La más reciente versión del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia aprobada por el Congreso otorga al grupo 10 curules en el organismo legislador a partir de 2018, pero la apuesta más segura para la guerrilla en su paso de grupo armado a movimiento político podría residir en legitimar su control sobre alcaldías y otros cargos locales en las zonas donde tradicionalmente ha ejercido control social.
La elegibilidad política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su acceso a curules generó gran controversia y fue determinante en la inesperada derrota del primer acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016. El nuevo acuerdo fue firmado por los jefes negociadores de la guerrilla y el gobierno el 24 de noviembre y fue aprobado por el Congreso el 30 de noviembre de 2016.
Entre algunos otros cambios, al nuevo texto se añadió que las FARC no podrán utilizar dineros de procedencia ilícita en las campañas electorales o en otras actividades políticas y que el partido que nazca del grupo guerrillero podrá acceder a dineros del Estado para la financiación de su campaña con “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica (en las elecciones previas al acuerdo)”.
En ambos acuerdos se dejó claro que los miembros de las FARC —incluso aquellos que sean encontrados responsables de delitos de lesa humanidad— no tendrán restricciones para presentarse a cargos de elección popular o para ser nombrados en el Congreso.
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En medio de la polémica por el apoyo estatal a la campaña del movimiento político que surja de la desmovilización de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos propuso a la Misión Electoral Especial, compuesta por entidades independientes y encargada de proponer reformas de fondo al sistema electoral colombiano, la posibilidad de “una financiación ciento por ciento estatal, para dejar a un lado todas esas injerencias de todos los contratistas y de todos los intereses económicos sobre nuestra democracia.”
Así mismo, la propuesta tiene como objetivo evitar la financiación de grupos ilegales en las campañas electorales, generar un clima de igualdad de condiciones entre los diferentes candidatos y partidos y evitar que el clientelismo del poder local y nacional tenga injerencia sobre las elecciones.
En el pasado, los intereses de varios grupos criminales lograron hacerse su parte del Congreso. Se calcula que durante el segundo gobierno del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, el principal opositor del acuerdo de paz, un tercio del Congreso del país estuvo dominado por los intereses de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar de extrema derecha que surgió como enemigo jurado las FARC.
Si bien es poco probable que las FARC logren conseguir un capital político similar al de los grupos paramilitares durante su apogeo, el alcance de su capital económico y social en algunas zonas del país podría ser incluso mayor.
Estimaciones de InSight Crime basadas en fuentes de inteligencia y trabajo de campo indican que en los años previos a su desmovilización, el grupo guerrillero habría tenido ingresos anuales cercanos a los US$500 millones , en su mayor parte provenientes de la minería ilegal y de su control sobre todos los peldaños de la producción de cocaína, así como de otras actividades criminales como secuestro, extorsión y la producción de marihuana y amapola.
En 2016 la Fiscalía General de Colombia llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos que tiene como objetivo desarticular las estructuras económicas de los grupos criminales de Colombia, incluyendo a las FARC.
Ese mismo año, Colombia incautó un total de US$1.700 millones en bienes ilícitos pertenecientes a grupos criminales, una cifra nada despreciable, que según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, corresponde al 50 por ciento de lo que se ha incautado en el país durante las últimas tres décadas, y que da muestras de la voluntad del gobierno para menguar la capacidad económica de la guerrilla y apropiarse de los activos obtenidos de manera ilegal.
Otro punto aclarado en el nuevo acuerdo es el referente a la jurisdicción especial de paz, y se estipula que los guerrilleros no podrán ocupar ninguno de los 16 puestos en la Cámara de Representantes destinados a las poblaciones ubicadas en la zonas más afectadas por el conflicto.
Con estas condiciones, en las elecciones de 2018 las FARC tendrán derecho a 10 puestos asignados directamente en el Congreso de la República, de un total 102 senadores y 166 representantes que componen el organismo colombiano, las FARC recibirán cinco curules en cada cámara del Congreso.
Una vez finalizado este periodo, los exguerrilleros deberán someterse a procesos de votación popular para los cargos políticos que busquen sostener, así como cualquier otro movimiento político.
Análisis de InSight Crime
Las FARC tendrán que enfrentar una serie de obstáculos importantes en su reincorporación a la vida civil y transformación en movimiento político. Lo más importante para la supervivencia del grupo en la arena política y social dependerá de su verdadera capacidad para generar un cambio en la opinión publica.
Esto no será tarea fácil. La más reciente encuesta de Invamer-Gallup señala que la favorabilidad del grupo ha pasado del 6 al 18 por ciento, una cifra que si bien se ha triplicado, sigue siendo baja para un partido político.
Las FARC tradicionalmente ha sido presentada como el principal enemigo público del país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez —quien sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes del país— se refiere constantemente al grupo como “narcoterroristas“. Esto, sumado con los profundos vínculos de la guerrilla con el comercio de drogas y otras actividades como extorsión y secuestro, no le ha ganado al grupo la simpatía de los colombianos. Para muchos, el discurso idealista de izquierda de las FARC ha perdido vigencia.
La tarea de un cambio de imagen ya comenzó, y no únicamente con la transformación progresiva de los jefes negociadores durante más de 4 años de diálogos, quienes poco a poco no sólo han ido cambiando sus botas campesinas por camisas de diseñador. Desde hace varios años una amplia red de apoyo del grupo guerrillero viene desarrollando silenciosamente trabajo político en las zonas urbanas y entre las clases medias y altas que tradicionalmente no se han identificado con su discurso. Así mismo, en un intento de mostrar a los medios locales e internacionales la nueva faceta del grupo, el año pasado las FARC celebraron en los Llanos Orientales de Colombia su primera conferencia abierta al público.
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Se calcula que la guerrilla cuenta con cerca de 10.000 miembros de milicias urbanas a nivel nacional, una cifra que incluso podría ser superior a la cantidad de guerrilleros en armas. Estas milicias están vinculadas a algunos de los más radicales grupos comunistas de Colombia, como el Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia (MB) y el Partido Comunista Clandestino de Colombia (conocido como PCCC o PC3).
Pero todavía está por verse si las FARC lograrán transformar esta cifra relativamente baja de milicianos en un movimiento político viable en las zonas urbanas.
Las zonas rurales donde las FARC tradicionalmente han ejercido control podrían presentar una oportunidad política más atractiva. La mayoría de los soldados rasos de las FARC que ya están reunidos en 20 de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 campamentos, repartidos en 13 de los departamentos de Colombia más afectados por el conflicto, ahora tendrán la posibilidad de comenzar a hacer política, y su mejor apuesta podría residir en comenzar su trabajo en estas zonas, donde la mayoría de sus alcaldes y de la población civil ya han dado el visto bueno al proceso de desmovilización, desarme y transición del grupo guerrillero.
En algunas de estas remotas zonas del país donde el gobierno ha estado ausente, el grupo ya se ha desempeñado como una suerte de Estado, supliendo las necesidades básicas de su población y en ocasiones ofreciendo trabajo como cocaleros a los pequeños agricultores, acceso a la salud a los enfermos e incluso han logrado imponer su propio sistema de justicia y códigos de castigo.
La política colombiana tradicionalmente ha estado plagada de corrupción y ha estado dominada por los intereses de las élites y de los principales grupos empresariales y económicos del país, los cuales representan al sistema contra el cual la guerrilla ha luchado por tanto tiempo, por lo que éstos serán los rivales naturales de los intereses del movimiento político que surja de la desmovilización de las FARC.
Es en estas zonas donde se vive un desencanto generalizado por el gobierno que el grupo podría encontrar su mayor botín político y donde podría tener más facilidad para acceder a cargos locales de elección popular como alcaldías, asambleas, juntas de acción local e incluso gobernaciones.
Sin embargo, el historial de sus intentos fallidos de incursionar en la arena política continúa ensombreciendo el proceso de transición del grupo guerrillero.
La Unión Patriótica (UP), el partido político que nació en 1984 producto de un tratado de paz entre el gobierno y las FARC, en su apogeo llegó a contar con nueve senadores, cinco representantes a la Cámara, 52 concejales, 14 diputados y 23 alcaldes.
Pero la masacre sistemática de miembros y presuntos simpatizantes de la UP a manos de los grupos paramilitares que empezaban a surgir en el país —y que luego se convertirían en las AUC—, en ocasiones en connivencia con las fuerzas del Estado, dejó un saldo estimado entre 3.000 y 5.000 muertos, incluyendo dos candidatos a la presidencia, lo cual terminó por acabar con el partido.
Algo similar —pero a menor escala— está pasando ahora con la Marcha Patriótica, un movimiento político que fue creado en 2012 con el fin de visibilizar a las víctimas del prolongado conflicto armado colombiano, el cual ya ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos significativos en su corto tiempo en la política colombiana, con el asesinato de al menos 120 de sus miembros y la desaparición de muchos más.
Si bien es cierto que las FARC deberán superar serios desafíos si quieren asegurar su supervivencia en la vida política y social del país, también será responsabilidad del Estado colombiano suministrar protocolos de seguridad efectivos que aseguren a los militantes de izquierda que no serán asesinados en su intento por ganar su tan buscada participación política.