Dadas las propuestas que ha hecho la oposición de Venezuela hasta el momento, hay algunos desacuerdos sustanciales con los chavistas con respecto a la mejor manera de abordar la política de seguridad. Aun así, esta es un área en la que ambas partes deberían cooperar.
Durante años, la oposición política venezolana se ha referido al intenso aumento de la delincuencia y la inseguridad, como una manera de argumentar que las administraciones del expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, son ineficaces. Por eso no es de sorprender que la seguridad ciudadana sea una de las siete áreas que prometió mejorar la coalición de los partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ahora que es mayoría en el órgano legislativo de Venezuela.
En el presente artículo analizo las recientes propuestas de la MUD sobre la seguridad ciudadana y las comparo con las más recientes políticas promulgadas por el gobierno. Indago sobre lo que diferencia a estas propuestas y políticas, y señalo algunas similitudes entre las políticas presentadas por la oposición y por el gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente en Venezuela Politics and Human Rights, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y se reproduce con permiso, aunque no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.
En Venezuela, el control sobre la seguridad ciudadana corresponde en gran medida a la rama ejecutiva, y la Asamblea Nacional no tiene mucha capacidad de influir en estas políticas en el corto plazo. Sin embargo, ahora que tiene la mayoría, la oposición puede eventualmente redactar y aprobar nuevas leyes; y con una enorme mayoría, la MUD puede además modificar leyes orgánicas, como la que creó y que actualmente regula a la Policía Nacional. Los representantes pueden interrogar a los líderes de las instituciones del Estado, votar por la destitución de los ministros (aunque esto ha sido objetado por el gobierno) y nombrar al fiscal general —que actualmente está alineado con el chavismo—. La Asamblea Nacional puede además solicitar la disminución o el aumento del presupuesto de las instituciones del Estado.
¿Y qué ha propuesto la MUD hacer con todos estos poderes?
- La MUD quiere “sanear y fortalecer” todas las fuerzas de policía y mejorar la coordinación entre los cuerpos de policía. Para lograrlo, los representantes han propuesto la Ley de Coordinación Policial. Según los representantes de la MUD, esta ley permitirá “fortalecer las policías estatales y municipales” para que se puedan “coordinar” con la Policía Nacional y “convivir” con ella. Asimismo, permitirá “asegurar que las fuerzas policiales municipales y estatales cuenten con los recursos y materiales necesarios para operar con toda su capacidad”. Poco después de que la Policía Nacional fuera desplegada, los líderes de la oposición afirmaron que las fuerzas policiales estatales y municipales no estaban recibiendo los equipos ni los recursos necesarios porque éstos estaban siendo canalizados hacia la Policía Nacional. El riesgo es que esta ley podría darles prioridad a las policías municipales y estatales, en lugar de mejorar la coordinación entre todas las fuerzas policiales.
- Los representantes de la MUD han dicho que quieren cuadruplicar el presupuesto para la seguridad ciudadana. Según Freddy Guevara, representante de la Asamblea por el estado de Miranda, la nueva Asamblea Nacional no aprobará un presupuesto nacional que no le asigne a la seguridad ciudadana cuatro veces más de lo que actualmente se le adjudica.
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Si la Asamblea Nacional continúa con la reforma judicial, podría abrir nuevos caminos respecto a un asunto que ha sido ignorado por el gobierno. Pero aún le falta anunciar sus propuestas.
- La MUD propuso solicitar un informe de rendición de cuentas de la Procuraduría General sobre “los casos de corrupción no investigados por la Fiscalía o investigados y luego abandonados sin establecer responsables”. También se solicitará un informe del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y de todos los Jefes de Cuerpos de Seguridad Ciudadana sobre los planes de seguridad y los casos de represión y violaciones a los derechos humanos.
- La MUD también propuso una reforma completa del sistema de justicia penal. En particular, pretende acelerar los procesos judiciales, que son notoriamente lentos. El setenta por ciento de los jueces del país tienen nombramientos provisionales, lo que conduce a una significativa parálisis judicial (además de la evidente politización del poder judicial). Las personas acusadas de crímenes pueden permanecer en la cárcel por años antes de ir a juicio, lo que provoca el hacinamiento de las prisiones. Y otros detenidos son liberados sin nunca ir a juicio.
¿Qué tan diferentes son estas propuestas en comparación con los planes de seguridad del gobierno?
Sin duda hay discrepancias. Por ejemplo, las partes difieren sobre la mejor manera de “coordinar” los cuerpos policiales. La MUD ha dicho que es necesario volver al sistema descentralizado de seguridad ciudadana, con el fin de “evitar el modo en que la Ley de Policía Nacional hace que los cuerpos de policía más cercanos a los ciudadanos sean ineficaces o casi inútiles”. La Ley de Coordinación Policial, por ejemplo, está destinada a canalizar los recursos con el fin de apoyar a las policías estatales y municipales, lo cual, según cree la oposición, no se ha cumplido desde la creación de la Policía Nacional.
Por el contrario, los legisladores alineados con el gobierno han criticado durante años públicamente la descentralización de la policía, sosteniendo que ello condujo a un deterioro de las normas y a la creación innecesaria de nuevas fuerzas policiales.
Si la Asamblea Nacional continúa con la reforma judicial, podría abrir nuevos caminos respecto a un asunto que ha sido ignorado por el gobierno. Pero aún le falta anunciar sus propuestas.
Sin embargo, las reformas de seguridad de 2009 que fueron impulsadas por Chávez también buscaban sanear y fortalecer las fuerzas policiales, mejorar la rendición de cuentas y asignar mayores recursos.
La falta de coordinación entre los organismos de seguridad fue una de las críticas importantes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), un estudio encargado por el gobierno de Chávez que en su momento proporcionó las bases para la reforma policial de 2009. Esta reforma permitió la creación de dos instituciones nuevas, encargadas de coordinar las fuerzas policiales: el Consejo General de Policía y el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL).
Esta reforma de 2009 también buscaba “sanear y fortalecer” las fuerzas policiales mediante la eliminación de la Policía Metropolitana de Caracas —uno de los organismos más violentos y corruptos del país—, extender el período de formación y educación de los agentes de policía y mejorar la normatividad.
El gobierno de Chávez apoyó las leyes que permitieron la conformación de nuevos grupos de supervisión de la policía, tanto al exterior como al interior de la institución, con el fin de mejorar la transparencia y reducir la corrupción y los abusos. Los Comités Ciudadanos de Control Policial, creados por la reforma de 2009, fueron pensados para actuar como mecanismos de supervisión ciudadana de los cuerpos de policía y las instituciones de seguridad.
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Por último, el gobierno de Chávez también aumentó la inversión en seguridad ciudadana. Se levantaron nuevos edificios para la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; se aumentaron los salarios de los policías (aunque no lo suficiente como para mitigar el impacto de la devaluación y la inflación), y se publicaron y distribuyeron nuevos materiales de educación.
Las reformas del gobierno se han aplicado de manera inconsistente y azarosa, y se necesita mucho más trabajo, apoyo y supervisión para hacerlas efectivas.
La remilitarización ha revocado muchas de estas reformas. Las normas y reglamentos creados por las reformas de 2009 fueron implementadas débilmente —si es que alguna vez lo hicieron— en los niveles municipal y estatal. Los Comités Ciudadanos de Control Policial necesitan más apoyo de líderes como los representantes de la Asamblea Nacional, si se espera que la supervisión que realizan tenga algún peso. Y todavía falta más inversión en los salarios de los agentes y en equipamiento básico de todas las fuerzas de policía —incluso de la Policía Nacional—.
Por supuesto, ocuparse de las instituciones y los órganos creados por el gobierno de Chávez —como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y el Consejo General de Policía—requerirá cooperación y respeto de ambas partes.
El personal de estas instituciones está conformado básicamente por chavistas leales, y los pasillos, oficinas y aulas de la universidad están adornados con imágenes de Chávez y otros dirigentes socialistas. Mientras realizaba una investigación en estas instituciones, descubrí que muchos profesores de la Universidad de Seguridad y empleados del Consejo General de Policía consideran que el socialismo del siglo XXI y el chavismo son parte integral de su trabajo y de la reforma a la seguridad; este convencimiento está estrechamente relacionado con su empeño por mejorar la seguridad en el país.
Previendo la resistencia de los chavistas leales, un representante de la MUD a quien entrevisté en el 2013 me dijo que, en lugar de ocuparse de los organismos creados por la reforma de 2009, la oposición recortará sus presupuestos, con el fin de deshabilitarlos.
La Asamblea Nacional, donde hay predominio de la MUD, seguramente utilizará su recién obtenida mayoría legislativa para desafiar al gobierno en materia de seguridad. Los ambientes políticos extremadamente polarizados, como el de Venezuela, proporcionan incentivos para que las partes yuxtapongan sus propuestas a las de la contraparte. Y tener predominio en la Asamblea Nacional le ofrece a la oposición la oportunidad de mostrar que sus propuestas son mejores para el país.
Pero creo que adoptar una actitud combativa ante este tema podría ser arriesgado por dos motivos. En primer lugar, no parece probable que retirar los recursos de las instituciones de seguridad por razones políticas sería una medida popular, excepto para los mayores opositores del gobierno.
En segundo lugar, considerar la seguridad como un tema de policías estatales y municipales versus la Policía Nacional impedirá el intercambio de recursos e información, que son necesarios para promover la coordinación.
Finalmente, dado que Venezuela está a punto de entrar en una crisis económica peor que la de los años anteriores, este intercambio y la interdependencia se volverán incluso más importantes. De hecho, aunque tiene sentido que los representantes de la MUD soliciten mayor inversión en seguridad ciudadana, no está claro de qué manera el gobierno podrá mantener lo que actualmente tiene presupuestado para asuntos de seguridad.
En lugar de desechar las bases que estas reformas han permitido sentar, la MUD debe aprovechar la oportunidad para mejorar y fortalecer los planes que ganaron mucha fuerza hasta que Chávez murió en 2013. De hecho, en lugar de intentar diferenciarse del chavismo para demostrar la validez de unos asuntos políticos, los líderes de la oposición tienen la oportunidad de demostrar que pueden trabajar con el gobierno chavista para combatir un problema que ha estado constantemente paralizado por asuntos políticos.
Como lo expresó Marino Alvarado, activista en derechos humanos, en una reflexión sobre la victoria electoral de la MUD: “La dirigencia política […] tiene dos opciones en 2016: cooperar para avanzar en la solución de graves problemas que afectan hoy a la población o alentar una confrontación estéril que agudice las dificultades existentes profundizando la miseria, desestabilizando las instituciones y creando condiciones para la violencia social y política.”
Sin duda, los temas económicos y políticos tendrán prioridad durante este año. Sin embargo, yo diría que la seguridad ciudadana es un área en la que las plataformas y las políticas de la oposición y el chavismo ya muestran puntos en común. Al contrario de los temas económicos, la seguridad ciudadana podría proporcionar el necesario punto de convergencia para ambas partes, lo que les permitirá cooperar en un tema que durante mucho tiempo se ha agravado por la polarización.
* Este artículo fue publicado originalmente en Venezuela Politics and Human Rights, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y se reproduce con permiso, aunque no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.