La escalada de violencia entre las fuerzas de seguridad y una banda en una región minera de Venezuela, permite entender de qué manera la ruptura de las alianzas criminales y políticas puede conducir a conflictos abiertos.
El Sindicato de El Perú, que extorsiona a mineros ilegales y opera plantas procesadoras de oro crudo en el sur del estado Bolívar, ha sido blanco de operaciones de seguridad durante el último año y medio. Las acciones han llevado a arrestos y asesinatos de miembros de la banda, aunque sus dos principales líderes, conocidos como «Toto» y «Zacarías», se mantienen en pie.
Una de las respuestas de la banda a los ataques se produjo a finales de marzo, cuando dos hombres armados interceptaron un camión que transportaba a Wuihelm Torrellas Martínez, exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Los hombres tomaron como rehén a Torrellas Martínez y le exigieron 15 kilos de oro para su liberación. Los captores decapitaron a su guardaespaldas, pero él logró escapar, según Infobae y medios venezolanos.
VEA TAMBIÉN: De más buscados a más favorecidos: Venezuela decide qué grupos criminales crecen
Luego, en el mes de abril, circuló un video en el que un miembro del Sindicato de El Perú, rodeado de miembros de la banda enmascarados y armados con fusiles de asalto, hace una referencia velada al secuestro de Torrellas Martínez, diciendo que «un rehén no escapa si sus captores no lo dejan ir», informó El Pitazo.
En el video, el mismo hombre también exige que el presidente Nicolás Maduro envíe una comisión en un plazo de 78 horas para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en el municipio de El Callao, bastión del grupo. Si no se cumplían estas condiciones, afirmaba el grupo, atacarían a las fuerzas de seguridad en Bolívar y en otras partes del país.
La respuesta del gobierno nacional consistió en enviar tropas a El Callao y emitir un toque de queda para los residentes, según un informe de El Pitazo. El aumento de la presencia militar en la zona llevó a miembros de la banda a trasladarse a otras zonas mineras de Bolívar, como Nacupay.
Y sin embargo, el año pasado, parecía que el grupo estaba a punto de sucumbir. En septiembre de 2020, luego de que diez de sus miembros supuestamente cayeran abatidos en el lapso de un mes, El Sindicato del Perú envió otro video a Maduro, pidiendo un «diálogo, ya que nos encontramos en una guerra que no tiene sentido por defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo» y en el que afirmaban que llevan siete años combatiendo a grupos armados.
Análisis de InSight Crime
El Sindicato de El Perú aparentemente se ha vuelto en contra de los planes de un alto funcionario del gobierno para controlar la región minera de Bolívar, que es cada vez más importante para mantener a flote al régimen.
El estado Bolívar es central para una gran franja del Arco Minero del Orinoco, región rica en oro, diamantes, bauxita, coltán y otros minerales preciosos.
Bandas criminales como la de El Perú, que se autodenominan sindicatos, llegaron a controlar gran parte de la minería ilegal en la región del Orinoco. Por su parte, funcionarios del gobierno local protegían sus operaciones e incluso les proporcionaban armas, según informes de exintegrantes de las fuerzas de seguridad del estado Bolívar.
VEA TAMBIÉN: Gold and Chaos: Gang Lords Rule Venezuela’s Orinoco Mining Arc
Pero la llegada, en 2018, del gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri —exoficial de la Guardia Nacional sancionado por blanqueo de capitales por Panamá y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— les cambió el destino a esos grupos, particularmente al Sindicato de El Perú.
Tras la llegada de Noguera Pietri, el ejército y los oficiales de contrainteligencia militar recibieron la orden de penetrar en los territorios controlados por el Sindicato de El Perú, según fuentes cercanas al gobierno que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
El Sindicato de El Perú se ha debilitado claramente desde entonces y su llamamiento directo al presidente Maduro suena a desesperación. Aun así, ha optado por continuar haciendo ruido. El secuestro de Torrellas, miembro del partido oficial, es una prueba del poder que todavía ejerce en su bastión local.