La guerra militarizada contra las drogas en México llegó a su décimo año en 2016, pero con la generalización de la inseguridad, el aumento en los homicidios y nuevos campos de batalla con el crimen nadie celebró.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto heredó las actuales medidas de fuerza de su arquitecto y predecesor Felipe Calderón, se ha apegado con pocas variaciones a la partitura original en su estrategia de seguridad: mayor despliegue de tropas (y una nueva fuerza de policía militar) a las calles y persecución a los capos de las redes criminales.
Pero la (re)captura del capo más buscado de México, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a comienzos de 2016 fue una victoria pírrica para Peña Nieto —era la segunda vez que se capturaba al capo sinaloense después de su fuga de una cárcel de alta seguridad en México—. Y como suele suceder cuando los cabecillas salen del juego, esto dio lugar a mayor violencia y conflictos a lo largo de 2016.
“La inminente extradición de El Chapo a Estados Unidos parece haber debilitado al Cartel de Sinaloa y llevó a los grupos rivales a iniciar una ofensiva,” escribimos en noviembre. “El ataque contra la casa de la madre de El Chapo en junio de este año pudo haber sido el resultado de una alianza entre la Organización Beltrán Leyva y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Al parecer, este último también se ha unido a elementos del Cartel de Tijuana con el fin de apoderarse de las operaciones del Cartel de Sinaloa en Tijuana y en Baja California Sur. Es posible que todos estos factores contribuyan a la fragmentación del cartel —un patrón que se ha presentado en otros grupos criminales mexicanos en los últimos años—.”
Un Cartel de Sinaloa debilitado también está luchando ahora con el relativamente nuevo Cartel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG), que había comenzado sus operaciones como una facción disidente del grupo sinaloense. Algunos, incluyendo a la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés), creen que el CJNG es en la actualidad una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Este año, el incremento de las luchas internas entre grupos criminales, viejos y nuevos, en México podría explicar por qué los homicidios —que habían caído cuando Peña Nieto llegó al poder a finales de 2012— retrocedieron con fuerza medio camino durante 2016. Las tasas de homicidios han recaído desde el punto en que las recibió la administración de Calderón, y en algunos meses de 2016 se elevaron hasta situar al país en la mayor violencia de las dos últimas décadas.
No solo aumentaron los homicidios, también la violencia se propagó a nuevas regiones del país —una prueba de que los territorios siguen en disputa de las organizaciones criminales—. Estados como Guerrero y Michoacán siguen siendo campos de batalla, y nuevos estados como Colima, un diminuto estado sobre la costa Pacífica, irrumpió en el radar criminal en 2016.
“El pequeño estado de Colima, al occidente de México, ha visto un aumento de más de 900 por ciento en los homicidios, en comparación con 2015, en una ola de violencia que puede tener conexión con el crimen organizado y podría extenderse a estados vecinos,” informamos en mayo.
Las estadísticas de homicidios del gobierno mexicano ya no discriminan entre las muertes violentas y los homicidios relacionados con drogas, pero un análisis indicó un aumento sustancial en los homicidios de las redes criminales. Como escribimos en octubre, Semáforo Delictivo y Lantia Consultores notaron que “entre enero y septiembre de 2016, el crimen organizado fue responsable de 8.815 homicidios, que equivale a 58 por ciento de todos los homicidios en ese periodo y un incremento de 47 por ciento [en los homicidios del crimen organizado] en comparación con el mismo periodo del año anterior”.
El hecho de que las redes del crimen organizado puedan estar cometiendo más homicidios que en los últimos años refleja un fracaso de las medidas duras militares, que se suponía debilitarían a las redes y los actores criminales y limitarían su uso de la violencia. El crimen organizado ha demostrado la iniciativa y capacidad de respuesta de siempre a la demanda de Estados Unidos. El auge de la heroína al norte de la frontera es alimentado y controlado en gran medida por las organizaciones criminales mexicanas, una dinámica que ha proliferado desde el lanzamiento de la guerra contra las drogas en 2006 y a pesar de esta.
“La DEA ya advirtió sobre la mayor participación de los grupos criminales mexicanos en el lucrativo negocio de la heroína en Estados Unidos,” escribimos en septiembre. “En una evaluación de amenazas de junio de 2016 (pdf), la agencia señaló que los decomisos totales de heroína en Estados Unidos han tenido un incremento progresivo en los últimos cinco años, y que la heroína mexicana ha representado una parte en aumento de esos decomisos. Según el documento, la agencia halló que un 79 por ciento del peso total de la heroína analizada en 2014 provenía de México”.
El impacto del boom de la heroína en Estados Unidos se hizo sentir en todo México en 2016, pero quizás no hubo un lugar donde más se sintiera que en el estado de Guerrero, uno de los estados más mortíferos del país, donde campean la violencia, el caos y la impunidad.
Aunque los criminales se matan entre sí, mexicanos de otras condiciones siguieron cayendo víctimas de la violencia y las desapariciones perpetradas no solo por los delincuentes, sino también por las mismas fuerzas de seguridad que supuestamente combatían la inseguridad.
Objetivos altos, bajos resultados
La ofensiva del gobierno se inició en diciembre de 2006, cuando Calderón envió casi 6.000 soldados a su estado natal de Michoacán para controlar la violencia generada por las pandillas de drogas en guerra. Unos meses antes sicarios habían vaciado cinco cabezas en una pista de baile. Hacia finales de la administración de Calderón había en todo el país 75 bases militares dedicadas a la seguridad pública, y ese número se ha duplicado bajo la guardia de Peña Nieto —ahora hay 162 bases militares en todo el país, según reportajes del periódico mexicano Animal Político.
El gobierno mexicano ha resultado hábil en la captura de capos de la droga. Con las iniciativas de seguridad se han capturado a 100 de 122 de los criminales más peligrosos del país. Pero a medida que se eliminan o retiran del panorama criminal los cabecillas de los carteles, se inician nuevas guerras por territorio entre grupos rivales, por conflictos de sucesión, o por la inevitable fragmentación de los carteles en grupos disidentes más despiadados. El ejército mexicano, que se mantiene como la institución de seguridad que mayor confianza genera en el país, ha estado implicado en graves abusos contra los derechos humanos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Una investigación del New York Times señaló que durante la guerra contra las drogas, el ejército mexicano ha exhibido una tasa de muerte excepcionalmente alta, y los estimativos de la guerra contra las drogas tienen una variación enorme, de 130.000 a hasta 200.000.
“La militarización de la seguridad pública ha empujado a México a una espiral de violencia interminable. El ejército sabe de confrontación y control del espacio físico, algo que intensifica el conflicto en lugar de aplacarlo en el largo plazo. Súmese a esto un historial de graves abusos contra los derechos humanos, y se tiene una receta para el contragolpe, especialmente en las zonas más pobres y marginadas adonde se ha enviado el ejército”.
El desacuerdo sobre el acierto de la militarización en México provino de quien debía ser su mayor defensor —el secretario de defensa general Salvador Cienfuegos Zepeda. Declaró que el despliegue de soldados para combatir las redes criminales era un “error” y que enviar “soldados preparados para la guerra” a enfentar criminales ha causado “graves problemas”.
Con el aumento de la inseguridad y de los homicidios este año, aumentó el repudio de la sociedad civil, enfrentada a un sistema de justicia incompetente e indiferente que ni Peña Nieto ni su predecesor han reformado para bien (90 por ciento de los homicidios se quedan sin esclarecer). En estados como Guerrero y Michoacán, grupos de civiles armados siguieron tomando las armas para defender sus zonas en ausencia de protección estatal, lo que muchas veces fue la causa de mayores conflictos.
“Dos grupos de autodefensa en el atribulado estado de Guerrero en México se han lanzado acusaciones mutuas de participación en crimen organizado, lo que ilustra la complejidad del paisaje criminal en el epicentro de la heroína en el país,” señalamos en noviembre. “El conflicto entre los dos grupos armados —antiguos aliados que se suponía dedicados a la protección de las acosadas comunidades de Guerrero— muestra cómo todos los actores sociales sufren el impacto de la anarquía, la criminalidad y la impunidad que caracterizan los estados más violentos de México”.
Grupos de búsqueda conformados por civiles en busca de sus familiares “desaparecidos” se conformaron en Guerrero como consecuencia del secuestro masivo de 43 estudiantes en 2014. Estos grupos de búsqueda se han dispersado por todo México a otros estados este año, lo que demuestra que la crisis de los desaparecidos, surgida desde la guerra contra las drogas y en conexión con la policía y el ejército así como con los grupos criminales, se ha extendido a todo el territorio nacional.
“Los familiares de desaparecidos en el este de México han descubierto 75 fosas comunes, lo que es una muestra de la incapacidad —o la falta de voluntad— de las autoridades para establecer la suerte de miles de ciudadanos que han desaparecido en el país,” escribimos. “El Colectivo Solecito de Veracruz encontró las fosas comunes en Colinas de Santa Fe, una zona urbana de la ciudad de Veracruz que limita con el puerto de la misma, dijo a RadioFórmula la coordinadora de la organización Lucía de los Ángeles”.
Pese a las enormes debilidades de la estrategia militarizada de México, una nueva ley de seguridad interna propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, a finales de 2016, en realidad busca ampliar la participación de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas.
Perspectivas para el futuro
México necesita nuevas ideas
A menos que el país mejore, en términos reales, su sistema de justicia corrupto e ineficaz, se mantendrá la impunidad criminal que alimenta tanto de la inseguridad. El gobierno de Peña Nieto debe hallar la voluntad política y los recursos para perseguir los bienes financieros de los grupos criminales de México. Las autoridades también deben enfrentar los factores socioeconómicos que hacen de la vida criminal un prospecto atractivo para los jóvenes mexicanos.
Existen buenas razones por las que el gobierno mexicano recurrió a su ejército en 2006 para combatir el crimen organizado. Es el cuerpo de seguridad que mayor confianza general y el más calificado del país, y en ese tiempo el gobierno de Calderón enfrentaba a los Zetas, conformados por exsoldados muy adiestrados y bien equipados con un poder de fuego formidable. Podría decirse que en el México de hoy, el CJNG de Jalisco plantea un reto al estado mexicano diferente aunque igual de descomunal; el grupo saltó a la fama cuando derribó un helicóptero del ejército con un lanzagranadas de cohete en 2016.
Pero año tras año, el gobierno mexicano ha fallado en igualar su inversión en poderío militar con nuevo pensamiento, programas sociales y otras medidas diseñadas para debilitar el narcotráfico y la criminalidad, y 2017 promete mantenerse así. Con elecciones programadas para 2018, recaerá sobre los mexicanos decidir si quieren más de lo mismo del PRI o si finalmente han tocado ese escurridizo punto clave del cambio, y ya están hartos de la guerra.