El Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, ha pedido que se desvelen evidencias y declaraciones de testigos en todos los casos de corrupción, y que dicha información se ponga a disposición del público. La solicitud que parece un paso a favor de la transparencia, se produce justo después de que testigos implicaran a su vicefiscal General Allan Hernández en un plan de soborno que ya ha puesto a un exalto fiscal en la cárcel.
Un vocero de la Fiscalía dijo que la medida es parte de la lucha anticorrupción que lleva adelante el Ministerio Público salvadoreño. Las declaraciones, no obstante, surgen en medio de señalamientos contra Melara, a quien el Congreso eligió como fiscal general en diciembre pasado, por vínculos con el principal partido político de oposición y contra Hernández, su segundo al mando, por supuesta corrupción.
La ley salvadoreña contempla la figura de reserva judicial como una forma de proteger a víctimas y testigos o para mantener en reserva las identidades de menores de edad. Casi siempre la reserva es solicitada por los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque hay casos en los que puede ser impuesta de oficio por el juez.
“La gente tiene derecho a saber. He ordenado que se pida levantar la reserva judicial en todos los casos ligados a corrupción”, escribió Melara en su cuenta de Twitter. El fiscal no ha dado más detalles sobre sus intenciones y uno de sus voceros se limitó a decir que es parte de la política anticorrupción de la FGR.
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La mayoría de los casos por corrupción abiertos en el país en los últimos años han tenido reservas judiciales totales o parciales —la medida puede aplicarse también solo a porciones del expediente, como a declaraciones específicas de testigos implicados en los hechos que han recibido beneficios a cambios de sus testimonios— solicitadas por la Fiscalía.
Entre los casos más relevantes están los gestionados por Douglas Meléndez, el antecesor de Melara en el cargo, que implican a los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes en el desvío o apropiación indebida de unos US$700 millones del erario. Ambos casos, pero en especial el de Funes, están basados en buena medida en testigos que han recibido beneficios a cambio de información que compromete a los exmandatarios. Sin reserva, las identidades de esos testigos quedarían expuestas.
Otro expediente relevante es el que reúne varios casos de corrupción atribuidos al exfiscal Luis Martínez, al que la misma Fiscalía ha llamado Operación Corruptela. En uno de esos casos, dos agentes de la Fiscalía, uno de ellos implicado en redes de corrupción, han dicho que Allan Hernández, el actual fiscal adjunto, recibió dinero en efectivo de Enrique Rais, un empresario acusado de sobornas a agentes del Ministerio Público para que le favorecieran en procesos judiciales iniciados por él o en contra de él por sus adversarios comerciales.
Análisis de InSight Crime
Los motivos de Melara no son claros, sobre todo porque él no los ha explicado. Levantar la reserva a casos judiciales puede, sí, desvelar más detalles sobre los alcances de la corrupción en El Salvador y exponer a más funcionarios públicos que trabajaron bajo la protección de dos expresidentes y el exfiscal general entre otros, pero también puede mandar al traste investigaciones ya abiertas.
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Buena parte de los casos pendientes en los tribunales, como los que pesan contra el exfiscal Luis Martínez, están basados, en buena medida, en testimonios de supuestos implicados de menor importancia en las redes de corrupción que han accedido a revelar lo que saben a cambio de reducciones de pena o, incluso, de no ser acusados ante los tribunales.
El fiscal Melara no ha dicho, por ejemplo, si procederá judicialmente contra las personas que han recibido beneficios penales a cambio de sus testimonios, o si abrirá procesos de investigación a funcionarios mencionados en casos por corrupción, como su fiscal adjunto, a quien ha defendido en público a pesar de que al menos dos testigos y documentos oficiales lo involucran con redes de corrupción que han existido en la Fiscalía General.