Bienvenido a los GameChangers de InSight Crime 2016, donde destacamos las tendencias más importantes del crimen organizado en América. A lo largo del año el centro de atención se mantuvo en las investigaciones nuevas y en curso de casos de crimen organizado y corrupción de las élites políticas de la región, mientras que otros líderes políticos lucharon para poner freno a la criminalidad rampante, relacionada en parte con las negociaciones dirigidas por el Estado con guerrillas de izquierda y pandillas callejeras.
Importantes funcionarios del gobierno pasaron gran parte del año defendiéndose de acusaciones de corrupción y crimen organizado, con diferentes tipos de resultados. En el centro de la tormenta estuvo Brasil, donde en los contratos del gobierno se comenzaron a manejar sobornos y coimas que con el tiempo sumaron miles de millones de dólares. La principal víctima del escándalo fue Dilma Rousseff quien, irónicamente, fue expulsada de la presidencia por mal uso de fondos, no por corrupción.
En realidad, el Partido de los Trabajadores de Rouseff se asemeja más que ella a una organización criminal. Al igual que una mafia, el partido recaudaba y distribuía dinero para que las ruedas del poder político siguieran moviendo y lavando ese dinero a través de elaborados esquemas que involucraban compañías de construcción y cuentas en el exterior. El mentor de Rousseff, el célebre expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue acusado de lo que parece ser el tipo de pagos que todos los políticos y expolíticos brasileños reciben rutinariamente por la gestión de contratos estatales. De hecho, quienes expulsaron a Rousseff, están enfrentando acusaciones similares de corrupción, lo que ilustra cuán institucionalizado parece ser el problema.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro enfrenta un tipo de crisis diferente, que incluye una emergencia económica, corrupción generalizada y el aumento de las tasas de criminalidad en el país y un número cada vez mayor de funcionarios y exfuncionarios acusados de tráfico internacional de drogas. Si bien el caso del gobierno de Estados Unidos contra los “narcosobrinos” de la primera dama acaparó un sinnúmero de titulares, una gran cantidad de exmilitares también podrían estar exponiendo a investigadores estadounidense el funcionamiento interno del gobierno venezolano. Las perspectivas no son alentadoras y los problemas que afronta Maduro al interior de su propio país parecen estar haciendo que él y su gobierno incurran en actos criminales.
El Ministerio Público de Guatemala y su anexo respaldado por Naciones Unidas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siguió capturando y acusando a más sospechosos de participar en el Estado mafioso establecido bajo el liderazgo del expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y su Partido Patriótico (PP). El caso más sorprendente y revelador fue el de “Cooptación de Estado“, un esquema que involucró a numerosos contribuyentes de su campaña, cuyos dividendos fueron garantizadas una vez el PP asumió el poder en 2012.
Entre los capturados por el caso de la Cooptación del Estado está el exministro del Interior Mauricio López Bonilla, otrora aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas y héroe de la guerra civil de ese país, también está siendo investigado por sus múltiples y sombríos acuerdos con narcotraficantes como Marllory Chacón Rossell, a quien proporcionó un servicio de protección gubernamental luego de que ella fuera acusada de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y con Byron Lima, un excapitán del ejército que murió en la cárcel en medio de una disputa pública con el exministro del Interior.
Posibles casos de corrupción y delincuencia organizada siguen sacudiendo los cimientos de Guatemala, entre ellos uno que vincula a un traficante de drogas extraditado con el actual vicepresidente y un escándalo de corrupción relacionado con el hijo del actual presidente y su hermano.
La Fiscalía General de El Salvador detuvo a un expresidente, inició una investigación de corrupción sobre otro y acusó a un exfiscal general de corrupción, en parte por su relación con un empresario que tanto el gobierno salvadoreño como el estadounidense están investigando por tráfico de drogas. También volvió a abrir un caso contra José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el principal líder del Cartel de Texis, cuyos acuerdos con la Fiscalía en un caso anterior generaron controversia y podrían conducir a cargos adicionales contra el exfiscal general.
La Fiscalía General de El Salvador también está adelantando casos contra oficiales del gobierno y mediadores que facilitaron una tregua entre las pandillas callejeras del país. La tregua, que terminó en 2014, llevó a una breve caída en los homicidios. Las pandillas usaron su capacidad para cambiar la tasa de homicidios para promoverse en la arena política con los principales partidos del país durante la campaña para las elecciones nacionales y municipales, según mostraron videos y grabaciones de audio. Sin embargo, la Fiscalía General aún no ha anunciado lo que podría ser una investigación sobre votos negociados por beneficios para los líderes de las pandillas, incluyendo pagos por el manejo de los programas sociales del gobierno. (En Brasil también parecen haber tomado lugar negociaciones similares entre políticos y grupos criminales en la víspera de las elecciones municipales)
Las investigaciones en Honduras siguen acercándose cada vez más al presidente Juan Orlando Hernández. El Ministerio Público sigue investigando los vínculos entre un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y las contribuciones de campaña al partido del presidente, y acusó a narcotraficantes vinculados al hermano del presidente al narcotráfico. Un funcionario estadounidense incluso se refirió al hermano del presidente como una “persona de interés” en una investigación en curso.
Las acusaciones se producen cuando Hernández se posiciona para postularse a otro mandato presidencial, mientras lucha por reformar la policía al apoyar una purga en curso de arriba hacia abajo, la cual está encabezada por una comisión especial liderada por civiles. También enfrentan los mismos desafíos que administraciones anteriores, como detallamos en la serie de élites y crimen organizado en Honduras.
Los problemas en el Triángulo Norte también emanan desde abajo hacia arriba. Más de una docena de alcaldes en Honduras, El Salvador y Guatemala enfrentan cargos de corrupción y crimen organizado. Los alcaldes no sólo han trabajado directamente con el crimen organizado sino que han formado sus propios grupos, una tendencia que exploraremos en varias investigaciones que estamos preparando para 2017.
Otros países como Panamá y Nicaragua también se enfrentan a desafíos de corrupción y crimen organizado. El gobierno panameño solicitó a Estados Unidos extraditar al expresidente Ricardo Martinelli por la presunta escucha ilegal de hasta 150 críticos y opositores políticos. Mientras tanto, los nicaraguenses se preguntan sobre qué significará el creciente control de Daniel Ortega de todos los hilos del poder tras ser elegido para un cuarto mandato como presidente, algo que exploraremos también en 2017, en nuestra última serie de Élites y Crimen Organizado.
Para enfrentar la corrupción y la penetración criminal del Estado, tanto Honduras como El Salvador parecen mirar hacia la CICIG como un modelo. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), inició la ardua tarea de ayudar en investigaciones de alto nivel y a presentar proyectos legislativos para crear una base legal más sólida para luchar contra la delincuencia, y ya se han tropezado con obstáculos. En El Salvador, el fiscal general anunció la creación de una unidad especial independiente de lucha contra la impunidad. Estas no son soluciones a prueba de fallas, como lo demuestra nuestra investigación sobre la CICIG y su relación con las élites.
En medio de todo, hubo algunas buenas noticias. Honduras depuró el 40 por ciento de los altos mandos de su conflictiva fuerza policial y Guatemala aumentó su tasa de rehabilitación de jóvenes encarcelados. Perú tuvo récords mínimos de producción de coca y Ecuador aumentó sus incautaciones de drogas.
En contraste con las élites políticas de otros países, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ganó el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos exitosos de su gobierno para forjar un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua y grande del hemisferio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El anuncio, sin embargo, ocurrió pocos días después de que los colombianos votaran por rechazar ese acuerdo a través de un plebiscito con una abstención del 37 por ciento, luego de una desagradable campaña política y social contra el acuerdo, liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.
El frágil acuerdo de paz de Colombia ha tomado varios giros desde entonces. El gobierno de Santos modificó ligeramente el acuerdo original y lo presentó al Congreso en lugar de enfrentar otro plebiscito. Mientras tanto, cinco comandantes de las FARC se separaron públicamente de su organización, preparando el escenario para un caótico 2017, con respecto a nuevas alianzas criminales y posibles defecciones, muchas de las cuales podrían surgir en los vacíos de poder producto de la desmovilización de las FARC de las áreas productoras de coca.
Los paradigmas criminales también están cambiando en Brasil y México. En Brasil, el grupo criminal más grande del país, el Primer Comando Capital (PCC) y su otrora aliado el Comando Vermelho (CV), han iniciado una batalla que ya ha involucrado a una buena parte del sistema penitenciario brasileño y algunas partes de Río de Janeiro, el bastión de poder del CV. En México, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa están luchando por el control de las plazas a lo largo de rutas de drogas tradicionales y nuevas.
La lucha entre el CJNG y el Cartel de Sinaloa es parte de la razón por la que México está siendo testigo de las tasas de homicidios más altas desde 2012, una tendencia preocupante que se podría acelerar aún más con la extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fue recapturado en enero de 2016.
En toda la región hubo muchos otros aspectos positivos, demasiados para enumerar aquí. Como sucede a menudo, las malas historias de noticias ensombrecieron el constante cambio incremental y los numerosos resultados positivos, muchos de los cuales se están presentando debido a los extraordinarios esfuerzos para procesar a las élites políticas en todos los niveles.