Pese a querer diferenciarse de la anterior administración, la movida militar del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en el estado de Michoacán, plantea más puntos de convergencia que divergencias entre su gobierno y el del expresidente Calderón. El analista de seguridad mexicano, Alejandro Hope, hace un análisis que revela estas similitudes.
Salvo que vivan bajo una piedra, ya saben que, en días pasados, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó una medida con obvias tonalidades calderonistas: lanzó un nuevo operativo federal en Michoacán. Pero esto es totalmente distinto, nos informa el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ¿Las diferencias? Son tres:
1. Coordinación: “Va el Ejército en coordinación con la Policía Federal, con la Marina, con la PGR, con el Cisen, juntos en una estrategia común con el gobierno del estado. Esta es una gran primera diferencia. Hoy no va solamente la estrategia del gobierno federal a imponerse sobre la estrategia estatal, sino a trabajar de manera conjunta”
2. Estrategia: “Vamos muy claros en lo que queremos. Hoy hay objetivos, además en la estrategia sabemos dónde y quienes y qué tenemos que hacer”
3. Participación ciudadana: “No hay ni nunca la habrá un eficiente trabajo de seguridad si no participa la sociedad civil, ellos son los poseedores de la mayor información”
Será que soy menso, pero no acabo de percibir muy bien la distinción:
1. En el operativo lanzado en diciembre de 2006, también iba el Ejército en coordinación con la Marina, la PGR, la Policía Federal y el CISEN. Digo, por eso llevaba el adjetivo “conjunto” en el título y por eso lo anunciaron en una misma conferencia de prensa los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y el Procurador General de la República. Y el operativo inició con pleno conocimiento y anuencia del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel ¿Qué luego surgieron conflictos entre las dependencias federales y con el gobierno del estado? Sin duda, pero eso es harina de otro costal: de arranque, el operativo no parecía muy diferente a lo que se anunció la semana pasada.
2. Objetivos también había en el operativo de 2006. Los listó el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en la conferencia de prensa donde se anunció la medida. Entre otras cosas, se buscaba “terminar con los plantíos ilícitos, efectuar cateos, cumplimentar órdenes de aprehensión y desmantelar los lugares en los que se vende droga”, además de “traer la paz a los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado.” Puede juzgarse que esos objetivos eran inadecuados o resultaban inalcanzables o no se cumplieron (las tres cosas son probablemente ciertas). Puede incluso argumentarse que los objetivos definidos para la operación de 2013 están mejor y más claramente descritos que los de 2006 (no lo sabemos, ya que el secretario Osorio no dio detalles). Pero la mera existencia de objetivos y estrategia no puede presentarse como una diferencia entre 2006 y 2013.
3. Sobre la participación ciudadana, le concedo el punto al secretario Osorio para el caso específico de Michoacán: que yo sepa, la interlocución con ONGs no fue muy intensa en ese estado. Pero no puede decirse lo mismo para otros operativos: en Baja California o en Ciudad Juárez (en su segunda fase, a partir de 2010), hubo trabajo continuo con organizaciones de la sociedad civil. Se institucionalizaron incluso algunos mecanismos de interacción, como la Mesa de Seguridad en Juárez. Tal vez no eran idóneas las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, pero de que las hubo, las hubo.
En resumen, si la diferencia es un poco más de organización y algunas reuniones con ONGs, pues no hay mucho cambio. En contraste, las líneas de continuidad con la política de Calderón me parecen mucho más claras. Encuentro al menos tres:
1. El operativo no tiene un límite temporal fijo. Según declaraciones del secretario Osorio, el operativo federal en Michoacán “persistirá hasta que en el estado haya condiciones de seguridad y se devuelva la paz a todos los habitantes”. Temo mucho decir que eso puede tardar un buen rato, no sólo por la magnitud del reto, sino porque los operativos generan un incentivo perverso: dado que las fuerzas federales se hacen cargo de la seguridad de la entidad, las autoridades estatales no tienen ninguna motivación para ampliar sus capacidades y asumir sus responsabilidades. El despliegue de fuerza no va contra su presupuesto (al menos no por entero). Si algo sale mal, le pueden echar la culpa a los federales y si algo sale bien, se pueden parar el cuello ¿Por qué querría un gobernador que se fueran el Ejército, la Marina o la Policía Federal? Ni de loco. El gobierno federal queda entonces atrapado en una suerte de trampa 22: si retira sus tropas, deja un desastre y si se queda, el gobierno estatal no hace nada. Sólo hay dos maneras de salir de ese embrollo: a) el surgimiento de presión social dirigida hacia el gobierno estatal (o municipal, en su caso), como sucedió en Ciudad Juárez o Monterrey, ó b) el establecimiento de una fecha límite, razonable pero firme, para el retiro de las fuerzas federales, con la posibilidad de una ampliación, pero sujeta a una condicionalidad severísima, que duela (ejemplo: todos los costos del operativo van contra el erario estatal). En Michoacán, no ha sucedido lo primero en siete años (al menos no con la intensidad requerida) y el gobierno federal optó ahora por no hacer lo segundo. Así que, al igual que con Calderón, la operación podría ser interminable.
2. No hay transparencia sobre el operativo. El secretario Osorio afirmó que se tienen objetivos, pero no dijo cuáles. Resulta por tanto imposible saber si se están alcanzando. El acuerdo con el gobierno estatal se encuentra igualmente envuelto en brumas: ¿a qué se comprometieron las autoridades michoacanas? ¿Qué responsabilidades asumió el gobierno federal? Osorio habló de entregar “un apoyo extraordinario, un recurso importante” al gobierno de Michoacán para crear una policía estatal competente ¿A cuanto asciende ese “recurso”? ¿De qué partida presupuestal va a salir? ¿En qué plazo se entregará? ¿Sujeto a que reglas y condiciones? ¿Qué resultados se esperan? En ausencia de esa información básica, ¿cómo evaluar el operativo? ¿Cómo asignar culpas y méritos? Estamos en la oscuridad, igual que en el sexenio pasado.
3. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sigue sin estar regulada. La Gendarmería era una manera de medio darle la vuelta al problema, pero al parecer ese proyecto va a dormir el sueño de los justos (no fue incluído en el Plan Nacional de Desarrollo y eso es una omisión demasiado grande para ser involuntaria). No ha habido mucho esfuerzo por revivir la discusión legislativa en torno a la Ley de Seguridad Nacional, el régimen de seguridad interior o la reglamentación de los artículos 29 y 129 de la Constitución. Los argumentos expresados hace un año por el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossio, sobre el déficit de constitucionalidad del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, siguen vigentes. El operativo en Michoacán, encabezado por el Ejército, se mueve en terrenos legales peligrosos, tanto como las acciones similares emprendidas en el gobierno anterior.
El de Michoacán es el primer operativo a gran escala de esta administración. Con toda probabilidad no será el último: varios estados podrían levantar la mano en los meses y años por venir. Aún es tiempo, por tanto, de cambiar de curso. Si en verdad quieren en el gobierno marcar una diferencia con la administración anterior, podrían asegurarse de que todos los operativos federales, presentes y futuros, tengan un carácter subsidiario y limitado, complementen a las autoridades locales y no las sustituyan, procedan con transparencia y, sobre todo, despejen toda duda sobre su legalidad. Ese sería un cambio que bien valdría la pena festejar. Pero mientras la diferencia no sea sino reuniones mejor conducidas (cuando mucho), no queda más que sentir como nos roza el espíritu de 2006.
Publicado con el permiso de *Alejandro Hope, de Plata o Plomo, un blog sobre la política y la economía del crimen publicado por Animal Político. Lea el original aquí. Hope es también miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.