Con el creciente involucramiento de las FARC en la minería ilegal, InSight Crime echa una mirada a lo que podría sucederle a la participación del grupo guerrillero colombiano en esta industria, si el proceso de paz resulta exitoso.
La primera ronda de negociaciones en más de una década entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, comenzaron oficialmente el 18 de octubre. Mientras muchos fueron sorprendidos por el uso de retórica incendiaria por parte de las FARC en la rueda de prensa, hay razón para creer que el prolongado conflicto colombiano puede llegar a su fin. Como lo señaló el investigador Adam Isacson, la guerrilla ha participado hasta ahora en las conversaciones “con seriedad y disciplina”, demostrando un compromiso esperanzador hacia el proceso de paz.
Aún si las conversaciones de paz salen bien, resultando en la posible desmovilización de las FARC, no es claro qué sucederá con la red ilegal financiera del grupo. El involucramiento del grupo en el narcotráfico es uno de los cinco pilares de discusión con el gobierno, con el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón estimando que el grupo rebelde gana entre US$2.400 y USD$3.500 millones de dólares anualmente por operaciones de narcotráfico. Pero, esta es una de las muchas fuentes de financiamiento de los rebeldes. Como ha reportado InSight Crime, la minería ilegal –particularmente la minería ilegal de oro– se está convirtiendo rápidamente en un recurso central para las FARC. Un estudio publicado en septiembre por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), encontró que la minería de oro ilegal había sobrepasado a la producción de coca como la principal fuente de ingreso de las FARC, y otros grupos armado, en 8 de los 32 departamentos de Colombia.
Una reciente investigación de El Colombiano apoya esta afirmación, encontrando que en el departamento de Antioquia, los rebeldes cobran el equivalente a USD$1.600 y USD$2.750 por cada pieza de maquinaría pesada, que empresas ilegales de minería importan para usar en sus áreas de influencia. Adicionalmente, también cobran por la entrada de gasolina y exigen el 10 por ciento de todas las ganancias. Como señala El Colombiano, esto es irónico dado que el líder del equipo negociador de las FARC, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, dedicó gran parte de sus declaraciones en la primera conferencia de prensa, para denunciar las prácticas explotadoras de las compañías que operan a gran escala en el país.
Análisis InSight Crime
En muchas maneras, el tema sobre lo que sucederá con las actividades de minería ilegal de las FARC, se encuentra ligado al acercamiento del gobierno para regular todo el sector minero. Desde 2002 el gobierno ha alentado al sector minero, incrementando drásticamente la distribución de los títulos mineros (permisos para operar) en el país. Pese a esto, algunos estiman que casi la mitad de toda la minería en Colombia es ilegal, o llevada a cabo por pequeñas operaciones mineras (llamadas artesanales también) que no cuentan con ningún tipo de permisos formales.
El gobierno ha prometido facilitar a las empresas mineras adquirir los permisos legales, pero hay al menos 6.000 minas en el país que se consideran actualmente ilegales. Esta medida podría ser vital para debilitar el control de las FARC sobre la minería. Si estas reformas fuesen más fuertemente acogidas por el estado, le otorgaría los medios a los mineros para reportar extorsiones sin miedo a consecuencias legales.
Aun así, el creciente precio de minerales como el oro le da un incentivo a la guerrilla de mantener estas inversiones. Aún si las FARC se desmovilizaran al final de las conversaciones de paz, muchas células que se están lucrando de la minería continuarían sus actividades pese a los deseos de sus comandantes. Algunos investigadores temen que la desmovilización de las FARC replique la fallida desmovilización de 2003-2006 del grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las cuales un número de mandos medios y algunos bajos volvieron a delinquir luego de haber entregado sus armas.
Hay evidencia también de que en algunas áreas del país la guerrilla se encuentra profundizando su involucramiento en el proceso de extracción de la minería. El reporte de CITpax encontró que en el departamento central de Tolima, el Comando Central de las FARC aparentemente ha comprado maquinaría de minería presuntamente para rentarla a mineros del área y obtener ganancias.
Debido a que el “fin” del conflicto podría alimentar la inversión en Colombia en el sector minero, que de por sí se encuentra en alza, podría darle elementos para que las operaciones de las FARC entren en conflicto con las operaciones a gran escala de compañías mineras en el país. Extorsiones y secuestros de empleados de minerías, que han sido llevados a cabo en el pasado por la guerrilla, podrían incrementar y ser objetivo de grupos remanentes que se encuentren compitiendo por recursos y tierras. Como tal, cualquier expansión de la minería requerirá que el ejército colombiano priorice la seguridad de proyectos mineros domésticos y multinacionales.