La impresionante, dramática y detallada cuenta de lo que probablemente habría ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero es una señal de cuán desesperadamente el presidente de México Enrique Peña Nieto y su equipo están tratando de reparar los daños causados por una historia aterradora; una que no sólo ha generado inquietudes dentro de su gobierno, sino que incluso lo ha llevado a admitir que las cosas no son como su maquinaria de relaciones públicas ha estado tratando de hacernos creer.
En la conferencia de una hora de duración del 7 de noviembre (ver video más abajo), el procurador general de México José Murillo Karam anunció que la reciente captura de unos presuntos miembros de Guerreros Unidos había llevado a la confesión de que los estudiantes fueron detenidos por la policía cuando se dirigían a la ciudad de Iguala. La policía entregó los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, el cual se encargó de los asesinatos y de quemar los restos.
Específicamente, los testimonios en video de tres de los recién capturados “autores intelectuales” de los ataques revelaron que los estudiantes fueron acarreados como ganado hacia un relleno sanitario en Cocula. Según uno de los sospechosos, aproximadamente 15 de ellos murieron asfixiados mientras eran llevados al vertedero. El resto de los estudiantes fueron interrogados por miembros de Guerreros Unidos antes de ser asesinados a tiros. Los cuerpos fueron arrojados al vertedero, dispuestos en forma de círculo, cubiertos con palos, gasolina y diesel; después fueron prendidos en llamas. El fuego habría durado 14 horas, desde la medianoche del 27 de septiembre hasta mediados de la tarde.
Según los testimonios, un líder del grupo conocido como “El Terco” fue el responsable de ordenar que los restos quemados fueran recogidos y depositados en ocho bolsas de plástico negras. Más tarde, miembros de Guerreros Unidos llevaron las bolsas hasta el río San Juan, en Cocula, donde vaciaron el contenido en el agua, menos el de dos bolsas que fueron arrojadas directamente al río.
Los equipos de búsqueda encontraron las bolsas negras a raíz de las confesiones, una de ellas todavía estaba cerrada. Equipos forenses mexicanos y argentinos supuestamente confirmaron que la bolsa contenía restos humanos. Sin embargo, debido a la intensidad de las quemaduras, los expertos forenses aún no han podido determinar si los restos podrán o no ser identificados.
Análisis de InSight Crime
Murillo dio inicio a su presentación con una rara promesa de transparencia sobre la investigación.
“Veamos los avances paso por paso”, comentó Murillo, antes de comenzar a dar la cuenta completa -acompañada de fotos, videos y mapas- de lo que supuestamente sucedió con los estudiantes desaparecidos.
Para este gobierno, que se ha enorgullecido de hablar de todo menos de la delincuencia, este es un giro de 180 grados, increíble y revelador.
Peña Nieto ocupó el cargo prometiendo que este sería el “momento de México”, y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance -incluyendo la contratación de una firma de cabildeo de alto nivel en Washington DC– para alejarse de la narrativa de la criminalidad. Esto funcionó en un principio, sobre todo en Estados Unidos, donde Peña Nieto fue elogiado por un columnista del New York Times, la revista Time, y muchos otros.
Pero dentro de México, Iguala no es el comienzo del problema, es la gota que rebosó la copa en un país que permanece saturado por el crimen organizado a pesar de los numerosos arrestos de alto perfil. Una encuesta de junio (pdf) clasificó la “seguridad pública” como el problema número uno del país, frente a una economía en crisis. Las cifras en una encuesta sobre la aprobación de la labor del presidente también se desplomaron este año.
La crisis en Iguala comenzó realmente a nivel local. Según Murillo, fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes ordenaron a la policía detener cuatro camiones que transportaban a los estudiantes, quienes viajaban desde la localidad rural de Ayotzinapa a Iguala. Abarca y su esposa ya han sido capturados, como se indica en la línea de tiempo de InSight Crime sobre la crisis de Iguala. Las cosas luego se mudaron a nivel estatal, cuando renunció el gobernador de Guerrero. Ahora ha alcanzado el nivel nacional, con protestas regulares y -gracias a una metida de pata de Murillo al final de una conferencia de prensa en la que dijo “Ya me cansé”- ahora un hashtag.
Es falso decir que Peña Nieto no ha hecho nada para combatir el crimen. Ha hecho que diferentes organismos de seguridad trabajen más sincronizados, conduciendo a la captura de los líderes del Cartel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, el Cartel de Juárez y los Zetas. Pero la siguiente fase de la lucha contra el crimen organizado -como lo que Colombia está viviendo actualmente- es más caótica y más difícil de controlar.
La forma descarada en la que funcionó la alianza entre el alcalde, la policía y el crimen de Iguala no sólo fue el resultado de este caos, sino también el resultado de la creencia de que este tipo de acciones rara vez tienen consecuencias reales en México. Ninguna de las políticas de Peña Nieto –tan plausibles como puedan ser- han cambiado esta dinámica. Hasta que su gobierno no haga caer en cuenta a los grupos criminales que no pueden capturar, ejecutar y quemar a estudiantes con impunidad, no hay relaciones públicas ni cabildeo firme en el mundo que vaya a ser capaz de enterrar esta historia.