El informe anual del Índice de Percepción de Corrupción global rara vez tiene buenas noticias para Latinoamérica. Con excepción de un puñado de naciones destacadas, la región consistentemente se desempeña mal, excepto seis países de Latinoamérica de la parte continental que aparecen en la mitad inferior de la tabla este año. Pero, ¿qué nos dicen 18 años del índice sobre el estado de corrupción en Latinoamérica?
Publicado anualmente desde 1995 por la ONG Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) compila los resultados de las encuestas independientes de ONG’s para estimar qué tan corrupto es el sector público en los diferentes países. Con los años, el IPC ha crecido en alcance; al principio clasificaba a 41 naciones pero en 2013 ya incluye 177.
En una evaluación independiente de la metodología de Transparencia Internacional (descargar pdf) de 2012, la Comisión Europea concluyó que el IPC era “atractivo por razones de transparencia y replicabilidad, así como conceptual y estadísticamente coherente y con una estructura balanceada”, así como también dijo que “el IPC puede diferenciar de manera eficiente el nivel de corrupción entre los países, a diferencia de algunas fuentes donde un gran número de países se evalúa al mismo nivel de corrupción”.
Aunque el concepto de evaluación de las percepciones viene con sus propias dificultades, según el Coordinador Regional de Transparencia International para las Américas, Max Heywood, éste es el mejor método disponible, dada la dificultad de evaluar la corrupción en sí misma.
“Metodológicamente es prácticamente imposible medir los casos reales de corrupción”, explica Heywood. “Usted podría hacer cosas que se ven en los casos judiciales … pero entonces lo que posiblemente podría significar es que usted tiene un sistema de justicia eficaz, que está siendo muy activo en contra de la corrupción”.
Según Heywood, la exactitud del IPC se perfila por el hecho de que muchas de las tendencia coinciden con los patrones vistos en otros estudios, como los del Barómetro Global de la Corrupción, un estudio sobre la percepción de la corrupción de los ciudadanos que se produce cada dos años por Transparencia Internacional.
Desde 1995, la inclusión de Latinoamérica pasó de seis naciones a todos los países del continente, excepto Belice, así como las más pobladas y lagunas pequeñas naciones del Caribe. Para efectos de este resumen regional, InSight Crime compiló los resultados históricos de todos los países en Norte, Centro y Suramérica, así como de todas las naciones y territorios del Caribe, con una población superior a un millón (vea la tabla). Para hacer la comparación, el sistema de clasificación utilizado hasta 2011 -con una puntuación máxima de diez- se ha convertido en el sistema actual, con una puntuación máxima de 100.
En general, el cuadro destaca una notable continuidad en toda la región, que -dadas las puntuaciones bajas- en esencia constituye un fracaso para abordar con eficacia la corrupción durante casi dos décadas.
Uno de los cambios más notables es el ascenso de Uruguay, de la mitad del grupo de la región, cuando apareció por primera vez en 1997, al mejor de Latinoamérica, ahora a la par con Estados Unidos. La calificación del país dio un salto en 2006 -el año después de que el ala izquierda de la coalición del Frente Amplio llegara al poder- y ha seguido aumentando casi todos los años desde entonces. El Frente Amplio es generalmente visto como una máquina transparente de política, ganando la confianza de la gente hasta el punto de manejar recientemente políticas y leyes a las que la mayoría de los ciudadanos se opone, y aun así seguir siendo el principal candidato para las elecciones del próximo año.
Un cambio similar, aunque menos profundo, es notable en Ecuador, que ha registrado mejoras año tras año desde 2008 -un año después de que el actual presidente Rafael Correa llegara al poder. Si bien su puntuación actual de 35 aún apunta a la corrupción endémica, Correa puso fin a un período de cambio que vio siete presidentes liderar el país en tan sólo diez años.
Al analizar lo que distingue a los países latinoamericanos que se han mantenido consistentemente en las posiciones más altas de la tabla a nivel regional -a saber: Uruguay, Chile y Costa Rica- un patrón notable es la ausencia relativa del crimen organizado en comparación con el resto de la región. Si bien ha habido señales de que la dinámica está cambiando, sobre todo en Chile y Costa Rica, ninguno de ellos han sido países tradicionalmente productores o exportadores de drogas y sólo Costa Rica -casi siempre el más bajo de los tres- históricamente ha presenciado un significativo tránsito de drogas, a medida que el producto pasa a través de Suramérica en su camino hacia los Estados Unidos.
Es imposible sobrevalorar la relación entre el crimen organizado y la corrupción y de alguna manera explica por qué las calificaciones de corrupción de Latinoamérica se han mantenido estáticas. Sin funcionarios corruptos que faciliten sus actividades, el crimen organizado no sería capaz de sobrevivir.
Debido a su ubicación geográfica, Centroamérica, hogar de algunos de los países con peores resultados del IPC de la región, es un centro de tráfico de drogas y víctima de los grupos criminales. En cara a las economías e instituciones débiles del Estado, las organizaciones de narcotraficantes han actuado históricamente con impunidad para transportar contrabando a través del istmo, al comprar la lealtad de los funcionarios mal pagos a lo largo del camino.
Incluso el acceso a una financiación significativa aparentemente no ofrece ninguna solución a la corrupción, como lo demuestran los casos de México y Colombia -los principales beneficiarios de la parte continental de Latinoamérica de la ayuda proveniente de Estados Unidos. A pesar de recibir miles de millones de dólares en asistencia desde el cambio de siglo, ninguno ha visto un cambio significativo en la calificación de la corrupción desde que comenzó la medición del IPC. Con gran parte de la ayuda dirigida a combatir a los grupos responsables de la circulación de drogas, la incapacidad de ver un cambio notable en la corrupción es tal vez una ilustración de lo que muchos analistas han empezado a llamar el “fracaso de la guerra contra las drogas“.
Sin embargo, mientras el crimen organizado, sin duda, juega un papel significativo, sería ingenuo ignorar el papel de la historia en el panorama regional de la corrupción. Construido sobre sistemas políticos sesgados hacia las necesidades de las poderosas oligarquías, que en muchos lugares siguen ejerciendo el poder económico y político hoy en día, la corrupción ha permeado la región mucho más tiempo que el tráfico de drogas y probablemente persistirá incluso tras la desaparición del crimen organizado.