La oficina del alguacil del condado Martin, en Florida, presentó una petición de causa probable, mediante la cual se solicita a una jueza que certifique el decomiso de cuatro aeronaves que, según las autoridades, pertenecen al empresario salvadoreño José Enrique Rais, después de que perros antinarcóticos los alertaran sobre tres de esas aeronaves, las cuales, según dicen, no están debidamente matriculadas en Estados Unidos.
La petición afirma que Rais, ciudadano salvadoreño con conexiones políticas, usó “compañías fachada” y testaferros para matricular de manera impropia los aviones como de propiedad de empresas estadounidenses. Dice la petición que las aeronaves, dos jets corporativos y un bimotor Cessna, llevan el sello distintivo de las aeronaves usadas para el transporte ilegal de estupefacientes, a saber, la codiciada matrícula estadounidense, compartimientos interiores con señales de alteración y sofisticados sistemas de aviación que no coinciden de ningún modo con el exterior descuidado.
La solicitud del alguacil señala que las sospechas que levantaron las matrículas los llevaron a vigilar y posteriormente a inspeccionar la nave, en cuya oportunidad las alertas de los perros antinarcóticos, así como las actividades y movimientos de la tripulación levantaron aún más sospechas.
Rais, puntualiza la petición, se encuentra investigado por las autoridades federales.
“José Rais, quien desde el inicio de esta investigación ha sido designado Objetivo Prioritario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés) y objeto de investigación internacional por sus vínculos con grupos del crimen organizado, compañías fachada, carteles y políticos corruptos”, dice la petición presentada por el alguacil William D. Snyder.
InSight Crime obtuvo copia de la petición, un documento público registrado el 21 de abril en el Juzgado del Circuito 19 del condado Martin, Florida (vea la petición – pdf). El documento solicita al juez que requiere al propietario de los tres aviones y un helicóptero para que “presente sus alegatos de descargo y defensa afirmativa” y “emita un veredicto final sobre los decomisos”. La jueza que recibió la petición todavía tenía que emitir su dictamen el 25 de abril.
Rais es un empresario influyente en El Salvador, con estrechos lazos con el exfiscal general de la república y con altos funcionarios de gobierno de distintos países. Controla la firma de manejo de desechos sólidos, que recibe subsidios públicos, Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES), que ha celebrado contratos con partes del gobierno salvadoreño para la disposición de residuos por más de una década.
Los registros públicos en El Salvador, por ejemplo, muestran que ambos jets se usaron en viajes que hizo Rais junto a Luis Martínez cuando este último ostentaba el cargo de fiscal general de El Salvador. Los dos llevaron a sus familias juntas en algunos de los viajes, y Martínez usó los aviones para viajar con empleados de la Fiscalía General en numerosas ocasiones, como lo atestiguan documentos de inmigración y de las autoridades aeroportuarias.
Rais, por medio de sus abogados, señaló que no se han presentado cargos y que la jueza aún debe celebrar una audiencia o establecer si hubo causa probable para el decomiso, como lo solicitó el alguacil.
“Ni el Grupo Rais ni José Enrique Rais ni ninguno de sus asociados ha cometido crimen alguno, y por lo tanto niegan cualquier alegato al respecto”, escribió el abogado con residencia en Miami Jonathan Noble David como respuesta a una solicitud de comentario de InSight Crime.
(Vea el artículo adjunto)
La incautación
La oficina del alguacil comenzó a vigilar el hangar a comienzos de marzo, después de recibir un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus iniciales en inglés) de “circunstancias sospechosas” en torno a una aeronave en el aeródromo Witham, de Stuart, Florida, a 160 km al norte de Miami, el cual estaba programado para salir hacia El Salvador.
El 10 de marzo, el perro antinarcóticos “Óscar” y el detective de la oficina del alguacil James Maltese fueron llamados a la escena después de que otros miembros de la oficina del alguacil y que un agente de la DEA detuvieran otro avión sospechoso cuando parecía estar alistándose para despegar, e interrogaron a dos pilotos y un mecánico, quienes dijeron trabajar para Rais, según establece la petición.
Tuvieron el apoyo del agente especial de la DEA Kyle Keenan, quien había recibido una alerta de su agencia diciendo que “Grupos criminales de Centro y Sur América podrían estar trasladando sus operaciones al norte de los condados de Broward y Miami-Dade como respuesta a recientes interdicciones de estupefacientes en los aeropuertos de esos condados”.
La petición relata que el piloto José Mendoza dio permiso a Óscar de abordar los jets “para olfatear en busca de narcóticos”. Después de que el perro diera indicaciones positivas sobre puntos específicos en ambas aeronaves, los detectives solicitaron una orden de cateo que les fue concedida para registrar el hangar, y hallaron el bimotor Cessna, que fue objeto del aviso de la FAA, y un helicóptero Robinson. Del 10 al 15 de marzo, los detectives y el agente Keenan registraron y analizaron la nave y el hangar e investigaron su propiedad y su historia.
El documento señala que los detectives identificaron uno de los aviones, un Learjet 31a con número de matrícula N-54HT como registrado a nombre de una empresa de Rais Group International, caracterizada como empresa fachada “de la cual es presidente José Rais, ciudadano no estadounidense”.
Óscar y otro perro de la unidad de perros policías del alguacil, de nombre “Bingo”, volvieron al hangar el 15 de abril e inspeccionaron nuevamente un segundo jet, una nave Canadair Challenger 601, N-440KM.
“Al igual que antes, Óscar alertó sobre un gabiente ubicado en el suelo en el área trasera de carga posterior del avión y sobre un asiento ubicado justo encima de ese gabinete”, indica el documento. “Óscar arañó sobre el gabinete e intentó ponerse bajo el asiento, indicando que la fuente del olor podría estar debajo del compartimiento de pasajeros”.
Pasó luego a decir que el perro alertó de una escotilla en la parte exterior del avión que correspondía a la misma parte del avión, y añadió que “Bingo alertó del olor de los narcóticos en la misma escotilla”.
El agente Keenan, de la DEA, “descubrió que la nave había sufrido alteraciones —lo que es consistente con el contrabando de drogas— para acomodar a solo nueve pasajeros, en lugar de los 22 para los que estaba equipada originalmente”, anota el documento.
La solicitud indica que la Oficina del Alguacil con apoyo de la DEA estableció que las cuatro aeronaves están matriculadas con empresas conectadas con Rais. Agrega que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) suministró información que conecta a los miembros de la tripulación aérea de Rais y a personas que actúan como testaferros de las empresas en Estados Unidos del empresario salvadoreño con investigaciones previas por narcotráfico.
Empresas fachada y equipos de lujo
Los detectives de Florida y la DEA también investigaron la documentación de “empresas de papel” que aseguran fueron creadas por Rais, y examinaron sus conexiones políticas y empresariales en El Salvador. Los pilotos Mendoza, Mauricio Serrano y el mecánico José DeSantiago también son citados en sus declaraciones sobre estos temas en la petición.
El Cessna N-585PA que primero llamó la atención de la FAA y atrajo a las fuerzas de seguridad al hangar 7 está matriculado con una empresa de responsabilidad limitada (LLC) de Florida, Aviators II. La petición señala que Aviators II tiene dos gerentes, José Rais y James Prince. Tanto la DEA como el alguacil del condado Martin cuestionaron la legalidad de que Aviators II estuviera matriculada con una firma estadounidense, requisito para matricular aviones con número N de Estados Unidos, que también se conoce como códigos de cola o códigos de llamada.
La ley que regula las firmas de responsabilidad limitada estipula que ciudadanos estadounidenses deben constituir hasta dos tercios de los administradores de la LLC y tres cuartas partes de sus de su junta de votantes. Los investigadores establecieron que Aviators II no cumple esa ley, reza el documento.
James Price, socio de Rais en Aviators II, “en una declaración grabada ha negado ser propietario del N585PA y admitió que completó los documentos de matrícula a su nombre como un favor para su amigo Rais”, declara la petición. La DEA, se lee en el mismo documento, cree que los intentos por ocultar la propiedad extranjera para obtener un código N estadounidense podrían deberse a que los aviones con registros estadounidenses están menos sometidos a escrutinio de seguridad en aeropuertos.
La investigación también estableció que el Cessna “había estado registrado anteriormente al socio comercial de Rais, William Dee, quien en 2011 admitió a la DEA que había lavado dinero para la compra de una aeronave”, continúa el documento.
Otro aspecto del avión, de 35 años de antigüedad, que llamó la atención de los agentes antinarcóticos fue que a pesar de su “pobre condición general” y falta de mantenimiento, el Cessna estaba equipado con instrumentos de navegación de primer nivel; un paquete de navegación y comunicaciones cuyo costo sería de US$86.000 según cálculos conservadores. La aviónica, que es “especialmente útil para realizar aterrizajes fuera de pistas en lugares remotos” fue instalada por una empresa llamada Peninsula Avionics, detalla la petición. Hace notar que en 2015 la DEA confiscó a la misma empresa un avión matriculado indebidamente, que “comparte una dirección corporativa con Aviators II LLC, de Rais”.
Los investigadores también descubrieron que algunos compartimentos del Cessna que deberían abrirse únicamente “en contadas ocasiones” durante la vida útil de una aeronave, y eso sólo por mecánicos certificados de la FAA, mostraba señales de abuso.
“Este patrón de tornillos desmontados y mal colocados es común en aviones que se usan para el contrabando de droga”, observa el documento.
Allí mismo se dice que la contribución del FBI se dio en forma de información suministrada por un informante confidencial, quien les dijo que un hombre que creían era el mecánico, DeSantiago, había sido visto pasando demasiado tiempo trabajando en las secciones de la cola de los aviones y “puede estar involucrado en la creación de compartimientos ocultos en la nave”. Dice también que la búsqueda de los detectives en el hangar arrojó un computador portátil marcado con “N440KM Challenger 601”, que contenía imágenes de “múltiples cavidades huecas con capacidad para almacenar muchos kilos de narcóticos”.
Bajo investigación federal
La petición dice que una LLC de Missouri, de nombre JODA, aparece registrada como propietaria al menos de una de las aeronaves, Canadair N-440KM, pero es menos claro establecer la relación de Rais con la nave.
Un documento inscrito en el expediente de un tribunal de ética en El Salvador y firmado por el abogado de Rais, el mismo Jonathan David citado arriba, con fecha del 13 de julio de 2015, certifica al Secretario de Estado de Carolina del Norte que David Stone es propietario de JODA y que Enrique Rais nunca ha sido propietario legal de la empresa.
Sin embargo, en el documento elaborado por el alguacil Stone lleva cuatro años muerto, y un hombre llamado Randall Stevenson ha dicho que estaba a cargo de “ir cerrando” la empresa después de la muerte de Stone.
Sin embargo, la oficina del alguacil insiste en que “JODA, LLC, al igual que Aviators II, LLC, han operado como testaferros para el ciudadano salvadoreño José Rais en contravención de… Estatutos de Florida”, lo que convierte el avión en un “bien de contrabando”.
Sigue afirmando, “el hecho de que José Rais financie el N440KM por medio de JODA, LLC no lo protege de la prohibición a ciudadanos no estadounidenses de tener una aeronave con matrícula estadounidense”.
Documentos de la autoridad portuaria de El Salvador, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), anexados a una investigación abierta por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de El Salvador, para indagar por las relaciones entre Rais y el exfiscal general Martínez indican que MIDES es propietaria del jet Canadair.
Por su parte, Stevenson ha aparecido anteriormente en el radar de la DEA, cuando su nombre y su información de contacto aparecieron en el teléfono de Édgar Valle luego del arresto de Valle en el 2000 por tráfico de unas 30 libras de heroína procedentes de Venezuela con destino a la Florida.
“La inteligencia de la DEA señala que JODA LLC ha sido objeto de por lo menos cuatro incautaciones relacionadas con estupefacientes, una de las cuales dio lugar a la confiscación de más de 15 libras de cocaína y 10 libras de cannabis”, indica la petición de decomiso registrada en el juzgado. Señala que la DEA también ha “tenido en la mira” al menos a otros dos aviones de JODA por “actividad relacionada con drogas”.
La propiedad de la otra aeronave sigue en duda. Hacia el final de su investigación inicial, la oficina del alguacil había confiscado los dos jets, un Cessna y un helicóptero Robinson con matrícula N-4488N. El helicóptero está registrado a una empresa de responsabilidad limitada de Carolina del Norte llamada Citation 501RL, que a su vez es de propiedad de Rais y administrada por su abogado David, según la petición.
El documento establece que Rais Group International Inc., propietario del Learjet, está registrada también en Panamá desde el 4 de junio de 2008. El registro de propiedad en Panamá indica que la empresa sigue abierta. La petición añade que la DEA suministró información referente a que el jefe de operaciones aéreas de Rais Group International, Charles Blount, piloteaba una aeronave que se usó para transportar heroína a Estados Unidos.
Pasajeros de alto nivel, conexiones cuestionables
Rais tiene contactos influyentes con funcionarios de gobierno actuales y de administraciones anteriores, algunos de quienes han volado en los aviones investigados. Luis Martínez, quien fungió como fiscal general de El Salvador entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, admitió al tribunal de ética TEG que voló en aviones de Aviators II, Rais Group International y Joda LLC, vinculados a Rais por la DEA y ahora en manos del alguacil Snyder, en espera del dictamen de la corte sobre su petición de decomiso.
Martínez testificó en el TEG que había hecho 18 vuelos oficiales en aviones privados. Sin embargo, los expedientes de las autoridades aeroportuarias y migratorias obtenidas por el TEG indican que entre 2013 y parte de 2015, Martínez viajó por lo menos 22 veces en el jet incautado Canadair N-440KM y en el Learjet N-54HT. Martínez afirmó en una carta enviada al TEG en febrero de 2015, que viajó en esos aviones privados —como primer funcionario encargado de velar por la ley en El Salvador—”a consecuencia de los altos riesgos que se corren al combatir de manera frontal el crimen organizado”.
Martínez fue objeto de escrutinio durante su ejercicio como fiscal general por, entre otros, su presunta relación con José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo.” Salazar Umaña es el presunto líder del Cartel Texis, operación para el transporte de estupefacientes y el lavado de dinero en la región oriental de El Salvador. Él fue nombrado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) como objetivo “clave” en 2014.
La petición dice además, citando a la DEA, que José Luis Merino también voló en el jet Canadair que los perros policías Óscar y Bingo señalaron que pueden haber tenido rastros de sustancias ilícitas. Merino es jefe del partido de gobierno de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y consejero del presidente.
Merino es una figura controvertida en El Salvador y otros países. Exintegrante del ahora extinto Partido Comunista de El Salvador, Merino ha sido representante del FMLN para ALBA Petróleos, iniciativa energética lanzada por Venezuela para unir política y económicamente a gobiernos de mentalidad similar en la región, entre otros proyectos dirigidos por el gobierno.
La solicitud de la oficina del alguacil del condado Martin clasifica a Merino como copropietario de MIDES en Venezuela, y afirma que él también “asistió notoriamente a una organización terrorista colombiana para adquirir armas en 2008”, en referencia a un supuesto negocio de armas para la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por último, la petición menciona que el expresidente hondureño Porfirio Lobo también viajó en el avión que se encuentra bajo la custodia del condado Martin. El hijo de Lobo fue arrestado, se dice que en Haití, y enfrenta acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos. InSight Crime ha indagado por las posibles conexiones de Lobo con organizaciones narcotraficantes, así como por las de su hermano, Ramón Lobo, quien fue vinculado a la organización criminal los Cachiros en Honduras.
*El jefe de redacción de InSight Crime Dan Alder contribuyó en la preparación de este informe.