Un reciente informe de un reconocido grupo de observación y análisis de políticas señala que los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica deben encontrar un término medio en su empeño por hacer frente a las violentas pandillas de la región, a la vez que se mantiene el Estado de derecho y la legitimidad de los gobiernos.
El informe, realizado por el International Crisis Group (ICG) enumera varias medidas que los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) deberían tomar para frenar la violencia relacionada con las pandillas y mejorar la seguridad ciudadana. Una de las principales recomendaciones es “Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo”.
El informe distingue claramente entre “medidas para generar confianza” y conversaciones abiertas, que llevaron a la llamada tregua entre pandillas en El Salvador en 2012. Dicha tregua permitió disminuir los niveles de violencia, pero sus detractores dicen que les otorgó mayor legitimidad política a las pandillas. La violencia comenzó a aumentar precipitadamente después de la ruptura de la tregua, y la tasa de homicidios ascendió a más de 100 por cada 100.000 habitantes en el año 2015.
“Este intento frustrado de lograr la paz ha tenido la consecuencia imprevista de establecer a las maras como actores políticos con capacidad para negociar y hacer cumplir acuerdos”, dice el informe. “Pero los gobiernos no deben entrar en diálogo directo con las maras para poner en marcha un proceso de pacificación”.
El ICG sostiene que las pandillas deben además adoptar medidas de buena voluntad para demostrar que están comprometidas con la reducción de la violencia. Ello incluye poner fin al reclutamiento forzado y permitir que las personas se desplacen libremente por las comunidades controladas por las pandillas.
Una vez más, el ICG señala los posibles efectos negativos de la implementación de esta política. La creación de estos corredores seguros podría convertirse en una manera para que las pandillas aumenten su “influencia política y social”.
Los gobiernos también deben abordar el hacinamiento crónico en las cárceles, como indica el informe, con el fin de reducir el uso de la prisión preventiva y encontrar alternativas al encarcelamiento, como el uso de dispositivos de localización GPS. Esta estrategia marcaría un cambio con respecto al enfoque extremadamente punitivo conocido como “Mano Dura”, al hacer mayor énfasis en la rehabilitación.
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En ese mismo sentido, el ICG les recomienda a los gobiernos del Triángulo Norte concentrarse en los crímenes de alto impacto como el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado. El informe indica que las autoridades deben responder a otras actividades pandilleras menos nocivas mediante estrategias de prevención del crimen que busquen abordar los factores sociales y económicos subyacentes.
El informe presta especial atención a la extorsión, a la que considera el “sustento criminal” de las pandillas, así como su “motor económico”. Sólo en El Salvador, la extorsión les cuesta a las empresas unos US$756 millones al año, dice el informe. Encontrar maneras de integrar a los miembros de las pandillas a la economía legal, como brindarles oportunidades laborales, reduciría su dependencia económica de las actividades ilícitas como la extorsión, agrega el informe.
Pero el ICG reconoce que proporcionar “ayuda al desarrollo en el contexto de las comunidades controladas por pandillas plantea enormes desafíos”. El informe pone como ejemplo pequeñas empresas creadas por organizaciones no gubernamentales en Honduras, que tuvieron que ser cerradas porque comenzaron a recibir amenazas de extorsión.
Análisis de InSight Crime
Lo que quizá llama más la atención en el informe del ICG es que proporciona pocas orientaciones políticas (o quizá ninguna). El documento no plantea tanto una estrategia en particular sino que es más bien un intento por explorar alternativas frente al actual enfoque de Mano Dura. Muchas de estas alternativas tienen sus propios riesgos, y por tanto las autoridades tendrían que prepararse para ellas. Finalmente, concluye, no hay ninguna regla de oro frente al problema de las pandillas en el Triángulo Norte.
“En su afán de abordar la inseguridad y la delincuencia que estos grupos perpetúan, los estados y el sistema judicial no pueden ignorar las condiciones que han dado lugar a las maras, ni esperar que la identidad pandillera –y los vacíos existenciales que ha llenado en las vidas de los jóvenes– desaparezcan.”, indica el informe.
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Sin embargo, se están dando iniciativas prometedoras en Centroamérica y otros países, que sirven como ejemplo del tipo de recomendaciones formuladas por el ICG. Un metaanálisis realizado en el año 2016, sobre las estrategias de prevención de la delincuencia, permitió identificar que concentrarse en la disuasión, que consiste en identificar a los crimínales más violentos para que las autoridades se comuniquen con ellos para darles señales claras sobre las consecuencias de continuar ejerciendo la violencia, permitió reducir los homicidios entre uno y dos tercios en el 90 por ciento de las intervenciones.
Si bien este informe sólo analiza datos recogidos en Estados Unidos, fue realizado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés) con el fin de determinar de qué manera éste y otros enfoques podrían ser implementados en el Triángulo Norte. El fundador de un innovador programa de intervención de las pandillas en Los Ángeles ya ha comenzado a adaptar su modelo a la dinámica de seguridad local en Honduras y El Salvador.
Aunque estos programas no romperán el ciclo interminable de violencia pandillera en el Triángulo Norte de la noche a la mañana, sí pueden ser un paso en la dirección correcta para orientar a las autoridades hacia la profesionalización de la policía y hacia una estrategia que se centre en la pequeña cantidad de población que está cometiendo una cantidad desproporcionada de actos criminales.