El ya caótico escenario de conflictividad social y violencia en Venezuela luce aún más complicado a una semana del fallido alzamiento militar. El acelerado debilitamiento del Estado parece favorecer las acciones anárquicas de los grupos armados que actúan con impunidad; mientras el régimen de Nicolás Maduro intensifica sus políticas de “mano dura” contra los pobres y los opositores.

El pasado 30 de abril un grupo de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se rebeló contra el gobierno de Maduro, liderado por los opositores y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juramentado como presidente interino de Venezuela; y Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular. Entre los alzados estaba el general Manuel Cristopher Figueroa, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política encargada de perseguir y torturar a los opositores de Maduro.

El grupo de rebeldes armados tomó una de las principales vías de Caracas. Pedían a los ciudadanos que salieran a las calles e invitaban a más integrantes de la FANB y de los cuerpos de seguridad a sumarse a su causa. Aunque su llamado no fue atendido por otros uniformados, la acción mostró una importante fractura y debilitamiento del estamento militar que ha sostenido a Maduro, y desencadenó fuertes enfrentamientos y una dura represión contra manifestantes que apoyaban el alzamiento, con un balance de 5 personas muertas en dos días en Caracas y el estado Aragua.

En videos que circularon en las redes sociales se pudo apreciar que los enfrentamientos no eran solo entre manifestantes civiles y miembros de las fuerzas de seguridad especializadas en el control del orden público. Los episodios de represión y violencia armada también fueron protagonizados por “colectivos” (paramilitares vinculados al gobierno de Maduro), y funcionarios de la policía judicial y policías estadales preventivas que en el pasado no habían participado en estos choques.

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Los días posteriores, cuando la especulación sobre el evento político-militar acaparaba la atención de los medios, se registraron llamativos hechos de violencia y matanzas ejecutados por colectivos, “pranes” (líderes carcelarios) y “megabandas” (grandes pandillas) esparcidas por todo el país y por grupos irregulares colombianos que operan en la frontera.

Una balacera en el puente Simón Bolívar que une a Táchira con Colombia; el asesinato de un general de la Fuerza Aérea y otros 5 funcionarios en Aragua -ordenado por pranes de la cárcel de Tocorón-; y el enfrentamiento entre megabandas rivales en el estado Sucre, con ocho muertos y 14 heridos; encabezan la lista de incidentes recientes.

Por estos hechos aún no hay culpables, ni detenidos. Mientras los grupos criminales gozan de inmunidad e impunidad, el gobierno de Maduro ha respondido al alzamiento militar con su escuadrón de la muerte (Fuerza de Acciones Especiales de la Policías Nacional Bolivariana, conocida como FAES) y sus colectivos, intensificando la persecución a los opositores del régimen y reprimiendo a los manifestantes que demandan comida, agua y salud.

Análisis de InSight Crime

El fallido intento por derrocar a Maduro parece haber dejado al descubierto algo más grave y aterrador que una conspiración dentro del gabinete presidencial, el debilitamiento de la FANB y la fragilidad de la oposición: En Venezuela se consolidan diversas manifestaciones de violencia que podrían dar inicio a un conflicto civil.

Aunque Venezuela ya es el país más violento de la región, con una tasa de 81,4 homicidios por 100.000 habitantes, y uno de los más peligrosos del mundo, la multiplicidad de grupos armados y organizaciones criminales que operan en su territorio parecen fortalecerse en la medida en que aumenta el caos político y se desdibujan las funciones Estado.

“Así como se han debilitado la FANB, los grupos criminales se han fortalecido porque han crecido en impunidad. Nadie los persigue y nadie los acusa de nada. Por otro lado, tienen inmunidad porque están por encima de la justicia, no hay justicia que los detenga y luego, ejercen control territorial”, explicó a InSight Crime el experto venezolano en temas de seguridad, Alberto Ray.

La liberación inmediata de miembros de colectivos armados que fueron detenidos por la fuerza pública en el estado Lara cuando robaban y atacaban a ciudadanos indefensos, y la posterior sanción y destitución –por parte de gobernantes regionales afines a Maduro- de los funcionarios policiales que practicaron las detenciones, parece ser una muestra de la impunidad y el poder otorgado desde el Gobierno a algunos de estos grupos.

En opinión de Ray “lo que estamos viendo es una privatización de los espacios por parte de grupos criminales, sin la posibilidad de que los cuerpos de seguridad y los militares puedan hacer algo. Esa es la demostración más clara de que inclusive quebrando a los militares corruptos todavía queda la capa de estos grupos criminales”, dijo.

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Por otra parte, se trata de grupos que tienen parcelas e intereses que proteger como lo ha dicho InSight Crime. El Cartel de los Soles, por ejemplo, conformado por miembros de la FANB y especialmente de la GNB, controla casi por completo el tráfico de drogas desde Venezuela.

Los colectivos, que actualmente tienen presencian en todo el país y cuentan con el apoyo ya público de Nicolás Maduro y su entorno. Son grupos tarifados que reciben pagos para defender la “revolución”, pero su principal beneficio es tener el camino libre para cometer delitos y desarrollar economías criminales con impunidad.

En el caso de los grupos irregulares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han logrado extenderse a más de la mitad de Venezuela, la estabilidad de sus operaciones criminales en Venezuela y la permanencia de sus líderes en territorio venezolano estarían en jaque con una eventual caída de Maduro. Así que su prioridad es defender y proteger los espacios ganados de la única manera que conocen: la fuerza.

“He visto episodios preocupantes y sorprendentes. Hay un proceso de subversión del poder y de la gente armada que está llevando a Venezuela a un escenario muy caótico y de confrontación civil. Colectivos, FAES, CICPC, desmovilizados de la GNB (funcionarios que han abandonado el componente militar), pranes y megabandas son facciones armadas que con un tiempo más en un escenario de caos, pueden entrar en un conflicto civil”, asegura Ray, quien es asesor privado de seguridad y estudioso del tema de la violencia venezolana.

El panorama lo completan otras conductas disfuncionales del Gobierno: Militares la Fuerza Armada entrenan a guerrilleros entrena a guerrilleros del ELN para lanzar misiles, según reveló Bloomberg; la GNB pide apoyo a los colectivos para el control del orden público y la criminalidad; y el nuevo jefe de la FAES (Fuerza de Acciones Espaciales de la policía) era el líder de un colectivo (grupo paramilitar).