El 19 de agosto, tras un ataque que dejó tres militares heridos y que el gobierno atribuye a los paramilitares, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia en el estado fronterizo de Táchira por 72 horas. “¡Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo, que llegue la hora de la justicia para el Táchira!”, dijo Maduro.
Dos días más tarde, el presidente extendió el cierre de la frontera indefinidamente, decretó “estado de excepción” en cinco municipios fronterizos y convocó a una reunión de emergencia entre los cancilleres de Venezuela y Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que el cierre de la frontera no es la solución. Por el contrario, Venezuela debería colaborar con Colombia para hacer frente a las actividades ilícitas en la región fronteriza. La coalición de oposición política Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado en el que critica el decreto del gobierno y el cierre de la frontera en Táchira.
Este es sólo el más reciente caso de acusaciones del gobierno de Maduro contra los paramilitares colombianos, culpándolos por los problemas de gobernabilidad en Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en Venezuela Politics and Human Rights, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), fue traducido y reproducido con permiso. Vea el original aquí.
El gobierno afirma que la oposición local está confabulada con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y con Estados Unidos para introducir a Venezuela paramilitares de extrema derecha, que según el mandatario han participado en actividades como barricadas callejeras de la oposición, conocidas como “guarimbas” (vea informes aquí, aquí y aquí), homicidios selectivos de intelectuales y líderes políticos revolucionarios (aquí y aquí), delincuencia común (aquí y aquí), contrabando de productos básicos (que el gobierno considera una “guerra económica” contra el país) e intentos de golpe de Estado.
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En otro reciente caso, Maduro se refirió a las confesiones del principal sospechoso del asesinato de una mujer, Liliana Hergueta, quien fue encontrada desmembrada dentro de su automóvil a principios de este mes. Según Maduro, los hombres fueron “entrenados en las artes paramilitares del asesinato y el desmembramiento de personas. Hemos detectado otros grupos como éste, entrenados y financiados por los paramilitares de [el expresidente colombiano] Uribe”.
Maduro dijo además que los asesinos de Hergueta tenían vínculos directos con líderes de la oposición que fueron los encargados de dar la orden de matarla. Y dio a entender que cometer delitos aleatoriamente hace parte de un complot de desestabilización de su gobierno por parte de la oposición. Dijo también que un sector de la oposición planeaba utilizar a estos criminales paramilitares para asesinar a Leopoldo López, líder de la oposición encarcelado, y que su gobierno había “salvado la vida de López”.
Días antes de las declaraciones de Maduro, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, también había vinculado el asesinato de Hergueta a “paramilitares entrenados en Colombia”. El líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, mostró fotos de líderes de la oposición, como Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, posando en reuniones públicas con los presuntos asesinos, como evidencia de la relación entre la oposición y el crimen. Incluso el defensor del pueblo, Tareck William Saab, dijo que dichos vínculos se habían establecido y que la oposición debe reconocer la participación en el crimen. También declaró que el crimen es “evidencia de la inclusión de prácticas paramilitares para la desestabilización política”.
La prueba más importante con la que cuenta el gobierno es un video en el que aparece José Pérez Venta, el principal sospechoso en el caso, confesando haber recibido entrenamiento paramilitar en Colombia y tener vínculos con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, así como con varios líderes de la oposición y personalidades y funcionarios de Estados Unidos.
Sin embargo, una investigación del portal de noticias opositor Runrun.es sugiere que los presuntos asesinos de Hergueta hacían parte de la red de informantes anónimos del gobierno llamados “patriotas cooperantes” y que su tarea era “infiltrar partidos políticos de oposición”. La página de Internet dice que el asesinato de Hergueta fue el resultado de una disputa relacionada con un fallido acuerdo de transferencia de dinero. Runrun.es también había dicho recientemente que Pérez Venta y su principal cómplice, Carlos Trejo, hacían parte de una red que se dedicaba a extorsionar y secuestrar mujeres.
RunRun.es no ha presentado mayores evidencias de estas afirmaciones, aparte de las palabras del abogado de una de las presuntas víctimas de Pérez Venta. El abogado dice que ha tenido contactos con al menos siete víctimas de la banda.
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El gobierno también ha estado afirmando sistemáticamente que los paramilitares están involucrados en otras actividades, como delitos comunes y contrabando de bienes básicos a pequeña escala (conocido como bachaqueo). El mes pasado, el ministro del Interior Gustavo González López explicó que el mismo día en que comenzó la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), se necesitaron redadas militares y de policía para liberar a las áreas urbanas denominadas “zonas de paz” del control del “paramilitarismo colombiano, bandas criminales, extorsión y secuestro”.
El presidente Maduro informó que la OLP continuará hasta que el gobierno derrote al “paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano, y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar e instaurar un modelo que le ha hecho mucho a nuestra hermana Colombia. Estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo, con el pueblo, con la unión cívico-militar policial. La unión de todo nuestro pueblo”.
Cuando la prensa de la oposición criticó la OLP, Maduro respondió que los críticos mismos estaban involucrados en el paramilitarismo. “Todos salieron ¿a qué? […] Salieron como locos porque estaban metidos hasta los teque-teques con grupos paramilitares colombianos, de las llamadas bacrim [bandas criminales]”, dijo el presidente refiriéndose a los comentarios publicados en el editorial del diario El Nacional.
Sin embargo, los críticos de las versiones de una “infiltración de los paramilitares” alegan que éstos no sólo están siendo utilizados para difamar a los líderes de la oposición sino también para “criminalizar a los pobres”. En una entrevista reciente, el criminólogo Andrés Antillano, que adelanta una investigación etnográfica en un barrio de Caracas supuestamente infiltrado por paramilitares, dijo que “los actores de la violencia no son paramilitares, son muchachos excluidos que no tienen empleo, que están por fuera del sistema educativo y que se juntan con muchachos semejantes del barrio vecino, en escaramuzas y violencias fortuitas que son fuentes para recibir una suerte de reconocimiento”.
A Keymer Ávila, criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, también le preocupa la “lógica de la guerra en esta permanente construcción de enemigos”. Agrega que “el discurso [del gobierno] en este sentido no ha sido consistente: a veces se refiere a paramilitares colombianos, otras veces al crimen organizado, a mafias e incluso a maras de El Salvador. Recientemente han democratizado estas categorías para usarlas contra los bachaqueros [revendedores de productos básicos a pequeña escala] lo que equivale a usarlas contra los pobres. Incluso han utilizado una retórica fascista al llamarlos ‘una plaga’ contra la que se debe luchar”.
En su más reciente boletín internacional, PROVEA sostiene que el uso del término “paramilitar” es una justificación discursiva de la OLP, que “exagera la percepción de un enemigo interno y externo que es característica de las doctrinas de seguridad nacionalistas”.
Es preocupante además que, al insistir en que “la amenaza paramilitar” proviene de la vecina Colombia, el gobierno está avivando sentimientos xenófobos contra los residentes de Colombia en Venezuela.
La semana pasada, Maduro anunció que está preparando un “plan especial” para detener lo que él llamó un “éxodo” de colombianos en Venezuela, sobre el que dijo, en su cuenta de Twitter (@PresidencialVen), que “sólo es comparable al éxodo de africanos hacia Europa”. El presidente también dijo que “la mayoría de las personas que deciden migrar a Venezuela llegan sin educación, sin dinero para subsistir, huyendo de la miseria y buscando la protección y la seguridad social gratuita que ofrecemos aquí”.
PROVEA acusó a Maduro de liderar una “peligrosa campaña xenófoba”. Según el gobierno, 185 colombianos han sido deportados durante la OLP en Táchira en los últimos dos días. El gobernador de Táchira, José Vielma Mora, adscrito al PSUV, dijo que 791 ciudadanos colombianos que “estaban ilegalmente en el territorio venezolano [han sido] entregados a las autoridades colombianas”.
Los líderes de la oposición han negado las acusaciones del gobierno según las cuales ellos tienen vínculos con grupos paramilitares y los están “importando” para desestabilizar al gobierno. El MUD afirma que estas medidas son un intento de suspender las elecciones legislativas de diciembre. Sin embargo, el experto constitucional José Ignacio Hernández dice que los procesos electorales no pueden ser suspendidos mientras rija un decreto de “estado de excepción”.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y líder del PSUV, respondió al comunicado de prensa del MUD diciendo que la crítica que la organización le hace al decreto es evidencia de que ellos “están apoyando el contrabando, el bachaquerismo, el narcotráfico y la demostrada [participación] de los paramilitares en el caso del asesinato de Lilian Hergueta”.
Este artículo fue publicado originalmente en Venezuela Politics and Human Rights, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), fue traducido y reproducido con permiso. Vea el original aquí.