Un informe investigativo de Milenio sugiere que de las 60.000 personas asesinadas en los últimos seis años, bajo la guerra contra el crimen organizado en México, cerca de la mitad no han sido inidentificadas por el gobierno. También encuentra evidencia de que las autoridades estatales pueden estar manipulando indebidamente el registro público de estas muertes.
La investigación tomó varios meses y fue publicada en octubre. Ésta encontró que por lo menos 24.102 de los 60.000 mexicanos que han muerto en circunstancias relacionadas con la lucha contra el crimen organizado desde 2006, aún no han sido identificadas, y han sido clasificadas por los funcionarios como “NN,” (“ningún nombre”). Abajo hay un mapa del periódico sobre los estados con las más altas concentraciones reportadas de estas víctimas no identificadas.
Más alarmante aún, se trata de un estimado bastante conservador. Las autoridades estatales estuvieron poco dispuestas a colaborar con la investigación. El estado de Tamaulipas, por ejemplo, simplemente se rehusó a dar a conocer cualquier dato sobre el número de NNs al periódico, diciendo que se trataba de un asunto federal y no de la responsabilidad del estado.
El gobierno de Veracruz también dio la pelea en contra de dar a conocer la información a Milenio, argumentando que si lo hacía, pondría “en riesgo” a sus funcionarios y potencialmente violaría la privacidad de las víctimas. Mientras que una petición de libertad de información presentada por el periódico era aprobada en los tribunales mexicanos, el estado todavía no ha proporcionado una lista exhaustiva sobre los casos de las víctimas asesinadas que aún no han sido identificadas. De los gobiernos locales, 30 de 212 municipios en Veracruz proporcionaron información a Milenio. Sin embargo, según esta información, era el estado con la mayoría de las víctimas no identificadas en el país, con 5.245.
Incluso en los casos donde los gobiernos estatales proporcionaron información sobre los NNs, las estadísticas son sospechosas. La Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, por ejemplo, reportó que sólo 54 cadáveres no habían sido identificados en 2011, con un total de 227 desde 2006. Pero una revisión de los registros recopilados por un funcionario forense del estado contradice esto, revelando que 332 personas asesinadas en los últimos seis años, todavía no se han identificado. También se documentaron 91 personas asesinadas no identificadas en 2011, casi el doble de la cifra registrada por las autoridades sinaloenses para ese año.
En resumen, la cifra de 24.102 no incluye registros completos en el estado de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; estados que regularmente experimentan algunos de los niveles más altos de violencia relacionada con el crimen organizado. Esto sugiere que el número real de víctimas no identificadas es mucho mayor.
Análisis de InSight Crime
La investigación de Milenio proporciona una visión que hace pensar sobre la calidad de la ley en México. El número de las víctimas no identificadas es un reflejo de la poca evidencia forense reunida en las escenas del crimen; genera dudas sobre las investigaciones que nunca comenzaron o que se desviaron a lo largo del camino; y nos da una idea de la falta de recursos o de voluntad de las autoridades investigativas que averiguar quiénes fueron las víctimas, un paso crucial para determinar el motivo de los homicidios.
La falta de información sobre cerca de la mitad de las víctimas, también pone en cuestión la narrativa tradicional del gobierno sobre esas víctimas. La narrativa – que estas víctimas están de alguna manera conectadas con el crimen organizado – es una parte central de la justificación de la guerra que se ha seguido. Sin duda, el saliente Presidente Felipe Calderón, ha sostenido que el aumento de la violencia bajo su gobierno es un indicio del éxito, e insistió que la gran mayoría de aquellos asesinados en los últimos seis años, han estado relacionadas con las organizaciones criminales.
Pero esto es una situación delicada. Vincular un homicidio con la guerra que se está dando en México contra el crimen organizado puede ser políticamente conveniente y brinda a las fuerzas de seguridad una negación convincente de lo que es a veces una lucha sucia; pero, es extremadamente difícil determinar quién es quién e inevitablemente depende de un cierto grado de especulación, subjetividad, y – como podemos ver a partir de algunas de las respuestas de los estados a las solicitudes de Milenio – maniobras políticas. En lo que no está basado, como muestra el reportaje de Milenio, es en datos reales.
Esta es una de las principales razones de por qué los analistas han criticado en el pasado las estadísticas oficiales sobre homicidios, y por qué las autoridades mexicanas del orden público han estado cada vez menos próximas a distinguir entre “homicidios relacionados con el crimen organizado” y otros homicidios. Esto también puede ayudar a explicar la reticencia por parte de los gobiernos estatales para proporcionar datos precisos sobre estas muertes.
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, hizo campaña con la promesa de mejorar la seguridad y la trasparencia, y la responsabilidad de hacer frente al crimen organizado en México recae en él a partir de diciembre. Sin embargo, una tarea más difícil puede ser la de enfrentar la realidad de que el sistema judicial mexicano no funciona. Más del 80 por ciento de todos los casos de asesinato en México, independientemente de si están relacionados con el comercio de droga, siguen sin resolverse. Incluso cuando los oficiales han arrestado a un sospechoso en un delito, al menos el 90 por ciento han sido liberados después. El gobierno ha estado tratando de monitorear una revisión completa del sistema judicial del país, pero el progreso es lento, y queda por ver si Peña Nieto tendrá más éxito con los esfuerzos de reforma que su predecesor.