Durante décadas de conflicto armado y de crimen organizado, Colombia se ha visto trágicamente asociada con una brutal táctica de terror: la masacre. Una nueva investigación que traza la historia de las masacres ofrece una visión sobre la evolución de su uso por parte de los grupos armados, reflejando los cambios en la naturaleza y en las motivaciones de la violencia en el país.
El proyecto “Rutas del conflicto” es el resultado del trabajo conjunto del Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad dedicada al derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado, y Verdad Abierta, un portal investigativo sobre el conflicto colombiano.
A pesar de que Colombia tiene una larga historia de masacres, que data de la Guerra de los Mil Días en 1899–1902, el proyecto se enfoca en el periodo que va de 1982 a 2013. Documenta plenamente 728 masacres que ocurrieron en esta época, a pesar de que esto sólo representa alrededor de un tercio del total de las masacres en la base de datos estadísticos, que incluye cientos de masacres cuyos detalles todavía no han sido recopilados.
Durante el período de tiempo que cubre la base de datos, los grupos paramilitares fueron responsables de la inmensa mayoría de las muertes -cometiendo 1.166 masacres en total. Les siguen los grupos armados no identificados con 295 masacres, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con 238, y 139 masacres fueron cometidas por las fuerzas de seguridad (vea abajo).
El país vive las secuelas de una violencia política bipartidista
Entre principios de los años ochenta y mediados de los años noventa, la mayoría de las masacres en Colombia tuvieron casi exclusivamente un tinte político, luego de que la violencia entre los partidos liberal y conservador de la primera mitad del siglo XX evolucionara en un enfrentamiento entre los grupos guerrilleros de izquierda y los grupos paramilitares y el Estado.
Los paramilitares masacraron líderes sindicales, campesinos e indígenas, y también tenían como objetivo a militantes o a simpatizantes de partidos políticos con orígenes en la insurgencia, especialmente a grupos como la Unión Patriótica (UP), que nació de un proceso de paz con las FARC, y al movimiento político “Esperanza, Paz y Libertad”, creado tras la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991. Las masacres y los asesinatos cometidos por los grupos paramilitares significaron el fin de movimientos de izquierda, como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y el debilitamiento de otros como el Partido Comunista Colombiano (PCC). Por su parte, los guerrilleros asesinaban a los sospechosos de ser informantes del ejército o colaboradores de paramilitares.
Nuevos actores buscan control territorial
Entre mediados de los años noventa y principios de 2000, aumentan las masacres de forma dramática (vea gráfico abajo), y éstas, aunque no dejan de tener impreso el tinte político de los años anteriores, también empiezan a estar marcadas por un interés económico.
En un principio, el movimiento paramilitar comenzó como ejércitos privados de narcotraficantes, grandes terratenientes y esmeralderos, pero a mediados de los años noventa estos grupos empezaron a involucrarse cada vez más en el narcotráfico, en el despojo de tierras y en otras actividades ilegales, como la minería ilegal. En 1997, los paramilitares se agrupan como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su afán por expandir su control sobre parte del territorio que estaba siendo ocupado por las FARC y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares cometieron una serie de masacres usando la bandera político-militar como pretexto para avanzar en esta dirección y tomar el control del territorio clave para el narcotráfico y para otros intereses criminales.
Para 2006, las AUC se habían desmovilizado, dejando un legado de grupos neo-paramilitares criminalizados que serían conocidos como BACRIM (bandas criminales). A partir de entonces, estos grupos se convirtieron en los principales perpetradores de masacres, seguidos por la guerrilla de las FARC.
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En este rango de tiempo, la mayoría de las masacres estuvieron marcadas por intereses económicos. Se han documentado alianzas entre las BACRIM y la guerrilla en torno a intereses criminales compartidos –predominantemente en el comercio de drogas- disminuyendo así la rivalidad por diferencias políticas. Las masacres se convirtieron en una herramienta para tomar el control de los ingresos criminales, sobre todo en zonas con cultivos de droga y en corredores de tráfico estratégicos.
Antioquia: El epicentro de masacres colombianas
La región de Colombia que más ha sido afectada por las masacres es el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Este ha sido históricamente un territorio importante dentro de las estrategias de los actores armados por razones políticas, militares y criminales. En total, 598 de las 728 masacres fueron cometidas en Antioquia durante el período -las siguientes cifras más altas fueron registradas en Santander, donde se presenciaron 146 masacres.
Muchas de estas masacres se concentraron en la región norteña de Urabá. En los años setenta y ochenta, Urabá fue un enclave territorial importante para las guerrillas de las FARC y el EPL. A finales de los años ochenta, un flujo constante de masacres anunció la llegada de los paramilitares, y la matanza continuó durante los años noventa, a medida que propagaban su campaña contra la insurgencia.
Después de la formación de las AUC, Urabá se convirtió en uno de los principales puntos de partida de la expansión paramilitar a medida que se desplazaban desde el norte hacia el suroeste y sureste del país. Para 2000, Urabá estaba firmemente bajo el control paramilitar y la frecuencia de las masacres disminuyó, aunque aumentó de forma exponencial en otros lugares, a medida que iban creando un corredor estratégico que unía la región con la costa norte y el oriente del país, dejando un rastro de masacres a su paso.
La ciudad con el mayor número de masacres durante el periodo también se puede encontrar en Antioquia donde su capital, Medellín, registró 48. Las masacres en esta ciudad reflejan las complejas interacciones entre pandillas, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes, que en conjunto han creado una serie de ciclos de violencia extrema.
Varias masacres fueron cometidas por las fuerzas de seguridad y por grupos paramilitares, al lanzar una campaña de contrainsurgencia dirigida a las milicias guerrilleras que controlaban muchos de los barrios periféricos de las ciudades, hasta que fueron expulsadas a finales de los años noventa y principios de 2000. Sin embargo, las masacres más recientes fueron cometidas por las BACRIM, y por grupos de la mafia y sus representantes de las pandillas callejeras, que seguían luchando por el control del narcotráfico y de los ingresos criminales. La línea entre los paramilitares y los criminales, a menudo, se ha desdibujado, al superponer e intercambiar a veces su liderazgo, intereses y personal operativo.
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¿El fin de las masacres en Colombia?
Desde la desmovilización de las AUC, el número de masacres ha caído a las cifras más bajas en el período de tiempo examinado. Los fragmentados y criminalizados remanentes de los paramilitares se han despojado de su fachada política, y han perdido gran parte de su estructura militar y capacidad para controlar territorio, lo cual en gran medida ha influido en el uso de las masacres como táctica de terror.
Las guerrillas también están debilitadas y han perdido gran parte del territorio que una vez controlaron, y, sobre todo, ya no están librando una batalla contra los paramilitares. También están más cerca que nunca de abandonar las armas y el conflicto armado que ha estado en la raíz de tantas masacres.
Sin embargo, los intereses económicos criminales siguen impulsando los altos niveles de violencia, y Colombia todavía está a cierta distancia de dejar atrás los horrores de la masacres. Las recompensas que ofrece el tráfico de drogas y otras actividades criminales son altas, e incluso si las FARC se desmovilizan, es posible que los elementos criminalizados se unan a la contienda. Hasta que no se eliminen estos incentivos económicos, es probable que las masacres sigan siendo una parte trágica y brutal de la vida colombiana.