Los más altos funcionarios gubernamentales de la región se reunirán este 13 de abril en Perú durante la Octava Cumbre de las Américas, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, en medio de las habituales muestras de diplomacia, este año probablemente también habrá muchas conversaciones incómodas —y quizá una alta dosis de hipocresía— entre políticos preocupados por el tema de la cumbre: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.

Los escándalos de corrupción en Latinoamérica continúan destapándose vertiginosamente, y muchos de los gobiernos con representación en la cumbre están en posiciones desfavorables, dado que enfrentan múltiples investigaciones que afectan su credibilidad y la de las instituciones estatales en general.

En los primeros tres meses de 2018, el escándalo en torno a la constructora brasileña Odebrecht ha continuado creciendo como una bola de nieve, amenazando a los gobiernos de todo el continente. El presidente de Perú renunció hace poco, y un exmandatario de Brasil ha sido llevado a prisión. Los gobiernos centroamericanos han estado en conflicto abierto con los organismos internacionales de lucha contra la corrupción. Las elecciones presidenciales de Colombia se han visto empañadas por acusaciones de corrupción, y al tambaleante proceso de paz en el país le llueven las acusaciones. Venezuela continúa en camino a convertirse en un Estado mafioso, e incluso Estados Unidos ha perdido parte de su reputación de alta moralidad debido a las investigaciones en torno a la campaña del presidente Donald Trump y sus socios.

El lugar mismo donde se celebra la cumbre ha resultado irónico. Solo dos semanas antes de empezar el evento, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano en renunciar debido al escándalo de Odebrecht, y el sexto presidente peruano consecutivo en haber sido investigado o declarado culpable de corrupción.

Kuczynski presentó su renuncia un día antes de que debía someterse a una votación del Congreso para destituirlo debido a presuntos sobornos recibidos de Odebrecht. Previamente políticos de la oposición habían divulgado videos en los que se ve a partidarios del presidente aparentemente sobornando a legisladores de la oposición para que votaran en contra de la destitución.

“El futuro de la región se encuentra en un momento crítico debido a las amenazas a la gobernabilidad democrática […] La corrupción está carcomiendo a las instituciones desde dentro”

Kuczynski es solo uno de los muchos personajes involucrados en el escándalo de Odebrecht. En el mes de marzo surgieron nuevas evidencias de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posiblemente aceptó US$35 millones en donaciones para su campaña, a cambio de otorgar contratos públicos.

La sombra del escándalo de Odebrecht también se cierne sobre las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta se llevará a cabo en mayo de este año. Los bloques políticos de dos de los candidatos favoritos, Iván Duque y Germán Vargas Lleras —así como el actual presidente Juan Manuel Santos— han sido implicados en el escándalo.

El otro favorito, Gustavo Petro, de izquierda, basa su campaña en una plataforma de lucha contra la corrupción. Petro es además el único de los favoritos que respalda completamente el proceso de paz con la ya desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, en las últimas semanas el inestable proceso ha sido afectado por denuncias de contrataciones sospechosas y de redes de intermediarios que desviaron dineros que estaban destinados a financiar el posconflicto.

Por otra parte, en Centroamérica, en 2018 se han presentado una serie de enfrentamientos entre las élites de Guatemala y Honduras y los organismos internacionales de lucha contra la corrupción en dichos países.

En el mes de febrero renunció el director de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA, después de que el Gobierno aprobara una ley que debilitó la capacidad de las autoridades para investigar y enjuiciar casos. Y en abril surgieron noticias de que algunos congresistas que habían sido acusados de corrupción habían presentado una moción ante la Corte Suprema, con el fin de declarar inconstitucional a la MACCIH.

En Guatemala, el hecho más reciente en los enfrentamientos entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y el gobierno del presidente Jimmy Morales (que se autodenominaba candidato anticorrupción y que a su vez ha sido sospechoso de corrupción), fue la transferencia, por parte del Gobierno, de 11 agentes que trabajaban en la CICIG.

El líder quizá más famoso en la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es también sospechoso de actos de corrupción dentro de su círculo cercano y tal vez de él mismo. Sin embargo, Trump anunció recientemente que no asistiría a la Cumbre, aduciendo la necesidad de atender una situación que está en desarrollo en Siria.

Análisis de InSight Crime

Es poco probable que los líderes políticos reunidos en la Cumbre de la OEA propongan políticas que verdaderamente permitan combatir el cáncer de la corrupción en el continente. De hecho, muchos estarán más preocupados por desviar la atención de estos temas, con el fin de preservar su poder.

Sin embargo, sigue siendo cierta la conclusión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, durante su anuncio del tema de la Cumbre el año pasado: “El futuro de la región se encuentra en un momento crítico debido a las amenazas a la gobernabilidad democrática”, dijo. “La corrupción está carcomiendo a las instituciones desde dentro”.

El constante desfile de escándalos de corrupción, que al parecer continuará en 2018, no tiene precedentes. Pero los resultados de este conflicto siguen siendo muy inciertos.

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Los frentes de batalla están decididos. Los destinos de Lula, Kuczynski y muchos otros personajes en los últimos años han dejado al descubierto las grietas en la armadura de la impunidad de las élites. Pero esas élites se están uniendo.

En algunos países, especialmente en Guatemala y Honduras, las élites están confrontando abiertamente la lucha contra la corrupción. En otros, como Brasil, donde el actual presidente Michel Temer ha logrado evadir los juicios por denuncias que palidecen al lado de las que llevaron a la condena a Lula, las facciones políticas están alentando acciones anticorrupción contra sus enemigos, a la vez que protegen su propia impunidad. El caso más extremo es el del Gobierno de Venezuela, que ha secuestrado la democracia para protegerse de las constantes denuncias, mientras continúa afincado en el poder.

Se requiere de manera inminente verificar las campañas de lucha contra la corrupción y, por supuesto, reforzar la democracia en la región.

En Colombia y Brasil, la corrupción podría desempeñar un papel central en las próximas elecciones. Guatemala, Honduras y El Salvador elegirán próximamente nuevos fiscales generales, lo que podría resultar crucial para el futuro de las investigaciones sobre corrupción. Perú se encuentra actualmente en el centro de una tormenta constitucional tras la renuncia de Kuczynski, mientras que Venezuela está al borde de un colapso total de la democracia.

Como Almagro señaló, la región se encuentra en una encrucijada. El camino que tome ahora determinará el futuro de la seguridad y la democracia en el continente americano.