Cuando el expresidente Antonio Saca empezó a declararse artífice de uno de los robos más grandes de los que se haya tenido noticia en la historia de El Salvador, sabía que algo bueno le esperaba. Sentado en el banquillo de los acusados, relató, con voz fuerte y clara, y con lujo de detalles, cómo él y un grupo de personas de su confianza desviaron más de US$300 millones de dinero público durante sus cinco años de gobierno.
Pocas veces admitir un robo trae beneficios. Pero Saca, detenido en 2016, había hecho un trato con la Fiscalía: si confesaba, su condena sería mínima.
*Este artículo fue publicado inicialmente en la revista Factum. Fue editado y reproducido con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
El jueves 9 de agosto del 2018, en una sala de audiencias de los tribunales de San Salvador, el exmandatario contó por vez primera la trama del millonario desfalco durante su presidencia, entre los años 2004 y 2009. El político dio detalles de cómo logró hacerse a millones de dólares del Estado. También describió el despilfarro de fondos públicos en la forma de sobresueldos, pagos de viajes a particulares y mentas a periodistas, así como transferencias al partido Arena, que también presidió mientras fue la cabeza del Ejecutivo.
El expresidente contó cómo se valió de empresas de papel a nombre de testaferros para comprar propiedades sin levantar sospechas. En el camino, Saca contó quiénes fueron sus colaboradores y quiénes lo aconsejaron sobre la forma como debía robarse el dinero.
—Esa fue una manera de que el dinero proveniente de la Presidencia de la República, a través de agencias de publicidad, llegara a mis cuentas personales, pero no de forma directa, si no pasando por varias cuentas de personas jurídicas, y de esa manera justificar el ingreso y encubrir la actividad ilícita—, dijo el expresidente ya avanzado su discurso.
En un primer momento, al ser acusado, Saca alegó que su detención tenía una intención política y que no había robado nada. Sin embargo, 22 meses después aceptó confesar lo contrario, a cambio de reducir la pena por los delitos de peculado y lavado y dinero y activos, que le pudieron haber valido hasta 25 o 30 años de cárcel.
En un acuerdo repentino, tras casi dos años de instrucción, el martes 7 de agosto la Fiscalía anunció un giro inesperado en el caso: solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un procedimiento abreviado, es decir, una reducción de la pena.
Aunque la Fiscalía le había preparado ya una declaración extrajudicial para su comparecencia del jueves, Saca la cambió a última hora y añadió algunas cosas que no estaban en el primer borrador, algo que disgustó a los fiscales del caso.
Una banda presidencial con licencia para robar
Semanas después de haber sido elegido como presidente, Saca y un equipo cercano formaron una comisión. Dicha comisión serviría para reunirse varias veces con otro grupo de unos cuantos funcionarios salientes que apoyaban al todavía presidente Francisco Flores.
Saca se reunió varias veces con Flores. En esas reuniones, Flores le heredó, según Saca, el uso de la partida contable llamada Gastos Reservados, también conocida como “Partida Secreta”.
Según Saca, Flores le enseñó un documento, un reglamento, un documento extraño que le daría poderes para saltarse la ley y hacer uso de millones de dólares de dinero público a su antojo y sin control de nadie. Ese documento no era una ley, era un acuerdo ejecutivo para el uso secreto del dinero. Tan secreto que el documento mismo también lo era. No necesitaba ser publicado en el Diario Oficial y bastaba con la firma de un solo funcionario para darle dichos poderes al presidente: la del mismo Saca.
Al centro, la casa del expresidente Saca, valorada por la Fiscalía en US$8 millones Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Este documento, con las modificaciones respectivas, fue aprobado el primer día de la administración Saca. Se sacaron dos copias que guardó el nuevo secretario privado, Élmer Roberto Charlaix, quien más tarde sería pieza clave en el desvío de fondos hacia cuentas públicas y quien, según la Fiscalía, también se apropió de parte del dinero público.
—En este reglamento, delegué al señor Élmer Roberto Charlaix el manejo de fondos de gastos reservados, lo que significaba que él elaboraría la solicitud de fondos al Ministerio de Hacienda y una vez obtenidos, el delegado procedería a la erogación de dichos fondos en nombre del declarante, su servidor, en su calidad de presidente de la República. Quedando autorizado Élmer Roberto Charlaix para abrir cuentas bancarias a su nombre, en las que se depositarían fondos de la Presidencia de la República, relató Saca.
Este reglamento permitía que de la cuenta principal de la Presidencia se erogaran fondos hacia cuentas de Charlaix y posteriormente de dos empleados de Casa Presidencial, de nombres Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, el primero gerente financiero y el otro auxiliar contable.
La estrategia de Saca, según él mismo la describió en su confesión, consistía en extraer millones de dólares cada mes, los que en un principio eran depositados en dos cuentas que manejaba Charlaix, quien emitía cheques a nombre del presidente para luego cambiarlos en efectivo. Sin embargo, casi un año después de usar esa estrategia, Saca y sus colaboradores notaron que estaban dejando demasiados rastros que los vinculaban directamente. Entonces abrieron 16 cuentas bancarias a nombre de Francisco Rodríguez y Pablo Gómez. Jorge Alberto Herrera Castellanos, el entonces tesorero de la Presidencia, era quien autorizaba los cheques.
Una vez que tenían el dinero en efectivo, el presidente podía hacer el uso que quisiera con él. Y nadie, ni siquiera la Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar el buen uso del dinero público, lo detectó nunca.
–Ya en la Presidencia, me di cuenta por medio de Élmer Roberto Charlaix que el examen prácticamente no se hacía. La persona encargada llegaba a ver que hubiera soportes, pero no hacía un examen retroactivo, contó Saca.
Un hombre de medios y una campaña publicitaria para enriquecerse
Saca lleva 35 años en los medios de comunicación y es dueño de un emporio de radios que cubre todo el país. Antes de llegar a la presidencia, Saca ya era dueño de cuatro empresas de radio. Sus empresas llegaron a alcanzar los US$3,2 millones en 2007, cuando aún se encontraba en el poder.
Luego de su posesión y al empezar a convertir en efectivo los millones de dólares de la Presidencia, parte del dinero se destinó al uso del Organismo de Inteligencia del Estado y a pagos de sobresueldos a funcionarios públicos.
—Debido a eso —cuenta el expresidente frente al tribunal—, me tomé la atribución de ampliar la campaña publicitaria gubernamental mediante un plan que este servidor sugirió.
El beneficio era simple para las agencias publicitarias. Si aceptaban el trato, cobrarían, a precios inflados, dos por ciento de lo pautado, y la diferencia iría para las empresas del expresidente.
Para que el dinero sustraído de la Presidencia finalmente llegara a su bolsillo, Saca se aumentó el salario en sus empresas, donde pasó de ganar US$4.000 a US$60.000 mensuales.
Después de una hora y media de declaración, uno de los fiscales que llevó a Saca hasta el juicio se levantó para hacerle un interrogatorio. Después de una serie de preguntas a las que el expresidente logra contestar con apenas algunas sílabas, el abogado le hace una última:
—Expresidente, ¿acepta usted haber cometido de manera dolosa el delito de lavado de dinero y activos que le atribuye la Fiscalía General de la República?
Con voz firme, Saca responde lo que el fiscal quiere escuchar:
–Sí, acepto.
*Este artículo fue publicado inicialmente en la revista Factum. Fue editado y reproducido con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.