El narcotráfico en Guatemala se ha reconfigurado. Los grandes clanes que tradicionalmente dominaban el negocio se han atomizado y hoy los principales actores son grupos pequeños, formados por miembros de la fuerza pública, políticos y criminales, quienes pelean por controlar una combinación de rutas marítimas y terrestres. Los departamentos fronterizos de Guatemala ilustran estas tendencias y son, además, parte de una región del país a donde la lucha anticorrupción no llegó.
Estos fueron los temas centrales del seminario en el que Steven Dudley, codirector de InSight Crime, y los investigadores Héctor Silva Ávalos y Alex Papadovassilakis presentaron los resultados de una investigación de campo sobre las dinámicas criminales en la zona fronteriza de Guatemala. La discusión fue moderada por Marielos Monzón, coordinadora general de los Ciclos de Actualización para periodistas (CAP).
El evento fue el primero de un ciclo de seis presentaciones en las que InSight Crime expondrá los resultados de este proyecto que duró dos años y que se centró en seis países ubicados en dos regiones: el Triángulo Norte de Centroamérica y la Triple Frontera del Cono Sur.
La cocaína manda
Dudley introdujo el proyecto y mostró el nuevo panel interactivo de InSight Crime, donde se han reunido los datos sobre incidencia de economías y actores criminales, así como perfiles departamentales que resultaron de la investigación en las dos regiones.
Para el caso de Guatemala, la economía criminal más importante sigue siendo el tráfico de cocaína, como dijo Silva Ávalos. Las rutas marítimas que tradicionalmente predominaban en el país, ahora se combinan con rutas terrestres –que entran a Guatemala desde Honduras–, las cuales se han reactivado en los últimos años y hoy en día reciben cientos de toneladas de droga que llegan desde Venezuela y Colombia.
Silva Ávalos explicó que esta tendencia de revitalización de rutas terrestres en Centroamérica arrancó hace algunos años, pero se acentuó durante 2019 y 2020, en parte por las dinámicas que generó la pandemia del COVID-19. Los cuatro departamentos guatemaltecos estudiados en este proyecto –Chiquimula, Zacapa, Izabal y Jutiapa– son territorios clave para el tráfico de cocaína, ya que reciben la droga que entra por estas mismas rutas.
Mafias atomizadas
El negocio en estos territorios actualmente es controlado por mafias políticas y por remanentes de clanes familiares que tradicionalmente han dominado la región, como Los Lorenzana y Los Mendoza.
Silva Ávalos enfatizó que estos actores criminales ya no son organizaciones grandes y verticales, sino que se han atomizado en pequeños grupos donde ahora los roles y las afiliaciones son más difusas y la capacidad de operación es menor. De hecho, ya no hay organizaciones criminales que logran dominar regiones o departamentos enteros. Ahora, los territorios se comparten.
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“Lo que ha cambiado es que ahora tienen que compartir este control con otros actores que han surgido y se han fortalecido”, explicó.
Estos nuevos actores están conformados por funcionarios públicos, por agentes del estado, por miembros de la fuerza pública o por políticos que pueden llegar a ser igual o más poderosos que los grandes narcotraficantes de la zona.
“El ejemplo más claro de esto lo encontramos en Morales, en Izabal, que por años ha sido un bastión de Los Mendoza”, dijo Silva Ávalos. “El grupo sigue manteniendo su control e influencia sobre las entidades del Estado […] pero este dominio ya no es absoluto”.
Papadovassilakis profundizó más acerca de las dinámicas criminales en Izabal, y enfatizó que este departamento encapsula todas las características que necesita un territorio para ser clave para el tráfico de cocaína.
“Es el único departamento en Guatemala con una combinación de puertos comerciales, pistas clandestinas, rutas terrestres, plantaciones de hoja de coca y laboratorios para producir cocaína”, dijo el investigador.
Corrupción local: El caso de Moyuta
Los panelistas destacaron que estas dinámicas son facilitadas por la profunda corrupción en las instituciones guatemaltecas, que han formado una relación simbiótica con la criminalidad en las zonas fronterizas.
“En los últimos años hemos visto como se generó y fortaleció una alianza entre las élites, grupos de crimen organizado y una parte de la institucionalidad pública y política para mantener la corrupción y la impunidad”, dijo Monzón.
Silva Ávalos explicó que el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil que se dio en la capital y las zonas metropolitanas durante los últimos cinco años –debido en parte a la influencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)– no parece haber llegado al interior del país.
“La revolución anticorrupción, lo que algunos llamaron la ‘primavera chapina’, en realidad nunca llegó a estos territorios fronterizos”, dijo el investigador.
Para ilustrar cómo la corrupción a nivel local se combina con el tráfico de cocaína,
Papadovassilakis presentó los resultados de una investigación sobre municipio de Moyuta, en Jutiapa, y su actual alcalde Roberto Marroquín.
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“Moyuta se ha vuelto una especie de campo de batalla para grupos de narcotráfico, que desde hace mucho tiempo han entendido que tener el control de la alcaldía facilita el negocio”, dijo el investigador, refiriéndose a varios conflictos políticos en los que Marroquín y otros candidatos a la alcaldía han sido víctimas de atentados.
Esto es una tendencia que se ha visto a en todo el Triángulo Norte, en donde la descentralización de poder y la falta de recursos en instituciones locales han permitido que los alcaldes se vuelvan aliados de los narcotraficantes para que éstos tengan conexiones con el mundo político, mientras que a cambio ofrecen beneficios económicos.
Marroquín hasta ahora ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado.
Los investigadores también resaltaron que, además del tráfico de cocaína, la corrupción endémica en el país ha dado entrada a otras economías criminales fronterizas, tales como el tráfico de jade y el tráfico de migrantes. Este último genera ganancias ilícitas de millones o decenas de millones de dólares.
Respuesta estatal
Durante la discusión con el público surgieron varias preguntas acerca de las posibles respuestas estatales a estas dinámicas de crimen transfronterizo.
InSight Crime encontró durante su investigación que Guatemala tiene, en general, un sistema fuerte de investigación criminal, pero las instituciones para combatir la corrupción son cada vez más débiles, sobre todo después de la salida de la CICIG. A esto se le suma que la separación de poderes no siempre es respetada y el poder ejecutivo suele interferir en el legislativo e intenta influenciar las acciones del poder judicial.
Fortalecer estas instituciones democráticas sería un primer paso para hacerle frente a los retos que plantea el crimen organizado y la corrupción. Por su parte, el codirector de InSight Crime Steven Dudley enfatizó que las soluciones para estos problemas no serán rápidas, pero requieren respuestas estratégicas, a largo plazo y basadas en una cooperación internacional duradera.