Tras las crecientes denuncias de corrupción contra el presidente de Guatemala, la fiscal general del país, Consuelo Porras, ha tomado pocas medidas, y por el contrario ha intensificado la represión contra los fiscales que investigan la corrupción en los altos niveles.
El fiscal Carlos Antonio Videz Navas, quien estuvo involucrado en una investigación de corrupción que implicaba al presidente Alejandro Giammattei, ha salido de Guatemala, pues teme por su seguridad y por posibles ataques legales. Videz Navas anunció su renuncia y salida del país en un comunicado del 20 de febrero, a la vez que acusaba a la fiscal general de obstruir el trabajo de fiscales independientes como él.
“Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando su plan de garantizar la impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir”, escribe Videz Navas en su nota de despedida.
Su salida se produce una semana después de las explosivas acusaciones que vinculaban al presidente Giammattei con un escándalo de millonarios sobornos, reportado inicialmente por el grupo de medios El Faro.
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Según la investigación de El Faro, una persona de confianza del presidente, que luego se convirtió en testigo, les dijo a los fiscales que Giammattei negoció alrededor de US$2,6 millones en sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña electoral de 2019. A cambio, según el testigo, Giammattei se comprometió a mantener en su puesto al destacado ministro José Luis Benito Ruiz, en tanto operaba un lucrativo esquema de corrupción vinculado a proyectos de infraestructura.
El testimonio que implica a Giammattei, registrado en mayo de 2021, hizo parte de una investigación sobre Benito Ruiz, quien ahora está acusado de lavado de dinero y fraude. Videz Navas trabajó en el caso y fue uno de los fiscales que solicitó la declaración del testigo, según consta en dicha declaración y como lo informa elPeriódico.
El Ministerio Público no ha hecho comentarios sobre las acusaciones contra el presidente Giammattei, pero ha anunciado planes para investigar una posible filtración de información a raíz del informe de El Faro.
En un caso aparte, mencionado en un informe de The New York Times en agosto pasado, otro testigo les dijo a los fiscales que había entregado una alfombra llena de dinero en la casa del presidente. Los fiscales anunciaron una investigación sobre el posible soborno, pero el Ministerio Público no ha informado sobre el estado de dicha investigación.
La oficina presidencial ha negado que Giammattei hubiera aceptado sobornos o participado en actos de corrupción.
Como abogado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Videz Navas trabajó en varios casos de corrupción que implican a las élites políticas. Fue transferido a una sección diferente del Ministerio Público, como parte de una reorganización en agosto pasado.
Solo en febrero de 2022, cinco funcionarios de la FECI han entregado cartas de renuncia, según dijo a la prensa local un portavoz del Ministerio Público.
Análisis de InSight Crime
En el último año, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha despedido o destituido a varios fiscales que investigan la corrupción en los altos niveles, incluidos casos relacionados con el presidente. Pero en las últimas semanas su despacho ha adelantado ataques legales más agresivos, llevando a algunos exfiscales a la cárcel, y a otros al exilio.
“La fiscal general está actuando con el único propósito de proteger al presidente”, afirma Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la FECI que se exilió después de que Porras tomara la polémica decisión de despedirlo en julio de 2021.
“Lo que existe ahora es un ambiente y un plan para perseguir a quienes realizaban trabajo de investigación a la Fiscalía”, dijo Sandoval a InSight Crime, y agregó que actualmente hay 17 funcionarios judiciales guatemaltecos exiliados.
A raíz de la investigación de El Faro, las autoridades guatemaltecas arrestaron a varios fiscales en funciones y retirados. Muchos habían investigado casos que implicaban a las élites políticas.
El 15 de febrero, las autoridades arrestaron a la exfiscal de la FECI Eva Siomara Sosa, a quien el Ministerio Público investiga por presunta obstrucción a la justicia en un caso clasificado. Sosa, quien se encuentra en detención preventiva, dijo a la prensa local afuera de un tribunal de Ciudad de Guatemala que teme por su vida en la cárcel.
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Un día después del arresto de Sosa, las autoridades detuvieron a un par de fiscales de la FECI involucrados en una importante investigación sobre presunta corrupción en el nombramiento de magistrados para las altas cortes de Guatemala. El Ministerio Público los ha acusado a ambos de abuso de autoridad por presuntamente coaccionar a un informante para que presentara un falso testimonio.
Los cargos generaron críticas de manera inmediata en el país y en el extranjero. En una declaración del 16 de febrero, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el Ministerio Público de Guatemala tiene la intención de “señalar y castigar a los guatemaltecos que están combatiendo la impunidad y promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas”.
El Ministerio Público también ha ido tras la destacada jueza anticorrupción Érika Lorena Aifán Dávila, quien este año ha enfrentado tres solicitudes para que se le retire la inmunidad judicial por obstrucción de la justicia y abuso de autoridad, lo que la haría susceptible de ser procesada; la más reciente solicitud fue realizada el 16 de febrero. Según El Faro, algunos meses antes, Aifán se había negado a revelar la identidad del testigo que declaró contra Giammattei a los fiscales del Ministerio Público.
“Lo que se quiere es desmantelar todos los casos en los que se pudo descubrir cómo operan las grandes redes criminales en Guatemala”, afirma Sandoval, el exdirector de la FECI.