El 25 de julio de 2025, algunos disparos rompieron la calma de La Fría, un pueblo del estado Táchira, en Venezuela, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Ciudadanos grabaron una camioneta negra con hombres armados —algunos vestidos de civil y otros con uniformes militares venezolanos— disparando contra otro vehículo.
El enfrentamiento fue inusual, porque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejerce un fuerte control sobre La Fría y buena parte de la frontera de Táchira con Colombia. Las autoridades venezolanas suelen dejar al grupo operar con total libertad, lo que sugiere que el tiroteo pudo haber originado un caso de confusión.
*Este artículo es el cuarto de la investigación “La paz nunca fue una alternativa: el ELN de Colombia en Venezuela”, que analiza el crecimiento del ELN en territorio venezolano y cómo esa consolidación le ha permitido proyectar su influencia hacia Colombia. Lea la investigación completa aquí.
Aunque las autoridades afirmaron haber detenido a seis guerrilleros, no se reveló públicamente su identidad. Las fuerzas de seguridad no ofrecieron más comentarios al respecto. El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, minimizó el hecho y lo atribuyó a una banda dedicada al robo de vehículos.
El ELN controla La Fría desde hace unos seis años, cuando actuó de la mano de las fuerzas de seguridad venezolanas para expulsar a los grupos paramilitares colombianos que antes dominaban el área.
La presencia de la guerrilla y su posterior consolidación han sido posibles gracias a una relación simbiótica con el Estado venezolano: un modelo de gobernanza criminal híbrida que se está replicando a lo largo de toda la frontera con Colombia.
La impunidad del ELN en Táchira es el resultado de años de complicidad y cooperación con fuerzas de seguridad locales y líderes afines al gobierno. En muchas zonas, el ELN ha logrado un control social tan profundo que la ciudadanía ve al grupo como una extensión del Estado —a veces incluso lo percibe más confiable que el propio gobierno de Nicolás Maduro, tanto en lo social como en lo económico—.
De rivales a aliados
La relación del ELN con Freddy Bernal es clave para entender la consolidación de su poder en Táchira.
A mediados de la década de 2010, grupos paramilitares colombianos de derecha, especialmente la banda criminal de Los Rastrojos, empezaron a intentar imponer por la fuerza su dominio en las comunidades fronterizas de Venezuela, con el objetivo de controlar las rentables rutas de contrabando que usaban pasos clandestinos conocidos como trochas. Estos caminos se volvieron muy transitados tras el cierre de los cruces oficiales en medio del deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
En ese momento, Táchira era un bastión de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. En 2018, Maduro designó a Bernal —un exagente de policía y político oficialista— como “protector” del estado, un cargo creado para colocar autoridades paralelas en territorios dominados por la oposición. Desde ese puesto, Bernal encabezó una campaña para desplazar a los paramilitares y encontró un aliado confiable en el ELN.
La alianza fue fructífera para Bernal, quien se convirtió oficialmente en gobernador de Táchira en 2021. El ELN ha ayudado a mantener el control en una frontera antes porosa y caótica, además de regular las múltiples economías criminales e informales que operan en el corredor binacional. El grupo incluso pudo haber inclinado la balanza en la elección de Bernal, limitando el margen de maniobra de la oposición y presionando a los votantes para respaldarlo.
Con su avance en Táchira, el ELN obtuvo hegemonía criminal sobre buena parte de la frontera norte con Colombia y sobre el principal punto de cruce entre ambos países. Y esa experiencia le enseñó al grupo la importancia de combinar la protección de autoridades venezolanas con un estricto control social para preservar su dominio sobre economías criminales binacionales, entre ellas el contrabando y el tráfico de drogas.
Estado híbrido y paramilitar
La relación del ELN con las autoridades venezolanas es en gran medida simbiótica, aunque a veces se complica por fallas de comunicación o actos de desobediencia.
Funciones oficiales como la protección de la frontera y del territorio han sido cedidas tácitamente a la guerrilla, tanto en Táchira como en otros estados limítrofes con Colombia, donde InSight Crime ha observado patrones similares.
El ELN también ha asumido otros roles estatales. Funcionarios de cuatro municipios, entrevistados por InSight Crime bajo condición de anonimato, dijeron que coordinan actividades con los guerrilleros. Las solicitudes de maquinaria y combustible durante los periodos de escasez han sido frecuentes, así como los pedidos para abrir caminos en pueblos montañosos donde las agencias gubernamentales tienen dificultades para llegar.
Además, el ELN utiliza las ganancias de sus economías ilícitas para comprar capital político.
“En algunas instituciones les han pedido ayuda y ellos envían [dinero] para pintura, envían para los regalos, envían para podar, para talar. O sea, todas esas necesidades que tienen las instituciones públicas”, dijo a InSight Crime un funcionario municipal de Táchira.
El ELN ha impuesto un conjunto de reglas en los pueblos fronterizos que, según los residentes, han sido efectivas para mantener el orden y la seguridad, algo que las autoridades a veces no logran garantizar. Por ejemplo, los guerrilleros castigan con severidad a presuntos ladrones, y algunos incluso desaparecen.
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El grupo también sanciona conductas públicas consideradas inaceptables, como las peleas, obligando a los agresores a realizar trabajos comunitarios, entre ellos limpiar calles y carreteras. Además, ejerce funciones de justicia paralela, resolviendo disputas personales y cobrando deudas impagas.
Algunos habitantes apoyan los estrictos códigos sociales que impone el ELN. Un comerciante de La Fría dijo a InSight Crime que agradece a la guerrilla por mejorar zonas abandonadas del pueblo, limpiar las calles y reducir los delitos comunes.
“Estamos aquí luchando, sobreviviendo, y hemos aprendido a vivir con esas cosas que no son normales”, afirmó.
En varias ocasiones, los residentes reportaron que las propias fuerzas de seguridad han redirigido las denuncias hacia el ELN, argumentando que la guerrilla es más eficaz que ellas para resolver estos conflictos.
“Hay algo que me preocupa, incluso me pasa a mí. Hay gente que se siente más segura con ellos [el ELN] que con las fuerzas policiales”, dijo a InSight Crime un exdirigente político en la frontera.
La transformación de las trochas
El control que el ELN logró sobre los pasos fronterizos clandestinos de Táchira fue una fuente importante de ganancias hasta hace pocos años, cuando las trochas dejaron de ser tan lucrativas tras la reapertura de los pasos oficiales en septiembre de 2022, luego de siete años de restricciones.
Sin embargo, del lado venezolano, la profunda infiltración del ELN en la política y la economía le ha permitido adaptar sus métodos a este panorama de constante cambio. Según políticos y residentes de San Antonio del Táchira entrevistados por InSight Crime, la guerrilla ha comenzado a extorsionar a negocios legales dedicados a la importación y exportación.
“[El ELN] cobra de una manera muy solapada, tiene presencia en las almacenadoras”, comentó un residente con conocimiento del sector aduanero. “Entiendo que eran 100.000 pesos colombianos (unos US$25) por camión, y si sumas los que pasan a diario o al mes, es una cifra que puede ser importante”.
Durante el primer trimestre de 2025, 4.553 vehículos de carga cruzaron los puentes, según cifras oficiales. Si incluso un pequeño porcentaje de esos camiones paga la tarifa, el ELN podría obtener varios miles de dólares mensuales por esta extorsión.
Al mismo tiempo, el ELN mantiene el control sobre el disminuido contrabando que circula por las trochas y sobre el paso de quienes, por falta de documentos o por mover mercancías ilegales, prefieren evitar los cruces formales. Muchas empresas que importan bienes colombianos hacia Venezuela, buscando evadir el pago de aranceles, envían camiones por las trochas y pagan a la guerrilla por el tránsito. Sin embargo, pagar directamente a funcionarios venezolanos corruptos en los pasos oficiales puede resultar más económico.
Un grupo binacional
El creciente peso del ELN en las comunidades fronterizas venezolanas ha llevado a que la guerrilla, nacida en Colombia, reclute cada vez más a ciudadanos venezolanos, además de colombianos.
El reclutamiento de venezolanos no es nuevo ni exclusivo de Táchira. Otros estados como Apure y Zulia también han visto cómo la guerrilla busca nuevos miembros ofreciéndoles buenos pagos, ropa, teléfonos celulares e incluso entrenamiento.
Muchos jóvenes —hombres y mujeres— de zonas rurales enfrentan una alta vulnerabilidad económica. En 2024, el Observatorio Venezolano de Finanzas estimó que el 86% de los hogares del país vivía en pobreza. En este contexto, las promesas de la insurgencia resultan especialmente atractivas.
Este amplio grupo de posibles reclutas en Venezuela podría estar teniendo un impacto significativo en las operaciones del ELN en Colombia. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista con Caracol en agosto que cerca del 40% de los integrantes del ELN en la región del Catatumbo son extranjeros, en su mayoría venezolanos.
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El aumento de venezolanos en las filas del ELN en ambos lados de la frontera, sumado al fortalecimiento del grupo en territorio venezolano, consolida aún más su carácter de organización criminal binacional.
“Para mí el ELN hoy es una organización colombo-venezolana”, afirmó Luis Eduardo Celis, uno de los analistas más experimentados sobre el ELN en Colombia.
Con una fuerte presencia en Venezuela —respaldada no solo por autoridades de todos los niveles, sino también protegida por comunidades locales—, el ELN tiene terreno fértil para sostenerse, refugiarse y expandirse, sin importar los cambios o la persecución que enfrente del lado colombiano. Su naturaleza binacional transforma de manera irreversible la dinámica de seguridad en ambos lados de la frontera.
