Otro escándalo inundó las páginas de los diarios de Ecuador en 2012 y 2013: el exgobernador de Manabí, César Fernández, fue sorprendido tratando de introducir drogas en el país -y no por primera vez. Fernández acababa de salir de prisión tras cumplir una condena por estos mismos cargos, en 2003, utilizando en aquel entonces sus conexiones en el puerto de Manta, cerca a una base militar estadounidense, para transportar drogas con destino a los Carteles de Sinaloa y Cali.
Este no es un caso aislado, ni es exclusivo a Ecuador. Los nexos entre las redes ilícitas y la política son una gran amenaza para la integridad y la eficacia de la democracia actual, y muchos países de Latinoamérica están luchando contra ellos. En Colombia, es bien conocida la turbia relación entre miembros del Congreso y el crimen organizado, tanto en el país como en el extranjero. El escándalo de parapolítica sacudió la política en todos sus niveles, y lo sigue haciendo. Uno de estos casos involucró a los representantes del Congreso Óscar y Olga Suárez Mira, quienes por mucho tiempo han controlado la política local, por cualquier medio necesario, en su ciudad natal de Bello -una humilde ciudad a las afueras de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Tan poderosa e intimidante es la influencia que ejercen, que sólo un candidato -su candidato- se presentó a las elecciones municipales de 2011. Los ciudadanos locales reaccionaron con disgusto votando en blanco de forma masiva. Una segunda vuelta fue más amable para el clan en el poder, pero sólo porque sicarios intimidaron cualquier aparente oposición, amenazando a la población local, en plena jornada electoral, de mantenerse alejada de los centros de votación. Finalmente, en 2013, Óscar Suárez fue condenado por el uso de grupos paramilitares en las campañas electorales.
Este artículo fue publicado originalmente por la Red de Relaciones Internacionales y de Seguridad y fue reimpreso con permiso del autor. Vea el original en inglés aquí.
La influencia criminal sobre la política en el vecino Perú es menos conocida, pero ofrece también algunos ejemplos sorprendentes. La aislada región de Puno (situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano que limita con Bolivia), se ha visto asediada por actividades ilícitas. La economía local gira en torno al contrabando, la minería ilegal e informal de oro, el cultivo ilegal de hoja de coca, y la producción de cocaína. Comunidades enteras a veces están involucradas, y gran parte de los ingresos termina en la financiación de campañas políticas.
La nueva normalidad
¿Cómo se producen estas conexiones? ¿Qué proceso forjan estas infames relaciones? ¿Qué tan sólidas y duraderas son? ¿Qué beneficios le generan a aquellos involucrados? Nuestro acceso a la información se ha limitado a los pocos escándalos cubiertos por los medios de comunicación, y los que son llevados ante los tribunales, pero a veces la verdadera naturaleza de la política sucia de la región se manifiesta de forma más clara.
Traté de revelar más detalles en 2012 al pasar varios meses en Colombia, Perú y Ecuador, entrevistando a políticos, analistas, miembros de las fuerzas de seguridad, activistas civiles y periodistas, para documentar una serie de casos que muestran cómo funciona la dinámica cuando se forman las alianzas entre las redes criminales y los políticos. Esta investigación fue financiada por una beca del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales (SSRC, por sus siglas en inglés), y forma parte del proyecto “Protegiendo la política” que están promoviendo el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y otras organizaciones en Latinoamérica. Un libro que está compilando este proceso de investigación será publicado a finales de este año.
El descubrimiento de estos casos fue en sí mismo revelador, pero una pregunta seguía surgiendo en mi mente: ¿Por qué hay tan poca información sobre este tema en primer lugar? A pesar de que, en general, es difícil para los periodistas y académicos estudiar el crimen organizado debido a las limitaciones inherentes de seguridad, tendemos a tener mucha más información acerca de otras actividades ilícitas -como la producción y tráfico de drogas, o patrones de violencia urbana.
De hecho, esta falta de información sobre los nexos entre el crimen organizado y la política no es sólo un problema en Latinoamérica, sino que se extiende incluso a Europa, donde la relación entre las redes ilícitas y los políticos también es relativamente desconocida. IDEA Internacional hizo una investigación similar en los Estados del Báltico en 2012. Santiago Villaveces y yo dirigimos este trabajo de campo y encontramos un fenómeno muy similar (vea “Redes ilícitas y política en los países bálticos“).
Al principio pensé que la razón por la que sabíamos muy poco acerca de estos casos era porque la mayoría de ellos tienen su origen en la política a nivel local, y por lo tanto no entran en el radar de los medios de comunicación convencionales. Esa es una explicación plausible: ¿Qué periódico importante iniciaría una investigación sobre los fondos de campaña de la pequeña ciudad selvática de Carabaya en Puno? E incluso si un periodista se atreve a viajar y destapar la historia, ¿cuánto tiempo duraría su interés en el escándalo? Sin embargo, otros casos que reciben un cobertura más intensiva de los medios, como las actividades del Cartel de los Caballeros Templarios en Michoacán, México, parecen estar contenidas dentro de su contexto local. Así que debe haber algo más que eso.
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Lo que tienen en común estos casos es que rara vez involucran violencia. Mientras que el público y los medios de comunicación prestan siempre atención a un creciente número de muertos, parece que la corrupción se ha convertido en algo “normal”: es sólo la forma en la que se hacen los negocios, sobre todo en Latinoamérica. Estos casos no son más prominentes que muchos otros escándalos de corrupción que llenan los titulares todos los días.
La tendencia de la violencia
La falta de violencia en casos de connivencia política y criminal no significa que exista más seguridad. Me llamó la atención lo que un líder comunitario en Bello (quien pidió permanecer en el anonimato) me dijo en una entrevista: “Bello es hoy en día un lugar muy seguro y tranquilo. Las bandas locales controlan la seguridad en la ciudad. Si te roban, el ladrón está muerto al día siguiente. Nosotros ya no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo único es que no podemos tener ningún problema con ‘los chicos’, y que tenemos que pagar por eso. Pero si lo haces, todo es muy tranquilo”.
Esta paradoja acerca de la seguridad no es una ilusión, sino que es confirmada por una sostenida caída en la tasa de homicidios de Bello -en claro contraste con el aumento en las tasas de homicidios en la vecina Medellín, y eso a pesar del hecho de que 13 bandas armadas operan actualmente en Bello. Esto no es un patrón extraño. Cuando las pandillas locales trabajan mano a mano con las instituciones del Estado, no necesitan desafiarlas. Todo lo contrario: su principal interés es mantener el status quo que les permite manejar su negocio sin problemas. Algunos estudiosos se refieren a este fenómeno como una “pax mafiosa”.
Esta apariencia de seguridad se ve reforzada por el cambiante rostro del crimen organizado. En estos países se observa un menor número de “Pablo Escobar” y más “Bill Gates”. La detención del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, quien se posicionó entre líder del cartel y director general corporativo, marca otro paso importante en este cambiante negocio criminal. Las instituciones del Estado ya no están siendo secuestradas por algunos amenazantes hombres malos. Por el contrario, las instituciones de estas localidades se construyeron a menudo en torno a las relaciones íntimas entre políticos y empresarios, quienes estuvieron involucrados en actividades legales e ilegales. Estos cuasi-criminales son las élites locales, y saltan constantemente entre la política y los negocios.
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Tal fue el caso del gobernador Fernández de Manabí: fue ante todo un hombre de negocios (uno de los más poderosos de la región), que construyó su imperio económico fuera de pollos y camarones antes de entregarlo al servicio de los carteles cuando sus firmas pasaron por un mal momento. Las autoridades encontraron varios kilos de droga en sus almacenes, hangares y aviones, mientras que también utilizó sus múltiples negocios para lavar dinero de la droga. Lo más importante, Fernández le ofreció a estas redes ilícitas su estatus como intermediario del poder político y su posición privilegiada entre la élite local, para obtener información sobre las operaciones propuestas y prevenir cualquier sondeo por parte de las autoridades competentes. Muchos miembros de los servicios de seguridad me dijeron (a condición de guardar el anonimato) lo difícil que fue para ellos ir detrás de una persona tan prestigiosa, con vínculos con poderosos políticos, incluyendo al expresidente Sixto Durán Ballén.
Como lo resalta la investigación del IDEA Internacional, este tipo de conexión entre criminales y políticos se ve reforzada por la nueva estructura del crimen organizado. A diferencia de los grupos jerárquicos tradicionales, ejemplificados por el Cartel de Medellín de Escobar, ahora estamos ante la presencia de redes más flexibles. Cada parte de la red es semi-independiente, y requiere poca (si es que alguna) conexión al resto de la estructura. Esto le permite a los políticos involucrarse en el crimen por medio del lavado de dinero, por ejemplo, sin participar en ninguna otra parte del proceso. De nuevo, el ejemplo del exgobernador Fernández de Manabí está diciendo: tenía el control sobre el transporte de drogas y el lavado de dinero de una manera relativamente autónoma, y no fue directamente “empleado” por ninguna organización que lo supervisara. Esto hace las cosas aún más difíciles para la policía y otras autoridades, ya que les es difícil rastrear las fuentes ilícitas del dinero, así como hacer las conexiones entre los demás eslabones de la cadena.
Todos estos factores ayudan a proteger los intereses y bastiones locales clave del crimen organizado, ya sean los puertos que utilizan para mover drogas y dinero, las fronteras para el contrabando de mercancías, o pequeñas y medianas empresas para lavar el dinero. Pero si estos problemas siguen sin resolverse, una clase política fundamentalmente egoísta avivará las quejas públicas, las cuales tarde o temprano saldrán a la luz. Exactamente el mismo proceso, aunque con diferentes causas, tuvo lugar el año pasado en Brasil, Perú y Colombia: una década de crecimiento económico terminó exponiendo, en lugar de esconder, las profundas quejas de los ciudadanos sobre los nefastos servicios públicos y el corrupto comportamiento político. El resultado fueron protestas masivas.
Abordar estos problemas no es fácil. Un enfoque tradicional sobre los esfuerzos de seguridad y estabilización (particularmente en situaciones posteriores a un conflicto), y las políticas de mano dura con intervención militar, pueden ayudar a reducir la violencia causada por el crimen organizado, pero hacen muy poco para prevenir la corrupción política. En cambio, otros esfuerzos de lucha contra la corrupción y reformas en el financiamiento político deben ser parte esencial de la campaña nacional e internacional contra el crimen organizado.
El libro que reúne esta investigación, titulado “Redes ilícitas y política en Latinoamérica”, por IDEA Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), y el Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael, se lanzará en septiembre de 2014. Su objetivo es apoyar a los encargados de diseñar políticas, a los organismos policiales y a las organizaciones de la sociedad civil, en sus esfuerzos por fortalecer los mecanismos que sellan los procesos políticos de la influencia del crimen transnacional.
*Catalina Uribe Burcher es la Agente para la Democracia, el Conflicto y la Seguridad en el IDEA Internacional. Este artículo fue publicado originalmente por la Red de Relaciones Internacionales y Seguridad y fue reimpreso con permiso del autor. Vea el original en inglés aquí.