En nuestra sesión en vivo del 29 de junio en Facebook Live, el editor sénior Mike LaSusa y el investigador sénior Héctor Silva Ávalos analizaron el caso del exministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, a quien Estados Unidos requiere para responder por cargos de drogas en un juzgado federal.
La conversación arrancó con un resumen de LaSusa sobre las acusaciones de narcotráfico a López Bonilla, divulgadas en febrero por las autoridades estadounidenses. Esta semana, Estados Unidos envió la solicitud formal de extradición de López Bonilla a Guatemala, donde se encuentra preso por otros cargos.
Silva explicó cómo los antecedentes militares de López Bonilla lo pusieron en relación con poderosos actores del mundo político en Guatemala, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti —en cuya administración fungió como ministro de Gobernación— al igual que otro militar veterano, Byron Lima, de quien se habló más adelante.
LaSusa y Silva analizaron el hecho de que López Bonilla hubiera sido considerado un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en la región durante su periodo como ministro de Gobernación, entre 2012 y 2015. En ese cargo, López Bonilla se encargó de la dirección de la policía y el sistema de prisiones.
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Silva señaló que la relación de Estados Unidos con López Bonilla sigue un patrón que el país del norte mantiene desde hace tiempo, el de trabajar con aliados cuestionables en iniciativas antinarcóticos en Centroamérica. Como ejemplo de esto, mencionó el caso del fallecido dictador panameño Manuel Noriega, quien en la década de 1980 trabajó con las autoridades estadounidenses en operativos antinarcóticos hasta que su participación en el negocio de la droga se hizo tan obvia que fue imposible de ignorar; fue derrocado por una invasión estadounidense en 1989 y posteriormente juzgado y encarcelado en Estados Unidos.
Silva también recalcó que, pese a la retórica política, las redes políticas corruptas conformadas por altos funcionarios —muchos de los cuales gozan de respaldo, financiero o de otra índole, de Estados Unidos— desempeñan un rol más importante en el negocio de la droga en Centroamérica que las pandillas violentas, que también contribuyen grandemente a los problemas de seguridad. Como ejemplo, mencionó la solicitud de extradición de la exvicepresidenta de Guatemala Baldetti, en la que se alega que aceptó coimas de Los Zetas de México a cambio de ayuda en actividades de narcotráfico. (Al igual que López Bonilla, Baldetti se encuentra presa en Guatemala por otros cargos.)
Sin embargo, explicó Silva, es poco probable que el proceso de Estados Unidos contra López Bonilla y Baldetti tenga un impacto visible en las operaciones del crimen organizado en Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha hecho un trabajo importante para arrojar luz sobre las profundidades de la corrupción en el país, reconoció Silva, pero “mientras el Estado tenga esa enfermedad, lo que el jefe de la CICIG calificó de ‘corrupción sistémica‘”, el crimen organizado encontrará espacio para operar.
LaSusa y Silva también discutieron la importancia del caso de Byron Lima, el exsoldado de las fuerzas especiales que se convirtió en “rey” del sistema penitenciario de Guatemala después de que fue encerrado en 2001 por su participación en el homicidio del obispo Juan José Gerardi en 1998.
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Se dice que Lima era muy cercano al expresidente Pérez Molina y al exministro de Gobernación López Bonilla (aunque este último lo ha negado). Según una investigación especial de InSight Crime, Lima tenía tanto poder en el sistema carcelario que tenía la confianza para sugerirle a López Bonilla nombres de candidatos para los más altos cargos —un ejemplo más de la presunta colusión criminal en las más altas esferas del “Estado mafioso” en Guatemala, que se impuso en la administración de Pérez Molina.
Para conocer toda la conversación, vea la transmisión completa en Facebook Live: