La asamblea especial de las Naciones Unidas sobre política de drogas terminó sin cambios significativos en cuanto a los convenios existentes sobre el tema, a pesar de las presiones reformistas por parte de los países latinoamericanos que buscan un régimen menos prohibicionista. Dados los enormes obstáculos para un nuevo consenso internacional, los países reformistas de la región continuarán con sus experimentos a nivel nacional con respecto a la política antidrogas.
Los líderes mundiales se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 19 al 21 de abril para discutir la política de drogas a nivel global durante la Sesión Especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas (UNGASS por sus iniciales en inglés) sobre el problema mundial de las drogas. El evento, celebrado tres años antes de lo previsto debido a una solicitud de Colombia, México y Guatemala en 2012, ofreció un foro para debatir y repensar las actuales políticas de las Naciones Unidas con respecto a las drogas.
Actualmente, la política global de drogas se rige por tres convenciones sobre el control internacional de drogas, las cuales han sido criticadas debido a su enfoque prohibicionista y punitivo y porque no han logrado controlar el tráfico ni el consumo de drogas. Los llamados para una reforma en este sentido han venido creciendo durante varios años.
Sin embargo, en la UNGASS se observaron profundos desacuerdos sobre la política internacional de drogas. Las discrepancias se dan principalmente entre los países a favor de adoptar un “enfoque humano” que aborde el consumo de drogas principalmente como un problema de salud pública y los que continúan defendiendo un enfoque de estricta aplicación de las leyes.
Como se esperaba, los países latinoamericanos tomaron la iniciativa a favor de una drástica reforma de las políticas antidrogas, mostrando su frustración por la violencia y la corrupción generadas por el narcotráfico dondequiera que ha echado raíces en la región.
América Latina lidera las propuestas
Numerosos presidentes de América Latina se dirigieron a la Asamblea pidiendo una reforma de manera urgente, principalmente los líderes de México y Colombia, los dos países que históricamente han sufrido más con el tráfico de drogas.
En su discurso del 19 de abril, el presidente de México Enrique Peña Nieto se dirigió a los delegados con estas palabras: “Debemos ser flexibles para cambiar lo que no ha dado resultados, el paradigma basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada “guerra contra las drogas”[…] no ha logrado disminuir la producción, el tráfico ni el consumo mundial de drogas”.
Peña Nieto también declaró que México estaría dando pasos hacia la reforma, y le dijo a la Asamblea: “Les doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos”.
Para ello, Peña Nieto presentó una propuesta de 10 puntos para clasificar el consumo de drogas como un problema de salud pública y dejar de criminalizar a los consumidores. Al día siguiente anunció que enviaría al Congreso Mexicano una propuesta para legalizar los medicamentos a base de marihuana y aumentar la cantidad despenalizada de marihuana para el uso personal de 5 a 28 gramos.
La opinión de Peña Nieto fue apoyada por su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, quien pidió también cambiar las políticas de drogas represivas y punitivas por enfoques alternativos centrados en los derechos humanos y la salud pública.
“Después de tantas vidas que han sido destruidas, después de tanta corrupción y tanta violencia, después de tantos jóvenes que han ido a la cárcel, ¿podemos decir que hemos ganado la guerra (contra las drogas) o por lo menos que la estamos ganando?”, preguntó Santos. “Lamentablemente, la respuesta es ‘no’”.
Otros líderes de la región también apoyaron la reforma de la política de drogas.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por ejemplo, pidió un enfoque más humano para el control de las drogas, basado en la salud pública, diciendo que “las personas, y no las sustancias” deben estar en el centro de la política global de drogas.
“En esta llamada guerra contra las drogas, países como Guatemala hemos llevado la peor carga, después de haber sufrido la pérdida de vidas humanas de manera injusta”, dijo Morales, denunciando los pésimos efectos que ha tenido el tráfico de drogas para los países situados en las principales rutas de tráfico.
Morales, sin embargo, no fue tan lejos como su predecesor Otto Pérez Molina, quien había sorprendido a la comunidad internacional por defender la despenalización de las drogas después de asumir el cargo en 2012.
En su discurso del 21 de abril, el presidente de Bolivia Evo Morales se sumó a los reclamos por políticas antidrogas más humanistas, criticando las “fallidas” estrategias de lucha contra las drogas promovidas por Estados Unidos. Incluso llegó a proponer el desmantelamiento de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), organismo que Morales expulsó de Bolivia en 2008.
Morales defendió el uso tradicional que en Bolivia se la da a la hoja de coca, el principal ingrediente de la cocaína, y criticó el enfoque militarizado para la erradicación de la coca. Sin embargo, agregó que Bolivia no tiene intenciones de legalizar las drogas.
Entre los países del Caribe presentes en la UNGASS, Jamaica cuestionó por qué el derecho internacional todavía clasifica a la marihuana como si fuera tan peligrosa como la heroína. Jamaica despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana salieron frustradosy creó disposiciones para su uso médico, terapéutico y religioso.
El consenso define los resultados
A pesar de las apasionadas exhortaciones de los líderes latinoamericanos para abandonar el énfasis prohibicionista de los convenios vigentes de la ONU en materia de drogas, quienes tenían la esperanza de que se diera una reforma significativa en este sentido salieron frustrados de la UNGASS.
El día de la apertura de la sesión especial, los Estados miembros adoptaron un “documento final”, titulado “Nuestro compromiso conjunto para abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” (pdf). El documento, resultado de meses de negociaciones en Viena, Austria —sede de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUCDD)— no se aleja del marco de las actuales políticas prohibicionistas de la ONU. Por el contrario, reafirma el compromiso de “promover una sociedad libre del abuso de las drogas” y reconoce los tres tratados de control de drogas suscritos por la ONU como “la piedra angular del sistema internacional de control de drogas”.
Si bien la declaración reconoce las preocupaciones por la salud pública, y admite el uso de “medidas alternativas o adicionales con respecto a la condena o el castigo”, no hace referencia a la despenalización de las drogas a la reducción de los daños, dos aspectos centrales de las solicitudes de reforma. Como resultado, el “documento final” ha sido fuertemente criticado por los defensores de la reforma a la política de drogas, quienes dicen que sólo le hace unos ajustes menores a los actuales convenios de las Naciones Unidas.
Un comunicado publicado por los defensores de la reforma de la política antidrogas, la Comisión Global sobre Políticas de Drogas (pdf), señala: “El documento no reconoce el total fracaso del actual régimen de control de drogas para reducir la oferta y la demanda de drogas. Tampoco da cuenta de los efectos dañinos de las políticas anticuadas sobre la violencia y la corrupción, así como sobre la salud, los derechos humanos y el bienestar de la población”.
Los expresidentes que se han convertido en críticos de la política de drogas también rechazaron los resultados de la Asamblea. El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo dijo que el objetivo de la ONU de tener una sociedad libre de drogas es “poco realista, totalmente ingenuo y casi estúpido”; por su parte, la exprimer ministra suiza Ruth Dreifuss dijo que “la comunidad mundial no está preparada, no está dispuesta, a hacer un cambio de política que es absolutamente necesario”, informó the Guardian.
El hecho de que el documento final esté redactado en un lenguaje estandarizado y que no contenga una reforma significativa da cuenta de cómo se diseñan las políticas de drogas de la ONU: por consenso.
Por fuera de Latinoamérica, muchos países continúan promoviendo políticas punitivas, incluso draconianas, de lucha contra las drogas. Uno de los principales es Rusia, cuyo informe de VICE News adoptó una postura bastante intransigente durante las negociaciones en torno al texto del documento redactado en Viena. Otros de los países con posiciones radicales frente a las drogas son Indonesia, China e Irán, los cuales suelen ejecutar a quienes han cometido delitos relacionados con drogas.
¿Qué sigue ahora?
En última instancia, la incapacidad de la UNGASS de hacer cambios significativos a los actuales convenios internacionales de control de drogas significa que es probable que los países continuarán utilizando políticas divergentes y experimentales contra las drogas a nivel nacional, especialmente con respecto a la marihuana y particularmente en el continente americano.
Esto es más evidente en el caso de México y Peña Nieto, quien durante la UNGASS anunció cambios en las leyes sobre la marihuana. En este sentido, México se une a una serie de países de la región que han liberalizado las leyes sobre la marihuana, en particular Uruguay, que pronto comenzará a implementar la venta regulada y legal de marihuana por parte del Estado para uso recreativo, con lo que se convierte en la primera nación en todo el mundo que lo hace.
Más al norte, Estados Unidos parece que va a mantener su papel a la vanguardia de la legalización de la marihuana, aunque al parecer no por parte del gobierno nacional. Cuatro estados, entre los que se encuentran Colorado y Washington, ya permiten la venta de marihuana para uso recreativo, mientras que otros 24 han legalizado la marihuana para uso medicinal. El ministro de salud de Canadá, por su parte, anunció durante la UNGASS que en 2017 se introducirán leyes para legalizar la marihuana. El nuevo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su campaña legalizar y prometió regular el uso de la marihuana con fines recreativos, diciendo que ello corregiría un “sistema fallido”.
Además de las leyes sobre la marihuana, los estados reformistas también suelen explorar nuevas políticas con un enfoque en la salud pública en lugar de la aplicación de la ley, como ya se ha visto —con diferentes niveles de éxito— en los países de toda la región.
Teniendo en cuenta los poderosos defensores del statu quo y el estancamiento del proceso para llegar a un consenso internacional, es posible que los experimentos nacionales representen el futuro de la reforma de la política antidrogas en el futuro cercano. Lo que queda por verse es si los convenios internacionales prohibicionistas continuarán dominando con respecto a este desafío, o si su influencia global será disminuida por los intentos localizados de cambiar el paradigma.