Documentos secretos filtrados a Ojo Público revelan que más de US$2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero de Perú a través de clientes sospechosos por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción, delitos que además provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminación ambiental y fuga de capitales a paraísos fiscales.
OjoPúblico se comunicó con el Banco de Crédito de Perú y el BBVA Continental para conocer por qué aceptaron como clientes a personajes vinculados al crimen organizado. Los bancos no respondieron debido a las leyes de secreto bancario.
La investigación establece la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado y muestra múltiples casos de incumplimiento de las normas para luchar contra este flagelo; así como la inacción de su único órgano supervisor en el Estado: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
*Este artículo se publicó originalmente en Ojo Público. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. No refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
Ojo Público accedió a documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pilar de la lucha contra el lavado de dinero. Con los que se determinó que US$2.200 millones de presunta procedencia ilegal ingresaron al circuito financiero, desde 1998 por lo menos.
En base a los documentos de la UIF, y a diversos atestados de la Policía Antidrogas, Ojo Público creó un primer registro de clientes bancarios con operaciones sospechosas. En esta lista destacan operadores y compañías que llegaron a ser incluidas por el Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos. En sus denuncias ante los tribunales de dicho país por conspiración para el lavado de la minería ilegal de oro o tráfico de drogas, respectivamente.
Luego del análisis del perfil de más de 400 clientes y de sus transacciones señaladas como sospechosas, la investigación se centró en los dos mayores bancos del país: el Banco de Crédito del Perú (BCP), la segunda compañía nacional más importante por ingresos, considerada en el top20 de mayores instituciones de su tipo en América Latina y cuya matriz está en el top 1000 Forbes de las empresas con mayor patrimonio del mundo; así como en el BBVA Continental (BBVA). Además, se detectaron casos específicos sobre los bancos Interbank y Scotiabank.
En las últimas décadas, el gobierno de Estados Unidos y diversas entidades reguladoras en Europa han interpuesto cargos penales o millonarias sanciones a bancos por asociarse con grupos criminales para lavar dinero o por violar prácticas antilavado. Desde el Banco de Crédito y Comericio lnternacional (BCCI) en la década de 1980, pasando por el escándalo del 2008 que involucró al HSBC por blanquear dinero de cárteles mexicanos; hasta el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Banco Meinl, usados por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica.
En Perú, el Estado –a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– tiene un paquete de normas para castigar irregularidades en temas de prevención de blanqueo de dinero. Dicha legislación, aunque benévola ya que la sanción más elevada llega a los US$130 mil, exige una conducta intachable de los empleados bancarios, diligencia en la identificación de conductas ilícitas y la obligación de conocer las actividades financieras de sus clientes al punto de saber si tienen vínculos públicos o no con una organización criminal.
Los casos publicados por Ojo Público permiten una mirada inédita sobre el tipo de cliente que acepta el sistema financiero, sobre todo el BCP y el BBVA; las operaciones presuntamente ilícitas que aquellos realizan, así como las deficiencias antilavado del sistema, entre ellas no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes, no detectar la penetración de dinero sucio, y las acusaciones de nexos de algunos de sus funcionarios con grupos delictivos.
Infracción 1: Cuando el banco no conoce a su cliente
En la lista de clientes bancarios registrados por operaciones inusuales dentro del BCP y del BBVA figuran personajes prominentes del narcotráfico local e internacional en Latinoamérica; así como sus presuntos operadores del lavado de dinero sucio en compañías inmobiliarias, de transporte aéreo y casas de cambio en Lima.
Una de las compañías de fachada que blanqueó el dinero del narcotraficante más poderoso del Perú, Fernando Zevallos Gonzales “Lunarejo”, fue cliente del BCP, del BBVA y del Banco Wiese (Scotiabank desde el 2006). La empresa, llamada Sistema de Distribución Mundial, que tenía como accionista principal a la fenecida aerolínea Aerocontinente, realizó movimientos de dinero sospechoso en los tres bancos citados por US$27 millones entre los años 2000 y 2004.
Dicha compañía, utilizada para blanquear dinero del tráfico ilícito de drogas, fue incluida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista “Kingpin” e incorporada en la actual mega investigación contra Zevallos por lavado de activos. Acusaciones de la Policía Antidrogas permitieron concluir que Lunarejo ordenó el asesinato de testigos de sus actividades criminales casi en la misma época en la que Sistema de Distribución Mundial recibía o transfería el dinero sucio a través del BCP, el BBVA y el Wiese.
Zevallos, con antecedentes por narcotráfico desde 1982 e involucrado en el brutal crimen del periodista Todd Carper Smith en 1989 y en otros asesinatos impunes en Lima y el Huallaga, usó la fachada de Sistema de Distribución Mundial para mover US$20,3 millones a través del BBVA, US$5,3 millones por el Wiese y US$1,5 millones por el BCP. Desde el 2005, Lunarejo purga una condena de 20 años de prisión por narcotráfico, y además tiene pendiente una posible orden de extradición a Estados Unidos apenas concluya su sentencia.
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Entre los clientes también aparece la red de casas de cambio peruanas vinculada al chileno Mauricio Mazza-Alaluf, inculpado por Estados Unidos y acusado de blanquear el dinero sucio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de otros grupos criminales de dicho país. La organización, integrada por más de 150 personas en Perú, ingresó US$369 millones a través del BCP, del BBVA y otras entidades financieras. Su modalidad era transportar fajos de billetes en maletas o pegadas al cuerpo vía aeropuertos de Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos, dejaba su carga en casas de cambio de dichos países y luego fraccionaba la suma en sucesivos depósitos y transferencias.
El BBVA también tuvo como cliente a la compañía de un importante grupo del narcotráfico: Global Trade Import & Export, la cual protagonizó uno de los envíos de droga más recordados en la historia. Dicha empresa pretendió despachar 4,3 toneladas de alcaloide de cocaína líquida a España, escondida en más de 8 mil latas de conserva de alcachofa. Los documentos detallan que esta empresa de fachada era parte de un organización integrada por más de 100 personas, que utilizó “el sistema bancario […] para facilitar su actividad criminal”.
Infracción bancaria 2: Alertas antilavado a destiempo
El sistema financiero del Perú tiene como supervisor en temas de prevención de lavado de dinero a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A solicitud de Ojo Público dicha entidad informó que el sistema financiero solo ha recibido 16 sanciones desde el año 2002, cuatro de ellas impuestas al BCP por deficiencias en la prevención de lavado de activos, y una amonestación al BBVA.
Sin embargo, el análisis de los documentos –cruzados con reportes de Dirección Antidrogas de la Policía, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Procuraduría Pública de Lavado y los conocidos Panama Papers– permitió identificar casos en los que entidades como el BCP y el BBVA incumplieron otra de las medidas antilavado de dinero más importantes de la SBS: Cumplir con el reglamento de plazos máximos de alerta a la UIF, en su calidad de sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas.
En los últimos 20 años, las gerencias o divisiones de cumplimiento de prevención del lavado de dinero del sistema financiero y demás empresas complementarias tenían la obligación de reportar transacciones sospechosas a la UIF, sin importar la magnitud de los montos involucrados y en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha de su detección. Desde el 2017 deben hacerlo en 24 horas.
En ese sentido, y de acuerdo a los casos y plazos analizados, se estableció que las entidades de dicho sistema demoraron más de cuatro meses en promedio en alertar a la UIF de cientos de operaciones irregulares por presunto crimen organizado y evasión fiscal. Es decir, cinco veces más que el tiempo exigido por la SBS. En algunas situaciones se llegó a establecer un retraso de hasta cinco años, y en otros casos el banco alertó solo después de la advertencia de un medio de comunicación.
Ojo Público.com detectó este patrón de reportes extemporáneos –considerada infracción grave y sancionada con US$130 mil– en algunos de los casos más importantes de lavado de los últimos años.
El BCP, de acuerdo a los documentos, tuvo como cliente al peruano acusado de narcotráfico, Paul Chinchay Echevarría, quien fuera condenado por trata ilegal de personas en Italia. Dicho banco demoró un año y cuatro meses (491 días) en reportar a la UIF a este cliente. Cuando lo hizo, en octubre del 2008 y por operaciones sospechosas de más de US$178 mil, este cliente ya tenía catorce meses como detenido por tráfico de drogas y un año como denunciado por el Ministerio Público.
En el 2002, la Policía Antidrogas puso en la mira por primera vez a una organización de casas de cambio por blanqueo de activos del tráfico de drogas, luego considerada como un eslabón clave de una red de empresas de transferencia de fondos en Latinoamérica. Los objetivos de la investigación fueron: Percy Velit Núñez –cliente del BBVA desde julio del 2006 hasta su detención en mayo del 2008– y sus hijos Sandro y Percy Velit, vinculados a Amasban S.A y Money Express SRL en Lima.
Cuando la investigación se hizo pública el 2008, la Policía y el Ministerio Público ya habían establecido que las casas de cambio de la familia Velit lavaban dinero de organizaciones criminales colombianas. Pese a ello, el BBVA no cerró las cuentas de Velit Núñez aun cuando su propia unidad encargada de prevenir el blanqueo de capitales emitió una primera alerta a la UIF, en octubre del 2006, a raíz de las frecuentes transferencias nacionales e internacionales que este realizaba sin sustento.
Incluso un posterior reporte de operaciones sospechosas de Velit Núñez, emitido por el BBVA en junio del 2008, llegó a la UIF con casi un año de retraso después de su última alerta; y esto porque los medios alertaron sobre el arresto de dicha persona en el marco de las pesquisas de la Policía Antidrogas contra el grupo familiar dedicado al rubro de casas de cambio. La cabeza de este grupo de sospechosos, el chileno Mauricio Mazza-Alaluf, fue condenado por la justicia de Estados Unidos.
Infracción bancaria 3: Falta de debida diligencia
El análisis de los documentos además permite una mirada inédita a los procesos de las áreas de prevención y cumplimiento del BCP y del BBVA cuando descubren clientes involucrados en operaciones sospechosas. Por ejemplo, advirtiendo a sus clientes –a través de comunicaciones o llamadas telefónicas– de la detección de transacciones inusuales, aun cuando aquellos tienen un evidente perfil de testaferros o prestanombres, al no tener historial financiero, residir en zonas pobres de Lima, y hasta en asentamientos humanos.
En los casos analizados, la gerencia de cumplimiento del BCP envió una serie de misivas a algunos de sus clientes en Lima para informarles de operaciones inusuales y brindarles la oportunidad de justificarse: “Estimado señor, nos dirigimos a usted, para expresarle nuestro reconocimiento por la confianza que tiene al realizar sus transacciones a través de nuestro banco, las mismas que apreciamos son por montos importantes”, dicen las cartas obtenidas en el marco de esta investigación.
Ojo Público, luego de revisar el perfil de aquellos clientes del BCP, descubrió que la gran mayoría tenía entre 20 y 23 años, no registraban profesión, ni historial financiero, pero aun así habían movido más de US$3,4 millones en transacciones nacionales y al extranjero en pocos meses. El análisis de dichos casos permite concluir la falta de procesos contundentes y de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero ya que el blanco de una futura indagación de la UIF queda advertido de cualquier acción futura en su contra.
Precisamente, la decisión de las entidades de comunicarse con sus clientes para informarles sobre las operaciones sospechosas detectadas ocasiona que algunas personas tomen decisiones con la finalidad de evitar que se fiscalice la procedencia de su dinero. Por ejemplo, uno de los sindicados como integrante de una organización dedicada al contrabando de productos desde Bolivia fue contactado telefónicamente por un ejecutivo de negocios del banco Interbank, quien detectó que aquellos recibieron casi 300 depósitos en sus cuentas por US$2,3 millones.
En esta llamada telefónica, según el reporte de la UIF, el empleado bancario advirtió al acusado de contrabando sobre dichas transacciones y le pidió explicaciones al respecto. El interlocutor contestó que el dinero procedía de sus negocios con el comercio ilegal de soya en la frontera con Bolivia, pero se negó a proporcionar el nombre de la empresa detrás de sus operaciones. Aunque Interbank reportó el hecho, lo hizo cinco meses después de la última transacción inusual.
Tras conocer la advertencia de aquel banco, la UIF concluyó que dichos contrabandistas quizá “estén utilizando o intentando operar en otra institución financiera, debido al nivel de los fondos que manejan, y la aparente necesidad de movilizar los fondos con rapidez”.
Los documentos además revelan presuntos hechos delictivos que deberían generar cambios en las normas antilavado. Uno de los casos analizados reveló que el BCP conserva reportes de operaciones sospechosas de sus clientes durante 10 años. La norma así lo dice, pero esto acaba siendo un problema cuando la UIF investiga a personas que mantienen una trayectoria sospechosa en el tiempo. El 2008, el órgano rector de lucha contra el lavado de dinero pidió al BCP información sobre un alto mando del Ejército que había recibido pagos por US$11 millones en su cuenta al ser nombrado intendente en Bagua (Amazonas).
La UIF –tras detectar el caso de este oficial, coronel EP José Sánchez Marín (hoy en retiro), en un reporte de operaciones sospechosas enviado por el BCP en 2005– pidió a dicha entidad información bancaria de años atrás porque presumía que el militar había incurrido en irregulares manejos durante su mandato en esta ciudad a fines de la década de 1990. Sin embargo, la respuesta del BCP fue que no estaban obligados a mantener información por un plazo mayor a diez años y solo le enviaron algunos cheques del retiro del monto comprometido.
La posterior indagación de la UIF estableció que el oficial del Ejército continúo vinculado al BCP hasta el 2008, cuando fue nuevamente reportado. Durante esos años Sánchez Marín, ya en el retiro, había realizado inversiones en acciones de Credicorp, Backus y Telefónica que no estaban justificadas por sus ingresos. Después de colocar el dinero en el sistema financiero, lo hizo girar hasta que rescató una parte en el 2005. Después invirtió ese dinero en una cuenta de fondos mutuos de Credifondo, la misma que fue reportada porque el volumen de sus operaciones tampoco tenía sustento.
Infracción bancaria 4: Crimen organizado en el sistema
Los documentos además ponen a prueba las normas antiblanqueo de dinero que obligan al sistema financiero a mantener un alto nivel de integridad en su personal. Ojo Público detectó cuatro casos en los que empleados del BCP y BBVA, algunos laborando en zonas de alto perfil de riesgo como Áncash y Loreto, fueron sindicados como integrantes de organizaciones criminales.
En el primer caso, un informe elaborado por la UIF identificó a un empleado del BCP en su sucursal de Chimbote (Áncash), como “asesor financiero” de una mafia que inyectó cantidades millonarias de dinero al sistema, a través de transferencias irregulares procedentes de Colombia y en complicidad con decenas de testaferros sin ningún historial financiero o crediticio. El documento de inteligencia enviado al Ministerio Público es contundente respecto del trabajador de dicho banco.
“La organización estaría utilizando a Jimy [Henry] Orellana Domínguez, funcionario del BCP y beneficiario de US$425 mil de giros de Colombia, como asesor [ya que este] ha ‘solicitado la atención’ de algunos miembros de la presunta organización delictiva a la agencia Serviban [hoy Western Union] de Chimbote. Considerando que como funcionario bancario conoce los controles del sistema de prevención de lavado de activos, se podría presumir que éste habría asesorado a [la organización] para ingresar al sistema financiero US$5,8 millones, situación que resulta agravante siendo agente [del BCP]”, cita el documento.
Orellana Domínguez fue empleado del BCP entre 1999 y el 2009, año en el que ingresó como directivo del club de fútbol José Gálvez de Chimbote, con el cual adquirió fama regional. Durante aquella época, en la que el encarcelado expresidente regional César Álvarez dominaba Áncash, Orellana además fue involucrado por las autoridades en una investigación por proxenetismo en agravio de una menor.
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El último caso de un funcionario relacionado con organizaciones delictivas corresponde al BBVA. El 2009 el Ministerio Público identificó que Sergio Cisneros Francia, actual gerente de la sede de San Isidro del banco, colaboró con el grupo que intentó exportar una de las cargas más grandes de droga en la historia: “Como gerente de la oficina de Chacarilla del Banco Continental habría brindado facilidades a Jorge Luis González Sánchez y Alex Ángel Montoya Agüero para la constitución de la persona jurídica Global Trade Import & Export”, revela el documento del caso.
En setiembre de ese año, la Dirandro incautó 4,3 toneladas de alcaloide de cocaína escondida en conservas de alcachofa que iban a ser exportadas a España por Global Trade Import & Export, cliente del BBVA. A raíz de este operativo, el Ministerio Público abrió investigación contra una organización criminal conformada por más de 100 personas, entre ellas Cisneros Francia, por blanquear sus ganancias ilícitas a través sucesivos depósitos y transferencias en el sistema financiero.
El tema de funcionarios bancarios vinculados a organizaciones criminales no es asunto reciente. En el 2001, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el entonces presidente del directorio del BCP, Dionisio Romero, fue investigado a nivel judicial por sus contactos con Vladimiro Montesinos, pero su caso fue declarado prescrito en el 2005. Trece años después, José Graña Miro Quesada, otro directivo del BCP, dejó el cargo al ser investigado por lavado de dinero en el Caso Lava Jato.
Antes del cierre de edición, Ojo Público recogió las versiones del BBVA y el BCP sobre los casos mencionados en esta investigación. Ambas entidades dijeron que mantienen altos estándares de calidad en sus sistemas de prevención de lavado de dinero, además de un cumplimiento óptimo de colaboración con las autoridades.
*Este artículo se publicó originalmente en Ojo Público. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. No refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.