El gobierno de Perú busca capturar al expresidente del país por cargos relacionados con un enorme caso de sobornos que ha implicado a una serie de miembros de las élites políticas y económicas de Latinoamérica y el Caribe.
Las autoridades peruanas están ofreciendo una recompensa de US$30.000 por información que conduzca a la captura de Alejandro Toledo, quien se desempeñó como presidente de Perú entre 2001 y 2006. Toledo es requerido por presuntamente aceptar US$20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para ganar una licitación de un proyecto de construcción de una importante carretera durante su administración, informó La República.
Otros funcionarios también han sido implicados en el supuesto esquema, entre ellos el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, quien se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas cuando se aprobó el contrato.
Un juez peruano ha ordenado que, si Toledo es arrestado y llevado a Perú, sea puesto en detención preventiva durante 18 meses, mientras se desarrolla su juicio.
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No se sabe dónde se encuentra Toledo actualmente, pero el ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío, dijo en la televisión estatal que él cree que hay un “90 por ciento de probabilidad de que el expresidente Toledo se encuentre en San Francisco”, ciudad de California cerca de la Universidad de Stanford, donde Toledo ha trabajado recientemente como profesor asistente (la información biográfica de Toledo parece haber sido eliminada de la página de Internet de Stanford, probablemente desde el 29 de diciembre de 2016. InSight Crime solicitó información a Stanford acerca de si Toledo todavía se encontraba afiliado a la universidad, pero no recibió una respuesta inmediata.)
Andina, el servicio de noticias estatal, informó que Kuzcynski habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle ayuda para localizar y deportar a Toledo. Basombrío señaló que las autoridades peruanas han estado trabajando con sus contrapartes estadounidenses en este tema.
Toledo ha emitido declaraciones en las que niega haber actuado mal, y refuta los comentarios del gobierno que lo caracterizan como un fugitivo. El expresidente ha dicho que tales acusaciones tienen “motivaciones políticas”.
Odebrecht admitió públicamente, en diciembre de 2016, que desde 2001 había pagado más de US$780 millones a través del denominado “Departamento de Sobornos” para obtener ilegalmente contratos de obras públicas en una docena de países, incluyendo $30,4 millones en sobornos en Perú. (Vea gráfica de InSight Crime abajo).
Análisis de InSight Crime
La supuesta participación del expresidente Toledo en el esquema de sobornos de Odebrecht lo convierte quizá en el más prominente miembro de la élite latinoamericana vinculado al caso hasta ahora. Sin embargo, él no es el único.
También han caído sospechas sobre el sucesor de Toledo en la Presidencia, Alan García, cuya administración le otorgó a Odebrecht un contrato de construcción para el sistema de metro en la ciudad capital de Lima, que según los fiscales dio como resultado US$8 millones en sobornos que la empresa les pagó a varios funcionarios. Al igual que Toledo, García ha negado cualquier irregularidad.
El sucesor de García, Ollanta Humala, también ha sido vinculado al escándalo de Odebrecht. Los medios de comunicación han indicado que la empresa de construcción brasileña pudo haber otorgado unos US$3 millones para la financiación de la campaña de Humala, a través de su esposa, Nadine Heredia.
La lista de miembros de las élites de otros países que han sido vinculados al masivo esquema de sobornos sigue creciendo, y ya incluye algunas importantes figuras, como el jefe de Inteligencia de Argentina, dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli y la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien actualmente se encuentra encarcelada por otros cargos de corrupción. Ninguna de estas personas ha admitido su participación en este esquema, ni se ha declarado culpable de aceptar sobornos de Odebrecht.
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El escándalo de Odebrecht también ha salpicado a varios políticos brasileños, entre ellos al actual presidente Michel Temer. Decenas de ejecutivos de Odebrecht han admitido haber participado en las actividades ilegales y han aportado testimonios contra otros sospechosos en el esquema, a cambio de recibir rebajas en sus penas. Estos testimonios, que podrían hacerse públicos dentro de poco, han sido considerados una “bomba”, cuya detonación podría llevar a prisión a algunos de los políticos más poderosos de Brasil.
A pesar de que Odebrecht ha admitido públicamente su culpa y ha prometido pagar miles de millones de dólares en multas por sus comportamientos ilegales, muchos países afectados por el esquema de sobornos apenas se encuentran en las etapas iniciales de las investigaciones para tratar de enjuiciar a los miembros de las élites que supuestamente recibieron dineros ilícitos.
Sin embargo, los pormenores del escándalo de Odebrecht que han salido a la luz hasta la fecha son significativos, puesto que ilustran cómo una red criminal que operaba al interior de una de las empresas más grandes de Latinoamérica pudo al parecer corromper a numerosos funcionarios de alto nivel en toda la región durante más de una década. Si se revelan más detalles del caso, es probable que otros políticos importantes sean atrapados.