El alcalde de Río de Janeiro ha anunciado nuevos fondos y un nuevo nombre para un programa que busca complementar la política de “pacificación” de la ciudad a través del aumento de los servicios sociales, pero se necesitará más que un estiramiento facial para lograr superar las críticas recibidas por la iniciativa.
A mediados de julio, la guerra estalló en el Complexo do Alemão, un gran conjunto de favelas ubicado al norte de Río. Enojados por el arresto de uno de sus miembros, hombres armados de una pandilla callejera local abrieron fuego contra la estación de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la zona.
La favela, una de las primeras en Río en acoger a una UPP, fue cerrada. Las escuelas cancelaron sus clases por un tiempo indefinido, y los niños se quedaron en casa. La presencia policial se duplicó, y los medios de comunicación locales advirtieron de una batalla que se libraba entre criminales armados y las fuerzas de la UPP. Medios internacionales como el Wall Street Journal cuestionaron abiertamente si la violencia renovada significaría que una de las comunidades emblemáticas de la estrategia de pacificación de la ciudad estaba volviendo al control de las pandillas.
A pesar de la violencia en los alrededores, el 26 de julio, miembros de la comunidad de Morro do Adeus -en la frontera oriental del Complexo de Alemão- siguieron adelante con sus planes de un organizar un evento deportivo y cultural, que tomó lugar en una cancha de baloncesto que la Alcaldía había terminado de construir apenas dos meses antes. Mientras los adultos miraban, dos docenas de niñas vestidas de rosa bailaban en grupo una coreografía bien ensayada. El baile estuvo seguido por una demostración de artes marciales realizada por jóvenes locales de cara solemne.
Cuando la música se detuvo, Danusia Tomas, presidenta de la asociación de vecinos de Morro do Adeus, se dirigió a la multitud. Después de elogiar las presentaciones, se volvió a los representantes de la Alcaldía, quienes sonreían desde la barrera, y les agradeció por apoyor al evento. Volviendo de nuevo a la audiencia, Tomas llamó a una ronda de aplausos por los organizadores y por el esfuerzo de la comunidad en general. “Esto demuestra que también tenemos cultura”, dijo la líder comunitaria. “Que no sólo somos unos ‘favelados’ [un término altamente despectivo para los residentes de las favelas]”.
A medida que el evento cultural en Morro do Adeus llegaba a su final, el viento de la tarde comenzada a aumentar. En una teléfono publico cercano, un desvanecido volante del evento se movía con la brisa. En la parte inferior, donde está el listado de los patrocinadores de la feria cultural, apenas se podían distinguir las palabras “UPP Social”.
UPP Social: Seguridad con servicios
El programa UPP Social inicialmente fue presentado junto con la parte policial de la iniciativa de pacificación. Anunciado por el gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, como parte de una estrategia para mejorar los servicios y promover la inclusión democrática en los descuidados barrios pobres de Río de Janeiro, fue diseñado inicialmente como la contrapartida natural de las UPP. Mientras que la ocupación prolongada de la policía militar era el palo, la UPP Social sería la zanahoria, constituyendo una presencia estatal positiva en estas zonas plagadas por el crimen.
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Al menos esa era la idea. Pero poco después de las elecciones de 2010, el gobierno del estado abandonó la iniciativa UPP Social y pasó a manos del gobierno de la ciudad, que, se decía, estaba en mejores condiciones para implementar programas sociales a nivel municipal. El programa fue entonces tomado por el Instituto Pereira Passos (IPP), un centro de pensamiento de planificación de ciudad creado en 1998.
En un vídeo, el IPP anuncia los tres objetivos principales de la iniciativa UPP Social: recolectar datos sobre las necesidades de las comunidades pacificadas, para prestar servicios públicos básicos, y para promover el desarrollo económico mediante la colaboración con los empresarios locales.
Pero a pesar de sus leales objetivos, la mayoría de los analistas de desarrollo y seguridad son escépticos de que la UPP Social pueda lograr tener un impacto duradero. La mayoría coincide en que el programa se ha enfocado de manera desproporcionada en las necesidades de documentación y mapeo, pero que no parece hacer seguimiento ni prestar ningún servicio.
Para Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarape con sede en Río de Janeiro, la UPP social “no tiene la capacidad de procesar y responder a las demandas locales”.
En un correo electrónico enviado a InSight Crime, Muggah afirma que a pesar de que la UPP Social ha hecho algunas contribuciones importantes, el programa está condenado desde el principio. “Hubo algunos objetivos claros definidos en términos de recuperación del territorio, promoción de una policía cercana, incentivar mejores relaciones con la comunidad y ampliar los servicios; pero los detalles nunca fueron articulados de forma clara”, escribe Muggah. “De alguna manera la noción de una UPP y una UPP Social surgió por defecto, y no tanto por diseño”.
El Dr. Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, fue aún más contundente con sus críticas al programa. “Hoy la UPP es un programa de la policía, y la parte ‘social’ es una decoración que no ha cambiado la calidad de vida en las comunidades”, señaló Cano.
Según Cano, el programa no se ha ejecutado de la manera que se había prometido, pues por su mayor parte, la ciudad no ha logrado ofrecer un aumento en los programas de inversión social en las áreas pacificadas. E incluso si se hubiera ejecutado de otra forma, el investigador cree que probablemente habría hecho más daño que bien. “Habría levantado disparidades entre algunas comunidades que fueron pacificados y desarrolladas, dejando a un lado la pobre y violenta periferia. Creo que habría aumentado la desigualdad, en el sentido de que las UPP se han instalado principalmente en el centro y sur de la ciudad, que son zonas más turísticas”, señaló Cano.
Pero para los residentes de Morro do Adeus que asistieron a la reciente feria cultural, el programa ha tenido beneficios definidos. “En el pasado nuestros hijos no tenían este tipo de cosas, eventos como este. Necesitan lugares para poder jugar”, dijo el residente Josi Mello. “Hace unos años esta era una zona de guerra, había constantes batallas”.
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Sin embargo, mientras algunos lugareños dicen que se han beneficiado del aumento de la presencia estatal desde que comenzó la pacificación, otros reconocen que las tensiones con la policía siguen siendo elevadas. Tomas, la presidenta de la asociación de residentes, afirmó que a pesar de que la UPP Social no tiene una afiliación con las fuerzas de seguridad, el nombre si ha asustado a varios de los participantes potenciales de los eventos comunitarios.
“Tenemos que dejar claro a la comunidad que la UPP Social está haciendo un trabajo social, no tiene nada que ver con la policía”, dijo Tomas. “La verdad es que tenemos algunas quejas sobre policías muy agresivos en la comunidad. Ellos no quieren trabajo social, ellos quieren combatir”.
Río mais Social: ¿Un estiramiento facial o un nuevo enfoque?
Al menos en parte, debido a críticas como ésta, la ciudad ha comenzado una renovación de marca del programa UPP Social, cortando sus vínculos con la estrategia de pacificación de la policía y dándole un nuevo nombre.
El 9 de agosto, Eduardo Paes, el alcalde de Río de Janeiro, anunció a los periodistas reunidos para una conferencia de prensa en la extensa favela Rocinha, que la UPP Social sería reemplazada por una nueva iniciativa conocida como Río mais Social.
“Lo que la ciudad ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en las zonas pacificadas, no ha sido bien entendido por la población”, dijo Paes. “Con Río mais Social nuestro objetivo es proporcionar esta información a todos de una manera consolidada y transparente. Basta ya de especular que la delincuencia es cada vez mayor debido a que no hay servicios públicos en estas zonas”.
Según el alcalde, las críticas a la iniciativa UPP Social, están fuera de base. Paes dijo a la prensa que su oficina había gastado alrededor de US$800 millones en proyectos que habían beneficiado a más de 700.000 habitantes desde el lanzamiento de la iniciativa de pacificación en 2009. Y señaló que durante ese tiempo, el porcentaje de residentes en las favelas pacificadas cubiertos por el programa de cuidado de salud familiar de la ciudad pasó del 3 por ciento al 73 por ciento.
En los días venideros, afirmó el alcalde, la ciudad invertiría aproximadamente US$400 millones en este nuevo programa. El dinero será utilizado para nuevas escuelas, clínicas y proyectos de infraestructura en algunas de las zonas pacificadas de la ciudad.
El anuncio es, desde cualquier punto de vista, un desarrollo positivo. Por lo menos, retirar el termino “UPP” del nombre del programa debería facilitar la labor que ha venido haciendo el IPP en cuanto al mapeo de necesidades locales y el patrocinio de eventos comunitarios.
Pero que un nuevo nombre y el aumento de los fondos realmente vaya a llevar la integración prometida a las comunidades pacificadas, es una cuestión diferente. Si lo que los funcionarios buscan es fomentar la inclusión de estas comunidades, entonces tendrán que cumplir en las zonas donde una gran parte de los residentes son fuertemente escépticos del gobierno de la ciudad. En Alemão el servicio de agua sigue siendo irregular y la baja presión del agua es común. En Rocinha -donde las aguas negras pasan por los canales abiertos- los residentes se quejan continuamente de la calidad de los servicios de saneamiento, incluso cuando la Alcaldía sigue adelante con sus planes para construir un costoso sistema de teleférico en el lugar.
Theresa Williamson, una brasileña-estadounidense que dirige la ONG Catalytic Communities (Comunidades Catalizadoras), que trabaja en las favelas de toda la ciudad, no es optimista. Ella cree que el gobierno de la ciudad simplemente carece de la voluntad política para seguir adelante con sus promesas a los residentes más olvidados.
“En Brasil existe el dicho, ‘so para inglés ver’”, dijo Williamson, en referencia a una expresión que tiene sus raíces en un tratado de 1.826 entre el Reino Unido y Brasil, destinado a poner fin al comercio de esclavos en Brasil -que en realidad continuó durante otros 60 años. Para ella, la UPP Social y los demás programas de desarrollo social son la “versión moderna” de este acuerdo”. Estos programas están en el papel, todos ellos suenan muy bien, y las autoridades hablan como si los estuvieran llevando a cabo. Pero lo que en realidad vemos en el terreno es que esto simplemente no está sucediendo”, dijo Williamson.
En la búsqueda de una paz sostenible
En el Complexo do Alemão el nivel de violencia se desvaneció alrededor de una semana después del primer ataque contra la UPP. Las escuelas fueron reabiertas, y el transporte público comenzó a funcionar con normalidad. Sin embargo, para muchos residentes, las perspectivas para estos barrios siguen siendo sombrías.
Extra informó que el 9 de agosto un pequeño grupo de unas 50 personas realizaron una marcha a través de varias comunidades en el complejo en el que recientemente se habían producido tiroteos entre pandilleros y policías, deteniéndose en varias ocasiones para marcar los puntos donde habían muerto los lugareños. Durante la marcha los participantes entonaban consignas no sólo exigiendo el fin de la violencia, sino también mejor salud y servicios sociales.
Una mujer local dijo a Extra: “Queremos paz en el barrio. Somos como cualquier otro ciudadano: pagamos nuestros impuestos y sólo queremos vivir en paz”.
En última instancia, los residentes necesitan ver una paz real en sus comunidades supuestamente pacificadas -una paz que vaya más allá de la ausencia de violencia, y que incluya los servicios básicos que disfrutan los ciudadanos de las zonas más centrales de la ciudad. Si Rio mais Social no lo consigue, es difícil imaginar que responder a las olas de violencia con un despliegue de aún más policía militar pueda tener éxito en erradicar a las pandillas que proliferan en la periferia de Río.