En una carta que envió a congresistas estadounidenses el 18 de marzo pasado, Douglas Meléndez les comunica sobre la “pretensión de grupos externos” de interferir con casos abiertos por corrupción o temas de probidad.
Douglas Meléndez, el fiscal general de El Salvador, está recibiendo presiones de grupos de interés que no quieren que el ministerio público investigue casos de corrupción que ya están abiertos o que están por abrirse. Así se lo escribió el funcionario en una carta que envió el 18 de marzo de 2016 a seis congresistas estadounidenses que le habían escrito el 4 de febrero pasado para ofrecerle su apoyo.
“Debo mencionar como otra de mis preocupaciones la pretensión de grupos externos a la institución de interferir con casos de probidad y de corrupción, de investigaciones en progreso o de futuras investigaciones”, escribe el fiscal salvadoreño a los congresistas.
El 19 de febrero pasado, a poco de asumir la dirección de la Fiscalía General y de recibir la carta de los congresistas de Estados Unidos, Meléndez había hablado a periodistas sobre la presión de grupos externos sin especificar nombres de personas.
Desde entonces, la Fiscalía General se ha presentado parte en tres procesos civiles por enriquecimiento ilícito abiertos contra ex funcionarios públicos de alto nivel. Meléndez, en la carta, reitera a los congresistas estadounidenses que el combate a la corrupción y la impunidad son prioridades en su agenda.
Uno de esos procesos es contra el ex presidente Mauricio Funes, en el que está incluida Vanda Pignato, su ex esposa y actual secretaria de inclusión social. Otro es contra Leonel Flores, amigo personal de Funes y ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A ambos la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia les encontró inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y fondos personales que no han podido justificar.
El tercer caso es contra Reynaldo Cardoza, diputado del partido de derecha PCN, quien ha sido ligado a grupos de contrabando y narcotráfico por investigaciones policiales y quien en los 90 fue procesado y absuelto por delitos relacionados con el tráfico de personas.
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La Corte Suprema también encontró indicios de enriquecimiento ilícito del ex presidente Antonio Saca, antecesor de Funes, quien además de inconsistencias patrimoniales tenía cuentas bancarias que no declaró al fisco. Contra Saca, sin embargo, aún no hay proceso civil.
El fiscal Meléndez no ha hecho referencias concretas a personas o casos en las dos ocasiones en que ha denunciado intentos de presión o interferencias externas. Sin embargo, dos fuentes cercanas al despacho de Meléndez consultadas por InSight aseguraron que las denuncias están relacionadas, en efecto, con las investigaciones civiles abiertas tras los hallazgos de la sección de Probidad de la Corte Suprema y con otros casos de corrupción que quedaron empantanados durante la gestión de Luis Martínez, antecesor de Meléndez.
“Lo que el fiscal le está tratando de decir a los congresistas es que tiene un compromiso claro contra la corrupción y que seguirá adelante con eso, pero (también) que hay mafias incrustadas en el aparato del Estado que están haciendo lo posible para obstaculizar su esfuerzo”, confirmó una fuente cercana al despacho del fiscal general que accedió a hablar con InSight a condición de no ser identificado para poder hacerlo con libertad. La misma fuente confirmó que las denuncias de Meléndez tienen que ver con los casos civiles abiertos contra los ex presidentes.
Análisis de InSight Crime
Douglas Meléndez ha asumido la Fiscalía General de El Salvador en tiempos muy difíciles.
Por un lado, el nuevo funcionario juró como titular del Ministerio Público apenas entrado 2016; el año anterior había cerrado con 6,657 homicidios, es decir, con una tasa de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes, un récord para El Salvador y la cifra más alta del mundo para un país que no vive un estado de guerra. Los niveles de impunidad en casos de asesinato son, además, de los más altos de Centroamérica: solo uno de cada 10 casos de homicidios llegaron a tribunales el año pasado.
Y, en este escenario de violencia extrema, propiciada sobre todo por la guerra interna entre las pandillas MS13 y Barrio 18 con el Estado, Douglas Meléndez asumió una Fiscalía General marcada por un grave problema de desprestigio, causadas en gran medida por señalamientos de corrupción contra Luis Martínez, su antecesor.
Cuando Martínez dejó la Fiscalía sobre él pesaban investigaciones periodísticas acerca de su relación personal con Enrique Rais, un empresario acusado de estafa y fraude en cuyos aviones viajaba y a quien favoreció desde el Ministerio Público.
Martínez también favoreció a José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, el líder del Cartel de Texis y el único salvadoreño al que la Casa Blanca ha listado como capo internacional del narcotráfico. En 2014, Martínez ordenó a sus fiscales enterrar una investigación por lavado de dinero abierta contra Salazar Umaña a pesar de que el Ministerio de Hacienda había encontrado fuertes indicios del delito.
El mismo Meléndez confirmó el cierre abrupto de la investigación con Chepe Diablo durante la gestión de Martínez. “Yo me quiero también adelantar a decirles, en este caso… de Adán Salazar, si bien hubo una investigación inicial… hemos encontrado que hubo un corte de tajo en esa investigación”, dijo el nuevo fiscal a periodistas luego que el nombre del supuesto líder del Cartel de Texis saliera de nuevo a la palestra pública, esta vez por su asocio comercial con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.
Y en el marco de la discusión que la Asamblea Legislativa realizó a finales de 2015 para elegir al sucesor de Martínez, miembros de partidos políticos lo acusaron de utilizar investigaciones penales para intentar forzar su reelección.
Fuentes cercanas al despacho del nuevo fiscal dicen que Douglas Meléndez ha pasado desde enero, cuando asumió, tratando de ordenar la casa. De entrada, Meléndez ordenó 60 cambios y desterró a los colaboradores más cercanos de Martínez.
Hasta ahora, han sido muy pocas las investigaciones que el nuevo fiscal ha abierto. Su principal iniciativa vino la semana pasada, cuando presentó a la Asamblea Legislativa media docena de reformas al Código Penal como parte de la iniciativa del Ejecutivo para frenar la criminalidad y la violencia.
En ese contexto, las dos denuncias públicas sobre “presiones externas” por casos de corrupción que Meléndez ha hecho parecen mandar un mensaje claro, el último dirigido directamente a Washington: en El Salvador, el crimen organizado y las mafias políticas se sienten con suficiente poder como para incidir en el curso de las investigaciones criminales y para bloquear el buen funcionamiento de la Fiscalía General.
Es, puede decirse, un grito de auxilio.