El caso de un importador de oro que extrajo miles de millones de dólares de minas ilegales presuntamente dirigidas por grupos criminales suramericanos, muestra la manera en que éste se adaptaba rápidamente, cuando encontraba obstáculos, para continuar sus actividades ilegales.
Juan Pablo Granda, gerente de operaciones de NTR Metals, una refinería de metales ubicada en Dallas, Texas, ha sido acusado de ayudar a dirigir un esquema a través del cual la sede de la compañía en Miami compraba oro proveniente de minas ilegales en Perú, presuntamente a cargo de grupos criminales, a los cuales les ayudaba a lavar dinero. La noticia apareció inicialmente en Bloomberg, que analizó cuidadosamente el caso.
Como señala Bloomberg, hacia comienzos de enero de 2013, Granda y algunos de sus socios conspiraron para blanquear dineros mediante el envío de miles de millones de dólares a Latinoamérica “con la intención de promover la actividad criminal organizada, incluyendo la minería ilegal de oro, el contrabando de oro y la entrada de mercancías a Estados Unidos por declaraciones y medios falsos, así como el tráfico de estupefacientes”, como dice en una declaración jurada con fecha del 10 de marzo, escrita por Colberd Almeida, agente especial de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus iniciales en inglés) (vea el documento al final).
Según los registros de importación de la Aduana de Estados Unidos mencionados en el expediente, NTR comenzó a comprar oro en Perú a finales de 2012. La declaración jurada dice que NTR declaró en el año 2013 un estimado de US$980 millones en importaciones de oro de ese país. Esta cifra es asombrosa, sobre todo si se tiene en cuenta que NTR sólo había importado US$73 millones en 2012, y las importaciones de oro de Perú habían sido prácticamente nulas el año anterior.
Pero a finales de 2013, Perú intensificó su lucha contra el contrabando de oro, como InSight Crime informó en uno de sus análisis. En diciembre de ese año, las autoridades confiscaron oro en el aeropuerto internacional de Lima, gran parte del cual iba dirigido a NTR. En consecuencia, se intensificaron los controles y los chequeos, lo que condujo a una gran disminución de las importaciones de NTR desde Perú —de unos US$980 millones en 2013 a sólo US$79 millones en 2014—.
Sin embargo, las rutas del oro ilegal tomaron otro rumbo. Los contrabandistas peruanos comenzaron a llevar el oro extraído ilegalmente a países vecinos, desde donde el mineral era enviado a Estados Unidos. Como lo muestran las cifras incluidas en la declaración jurada, tras los severos controles al oro ilegal en Perú, las importaciones de NTR procedentes de Ecuador y Bolivia llegaron a los US$485 millones. Al mismo tiempo, la empresa estadounidense importó oro de otros países de la región, sobre todo de Colombia, pero también de Chile, Guyana y naciones del Caribe.
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En total, entre 2012 y 2015, NTR importó más de US$3.600 millones de dólares en oro latinoamericano. Las autoridades creen que Granda y sus socios superaron a sus competidores ofreciendo pagos más rápidos a sus clientes, y viajaron a Perú y países vecinos para reunirse con sus proveedores de oro ilegal.
Conversaciones de WhatsApp interceptadas, muestran que los acusados eran conscientes del carácter ilegal de su negocio. En una de ellas, según la declaración de Wills, Granda comenta: “Yo soy como Pablo [Escobar] viniendo a Ecuador por coca”. Las conversaciones también muestran cómo los acusados alardean sobre la cantidad de oro contrabandeado por sus respectivas “mulas”, hombres jóvenes que eran contratados para sacar el oro extraído ilegalmente de Perú.
A cambio de las importaciones ilegales de oro, Granda y otras personas supuestamente les transfirieron miles de millones de dólares a sus proveedores. Los chats interceptados muestran que los acusados conocían sobre los vínculos criminales de sus clientes, y que algunos de ellos tenían relaciones con el narcotráfico.
Ni la declaración jurada ni la acusación presentada el 23 de marzo (vea el documento al final) hacen ninguna referencia a los nombres de los individuos o grupos criminales específicos que controlaban las minas que supuestamente abastecían a NTR.
InSight Crime contactó a representantes del Distrito Sur de Florida, la corte estadounidense encargada del caso, pero éstos se negaron a comentar sobre las investigaciones en torno a Granda y sus socios.
Granda fue detenido el 15 de marzo por autoridades estadounidenses en Miami. En caso de ser culpable, enfrentaría hasta 20 años de prisión. NTR Metals, que expulsó a Granda, no ha sido puesto bajo investigación.
Análisis de InSight Crime
El caso de Granda demuestra la rapidez con la que las cadenas de distribución criminales pueden adaptarse a los cambios de los organismos de seguridad. En lugar de importar desde Perú, donde las autoridades habían endurecido las medidas para controlar el oro proveniente de fuentes ilegales, los importadores trasladaron sus operaciones a países vecinos. Las autoridades de Estados Unidos creen que era el mismo oro peruano, sólo que importado de un país diferente, y los mensajes de Whatsapp de Granda parecen apoyar este argumento.
Para ello, al parecer la empresa también recurrió a operadores locales. Granda supuestamente utilizó empresas fachada para exportar unos US$47 millones de oro peruano ilegal entre 2014 y 2015. Las autoridades creen además que los intermediarios peruanos le ayudaban a Granda y a sus socios a obtener los documentos requeridos por las autoridades aduaneras y a organizar los envíos. Además, uno de los intermediarios arrestados dijo que Granda contaba con la ayuda de Prosegur, una empresa especializada en el transporte de mercancías de alto valor, supuestamente llevando el oro ilegal a los puntos de almacenamiento desde donde era enviado fuera del país. Prosegur ha negado cualquier vínculo con Granda y sus socios.
Gran parte del éxito de estas redes de tráfico depende de la complicidad de funcionarios corruptos. Según La República, las autoridades peruanas creen que entre 2013 y 2016 Granda exportó oro ilegal a través de cuatro empresas fachada registradas ante un notario y de propiedad de Francisco Villavicencio Cárdenas, congresista y miembro de Fuerza Popular, un partido liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
La minería de oro ha sustentado durante mucho tiempo a los grupos del crimen organizado en toda Latinoamérica, y la asombrosa cantidad de oro de contrabando de la región es indicio de la creciente demanda del metal precioso. Según un informe del Consejo Mundial del Oro, la demanda mundial de oro ha aumentado constantemente durante los últimos años, llegando a 4.309 toneladas en 2016. Como las minas legales no logran satisfacer las necesidades del mercado, los sitios de extracción ilegal controlados por grupos criminales abastecen la demás parte.
El porcentaje de oro extraído de manera ilegal varía significativamente en toda Latinoamérica. En 2013, las estimaciones de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus iniciales en inglés) indican que cerca del 28 por ciento del oro extraído en Perú era ilegal.
La minería ilegal está vinculada a muchas otras actividades criminales conexas. Un estudio de GITOC en 2016 señala varios casos de tráfico sexual en zonas de minería ilegal peruanas. Según el informe, unas 2.000 trabajadoras sexuales estaban trabajando en la ciudad cercana a una explotación de minería ilegal de oro, conocida como Delta 1, en el departamento de Madre de Dios. Un sorprendente 60 por ciento de ellas eran menores de edad.
Otro informe de Verité, organización estadounidense sin ánimo de lucro, puso al descubierto casos de trabajo forzado en la minería de oro ilegal en Madre de Dios. Allí los hombres jóvenes son forzados a trabajar en condiciones extremas, no reciben pago durante seis días, y sólo se les permite quedarse con lo que encuentren en el séptimo día, una dinámica que conduce a esclavitud por endeudamiento.
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Pero la minería ilegal del oro, en el Perú y en otros lugares de Latinoamérica, está también profundamente vinculada al tráfico de drogas.
“El tráfico de oro va de la mano del narcotráfico”, dijo el fiscal asistente estadounidense, Frank Maderal, durante una audiencia en el caso de Granda, informó Bloomberg.
De hecho, el oro es un excelente medio para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico, debido a su valor universal y a su difícil trazabilidad. Una fuente confidencial referida en la declaración jurada de Almeida dijo que sabía que los narcotraficantes peruanos recibían millones de dólares en Estados Unidos, para luego llevar el dinero de nuevo a Perú, con el fin de comprar oro extraído ilegalmente en el país. El mineral se vendía luego a las refinerías en Estados Unidos y en otros lugares, y a cambio los criminales recibían transferencias de dinero.
Declaración jurada de Granda
Acusación de Granda