asesinato de zar antidrogas del país en 2009.
Documentos oficiales entregados al diario El Heraldo antes del operativo trazan una imagen convincente de las conspiraciones de la cúpula policial que terminaron con el magnicidio, en diciembre de 2009, de Julián Arístides González, jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), y el homicidio dos años después del que fuera su asesor, Alfredo Landaverde. Ambos criticaban abiertamente la participación de la policía en el crimen organizado, en especial en el narcotráfico.
González había dejado a su hija en el colegio y seguía su recorrido normal al trabajo cuando cayó en una emboscada tendida por la policía en un semáforo de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Policías en motocicleta se acercaron a su camioneta y acribillaron al funcionario. González murió en el acto.
En diciembre de 2011, Landaverde tuvo un fin similar y su esposa resultó herida cuando transitaban por la ciudad en su automóvil.
Un informe de investigación de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, publicado en El Heraldo, señala que “parte de esta banda criminal de oficiales y policías responsables del asesinato del señor Gustavo Alfredo Landaverde Hernández también están involucrados en el asesinato” del zar antidrogas González.
En ambos casos es evidente que no fue la buena planificación ni fallas en la investigación lo que evitó que se impusiera la justicia, sino la falta de voluntad política de los funcionarios gubernamentales y de la policía.
Un informe de la Oficina de Inteligencia de la Policía, varias entrevistas transcritas parcialmente con los involucrados y tres videos de vigilancia evidencian con increíble detalle la planificación y la ejecución del homicidio del zar antidrogas.
Un subinspector aparentemente intentó deshabilitar la cámara de la sala de conferencias principal de la estación Casamata al desconectar un computador que la monitoreaba en la otra sala. La pantalla quedó en blanco, pero un centro de inteligencia centralizado en otro lugar del complejo siguió grabando mientras el director de la policía nacional y otros altos oficiales planeaban cuándo, dónde y quiénes se harían cargo de la ejeución de González. Un oficial que tomó posteriormente las grabaciones, al parecer para entregarlas a los investigadores, también fue asesinado. La Prensa informó que el cuerpo de Jorge Castro Duarte fue hallado el 5 de noviembre de 2014, con un tiro en la cabeza. La cartera, la placa y el revólver de servicio del agente seguían en su cuerpo, y su motocicleta estaba estacionada a unos pasos de distancia.
Las transcripciones parciales incluidas en los informes de investigación indican que los agentes uno tras otro se rieron de las bromas de los demás y se advirtieron entre ellos que debían guardar silencio sobre la trama. Se quejaron de que González no fuera “amigo de la policía”, pero el motivo real surgió cuando discutieron cómo “nuestro amigo” les pagaría por las muertes, el nombre de aquél o fue editado o no se mencionó.
Los agentes también discutieron el pago de 400.000 lempiras (unos US$20.000) que corresponderían a los sicarios, dos hermanos que eran policías motorizados de dudosa reputación y un tercero que había sido expulsado de la policía por conducta criminal.
Uno de los subcomisionados presentes había estado a cargo del despliegue de un grupo de agentes de confianza a la intersección escogida previamente para la emboscada. Pero el agente no lo hizo hasta el día del homicidio, cuando sacó de su formación original a cuatro agentes de tránsito ajenos a la confabulación para llevarlos a la escena. Hacia las 5 p.m. del día del asesinato, uno de esos patrulleros estaba en la oficina de recursos humanos de su estación dando a los detectives una declaración como testigo ocular.
Dijo que tres policías que él reconocía se acercaron al grupo de agentes de tránsito en dos motocicletas y les advirtieron que no reaccionaran ni se interpusieran en el camino, pues esperaban a un sospechoso e iban a “darle pa’bajo” cuando llegara a la intersección. A lo que él respondió: “viejo, si es orden del señor director de la Policía, qué le vamos hacer”.
La conversación tomada del video indica que también había agentes encubiertos siguiendo a González en por lo menos otros dos vehículos sin placas. Una cámara en el estacionamiento de Casamata presuntamente captó imágenes de los homicidas llegando al cuartel policial después del atentado, al parecer para recoger su parte del dinero. Luego se les dio una licencia especial de 15 días.
‘No saben ustedes que ese tipo no quería a los policías’
Cuando semanas después los detectives detuvieron a los dos hermanos que habían sido identificados por el agente de tránsito, los hermanos admitieron su participación en medio de obscenidades y amenazas, según la declaración de la entrevista.
“¿Qué diablos quieren saber ustedes?”, se dice que gritó el agente Gherluis Salgado a los detectives, haciendo gestos de amenaza con las manos. “¿¡Quieren que los quememos a ustedes también, hijos de puta!? Vayan y pregúntenle al director”. Se dice que prosiguió Salgado: “Ellos nos mandaron y nos pagaron 20.000 dólares. No saben ustedes que ese tipo no quería a los policías”.
El Heraldo solo nombra a las personas que han muerto desde el suceso, anotando que no deseaban interferir con la investigación en desarrollo. Salgado presuntamente fue asesinado un tiempo después de eso. Se dice que Salgado mencionó en su declaración a los detectives un incidente ocurrido en la remota región de Mosquitia, en la costa de Honduras sobre El Caribe. Aparentemente la actual investigación decidió que fue ese incidente el que motivó el homicidio de González. Las notas de prensa dicen que la Policía Nacional confiscó un cargamento de cocaína de un grupo de traficantes que tenían intenciones de venderlo a otro capo de la droga, cuyo nombre no se menciona.
Se dice que González supo de la operación y envió agentes especiales para que intervinieran, y confiscaron la droga y arrestaron a doce agentes de policía. Se cree que el posible comprador de la droga fue quien pagó a los conspiradores de Casamata para que montaran el atentado.
La Prensa informó que un oficial de alto rango en esa época, José Luis Muñoz Licona, negó públicamente que tuviera que ver con la muerte de González, y dijo a los periodistas que en aquel tiempo él era el jefe de otra unidad de la policía. Muñoz recordó a los periodistas que el General Salomón Escoto Salinas, ahora en retiro, era el jefe de la Policía Nacional en ese momento, e identificó a René Maradiaga Panchamé como director de inteligencia de la policía al mando de Escoto.
La mañana del 5 de abril, la calma había vuelto a Casamata y los agentes especiales se habían retirado. No es claro qué evidencia buscaban que ya no hubiera sido entregada y publicada por El Heraldo. En el momento no se dio informacion sobre lo hallado.
La actual cúpula policial ofreció una conferencia de prensa el 4 de abril, donde negaron cualquier participación en los asesinatos y prometieron no encubrir a la justicia a ningún agente de policía activo o en retiro.
“Se aclara que la actual estructura de mando de la Policía Nacional no formaba parte de la cúpula policial en el momento en el que se dieron los hechos”, anunció el vocero Leonel Sauceda, con una hilera de oficiales de alto rango en uniforme azul a su espalda.
Análisis de InSight Crime
El reciente operativo marca una inflexión importante de la impunidad que ha cobijado a la institución policial notoriamente corrupta en Honduras. Los casos abiertos mostrarán otros eslabones históricamente débiles de la justicia hondureña en su paso por el sistema judicial.
Ahora que la historia se ha hecho pública y que se ha puesto en marcha el engranaje judicial en estos dos casos de altísimo perfil, queda por ver a qué paso y hasta dónde llegará el caso. Con 30 miembros de la policía identificados como perpetradores del magnicidio de González y 24 presuntamente implicados en la muerte de Landaverde, no debe pasar mucho tiempo antes de que comiencen a rodar cabezas.
El presidente Juan Orlando Hernández afirmó lo mismo en una declaración dada el 4 de abril, donde pedía a los mandos de seguridad que se suspendiera de inmediato a cualquier miembro de la policía activo implicado, y se lo pusiera a las órdenes de la fiscalía y la justicia.
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Pero no es solo la policía la que ha actuado con impunidad en este punto. Los fiscales, los juzgados y los líderes políticos del país tampoco han tomado medidas decisivas. Durante los últimos cinco años, la viuda de González ha lanzado acusaciones públicas contra la policía y ha dicho que la falta de voluntad política evitó que los fiscales asumieran su caso (la viuda de Landaverde ha hecho declaraciones parecidas). Los acontecimientos de los últimos días parecen demostrar que estaba en lo cierto en ambos puntos. Aún está por ver si este movimiento sin precedentes contra la policía en estos dos casos emblemáticos será un punto de quiebre importante para todo el sistema.
Aun si el sistema de justicia hondureño se recupera finalmente, es poco realista pensar que todos los funcionarios del país comenzarán a nadar contra la incesante corriente de corrupción inducida por el volumen y el valor absolutos de las drogas ilegales que fluyen de un lado a otro del istmo centroamericano hacia los consumidores estadounidenses. Quizás lo máximo que pueda esperarse es que la próxima vez, se asegurarán de que las cámaras sí estén apagadas.